El Presupuesto General de la Nación para el 2027 estaría ‘en jaque’: Carf alerta por $20,7 billones de gasto adicional

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027 enfrenta una alerta fiscal antes de avanzar en el Congreso. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) encontró diferencias entre el nivel de gasto planteado, las metas oficiales y los recursos que respaldarían las obligaciones previstas para el próximo año.

Uno de los puntos centrales está en el gasto primario. El proyecto contempla $402,1 billones, mientras el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 había previsto $381,4 billones. La diferencia llega a $20,7 billones, equivalente al 1% del PIB, y representa un gasto 5,4% superior al establecido en ese documento.

El Carf considera que esta brecha puede afectar la trayectoria de las finanzas públicas. Si no se corrige, el déficit primario llegaría a 1,5% del PIB, unos $32,4 billones, frente a una meta oficial de 0,5%. El déficit total alcanzaría 5,4% del PIB, equivalente a $116,3 billones, por encima del 4,5% fijado por el Ministerio de Hacienda.

La preocupación del organismo se extiende a las fuentes utilizadas para respaldar el presupuesto. Por tercer año consecutivo, según su análisis, el Gobierno incluyó gastos cuya financiación depende de ingresos contingentes. Para el Carf, esta práctica refleja una brecha persistente entre los recursos considerados ciertos y las obligaciones que el Estado incorpora a sus cuentas.

Ante este escenario, el comité estima que el presupuesto necesitaría un ajuste de ingresos por $30,2 billones, equivalentes al 1,4% del PIB. La reforma tributaria presentada por el anterior Gobierno calcula un recaudo de $21,9 billones. Incluso con una aprobación completa de esa iniciativa, permanecería un faltante de $8,3 billones, equivalente al 0,4% del PIB.

El Carf advierte que cubrir esa diferencia mediante nueva deuda tendría consecuencias sobre las cuentas públicas. Bajo ese escenario, el déficit primario subiría hasta 1,9% del PIB. A esto se suma el efecto acumulado de la cláusula de escape. Las desviaciones frente a las trayectorias fiscales originales alcanzarían cerca del 2,7% del PIB, de acuerdo con el organismo. Aunque este mecanismo permite apartarse temporalmente de la regla fiscal, el Carf recordó que no elimina la obligación de mantener una senda de retorno y coherencia en las cuentas nacionales.

Otro punto cuestionado son los $12,6 billones registrados como recursos del balance. El monto no coincide con las disponibilidades reportadas en el MFMP 2026, situación que deja dudas sobre la trazabilidad de esos recursos y sobre su incorporación al proyecto presupuestal. El análisis también pone la lupa sobre obligaciones sociales y otros gastos que tienen poca capacidad de ajuste. En salud, el presupuesto contempla un crecimiento nominal de 7,4%, equivalente a 3% real, por debajo del 3,9% real que el CARF calcula como necesario.

Los subsidios destinados al gas y la energía presentan otra alerta. Los $2,1 billones incluidos para este propósito cubrirían apenas una cuarta parte del costo anual real, según las estimaciones del organismo. En el caso de Colpensiones, la apropiación aumenta 6%. Sin embargo, el Carf señala que ese crecimiento no incorpora plenamente el aumento vegetativo de 90.000 pensionados cada año y que parte de su financiación depende de traslados extraordinarios considerados inciertos.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) también tendría una presión adicional. El organismo calcula un posible faltante de $9 billones, equivalente al 0,4% del PIB. A esto se agrega una presión transversal asociada a una inflación programada del 6%, que tendría efectos sobre salarios y servicios.

Para el Carf, los problemas identificados no se resuelven únicamente con ajustes puntuales. El organismo considera necesarias reformas profundas al gasto y fuentes de financiación permanentes. “Mientras persistan las inflexibilidades, la consolidación fiscal seguirá siendo transitoria y vulnerable”, sentenció el comité. La advertencia llega mientras el proyecto presentado inicialmente por la administración de Gustavo Petro continúa su trámite legislativo. El Centro Democrático pidió al Congreso devolver la iniciativa, al considerar que las inconsistencias deben corregirse antes de que avance su discusión.