Fiscalía investigará audios que señalan a Verónica Alcocer de presuntos manejos irregulares de dinero y contratación estatal

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para establecer el alcance y la veracidad de los señalamientos contenidos en los audios atribuidos a la ciudadana colomboespañola Eva Ferrer Galcerán, en los que se menciona a la primera dama saliente Verónica Alcocer y a personas de su entorno en presuntos hechos relacionados con el manejo de recursos, contrataciones en entidades del Estado y eventuales influencias dentro del Gobierno.

Según Blu Radio, la decisión del ente investigador se conoció después de que Alcocer enviara una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que rechazó las acusaciones divulgadas públicamente y manifestó su disposición para colaborar con cualquier actuación judicial que se adelante.

La indagación busca determinar el contexto y el contenido de las grabaciones reveladas por la revista Semana, así como verificar si existen elementos que permitan establecer la posible ocurrencia de conductas con relevancia penal.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha anunciado la apertura de una investigación formal ni ha formulado cargos contra persona alguna.

Según la publicación, en los audios se hacen referencias a presuntos manejos irregulares de dinero, supuestas contrataciones en entidades estatales y a un grupo de ciudadanos españoles que habría trabajado con la Presidencia de la República y mantenía cercanía con Alcocer.

Las conversaciones también incluyen afirmaciones sobre presuntas actuaciones relacionadas con contratación pública y manejo de recursos, aspectos que ahora serán objeto de verificación por parte de las autoridades.

Alcocer niega los señalamientos

En una carta fechada el 3 de agosto de 2026 y posteriormente difundida en sus redes sociales, Verónica Alcocer aseguró que las versiones conocidas públicamente “carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.

La primera dama saliente indicó que atenderá cualquier requerimiento de la Fiscalía y reiteró que nunca ha autorizado a terceros para actuar en su nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares. En el documento afirmó que siempre ha actuado bajo los principios de justicia, verdad y transparencia.

Asimismo, sostuvo que su disposición para colaborar con las autoridades no surgió a raíz de las recientes publicaciones, sino por una preocupación previa frente a la posibilidad de que personas invocaran su nombre o una supuesta cercanía con ella para realizar actuaciones sin su consentimiento.

Alcocer también solicitó que cualquier valoración de los hechos se realice con base en pruebas obtenidas legalmente y teniendo en cuenta las circunstancias y los eventuales intereses que puedan existir detrás de las declaraciones difundidas.

Defensa de Eva Ferrer reclama pagos pendientes

En paralelo a la actuación de la Fiscalía, la abogada María Soledad Morales Torrejano, defensora de Eva Ferrer, aseguró que su clienta mantiene varios procesos judiciales relacionados con su salida del Gobierno y afirmó que aún le adeudan los últimos cuatro meses de trabajo como consultora.

Según la defensa, la reclamación asciende a 48.000 euros, equivalentes a cerca de 178 millones de pesos, además de aproximadamente 56 millones de pesos por gastos de vivienda correspondientes a cuatro meses.

La abogada también sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal dentro de la residencia de Ferrer y que su divulgación vulneró los derechos de su representada.

Aunque inicialmente evitó confirmar la identidad de la persona que aparece en los audios, posteriormente reconoció que corresponde a la voz de Eva Ferrer y aseguró que las conversaciones ocurrieron en un ámbito privado con una persona de confianza.

De acuerdo con la defensa, los montos reclamados corresponden al trabajo de consultoría que Ferrer habría desarrollado para Alcocer entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022.

La controversia tendrá un nuevo capítulo el próximo 13 de agosto, cuando está prevista una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá. A esa diligencia también asistiría el empresario catalán Manel Grau, mencionado en varias oportunidades dentro de las grabaciones divulgadas.

Mientras avanzan esas actuaciones, la Fiscalía deberá establecer si los señalamientos contenidos en los audios tienen sustento probatorio o si corresponden únicamente a afirmaciones sin respaldo judicial. Por ahora, las declaraciones atribuidas a Ferrer no cuentan con un pronunciamiento de fondo sobre su veracidad y hacen parte del material que será evaluado por el ente investigador.