Ministro de Defensa confirmó que hay fallas en la fabricación y ensamblaje del fusil Jaguar: “Se compraría otro”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó problemas técnicos en el fusil Jaguar que hoy impiden su compra para la fuerza pública. Aseguró que el proyecto no está cancelado, pero solo avanzará si el arma alcanza el estándar exigido por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

“No está a punto para que sea totalmente confiable como se requiere con los estándares de la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Y hasta que no esté confiable, pues no sea”, expuso.

Sánchez fijó una fecha límite, señalando que “si a 30 de noviembre estaba a punto y era 100 % confiable, como lo requerían las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se adquiriría. Si no, se compraría otro”, afirmó en entrevista con Blu Radio.

Según detalló el líder de la cartera, las fallas detectadas se concentran en la fabricación y el ensamblaje, lo que ha impedido certificar la confiabilidad del fusil. “Hay problemas para la producción del Jaguar. Y hasta que no esté confiable, pues no se hará”, dijo.

Entre los inconvenientes, mencionó problemas en la caja de mecanismos —que al inicio se fabricó en polímero— y un episodio durante un reensamblaje tras pruebas.

“En un momento, cuando estaban armando nuevamente después de unas pruebas, no quedó bien asegurado el armamento y generó una explosión. Otro también de una alineación con un proveedor, que son fallas que son necesarias corregir”, explicó, señalando que el incidente no dejó consecuencias graves.

En paralelo, el Gobierno abrió otro frente de compra para evaluar un proveedor alternativo de fusiles. “No se ha abortado, pero sí se dio la orden también de avanzar en otra línea de adquisición. Es decir, avanzamos con este; si se llega a dar, lo ejecutamos. Avanzamos con un proveedor externo para otro fusil y lo que sea más rentable para la Fuerza Pública”, explicó el ministro de Defensa.

Sánchez indicó que, si el Jaguar no prospera, la alternativa que estudia el Ejército Nacional corresponde a fusiles de fabricación estadounidense. “Van a tener un fusil confiable, el que sea. Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, pues no lo va a ser”, afirmó.

Y agregó: “Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, pues no lo va a tener. Pero que siga este gobierno desarrollando la industria de defensa como lo estamos intentando nosotros”.

Durante la conversación, el ministro Sánchez confirmó que existe una amenaza con explosivos en Cali, Valle del Cauca, a tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, pero evitó respaldar la afirmación de Gustavo Petro sobre la existencia de “decenas de toneladas” en la ciudad. El Gobierno desplegó un operativo de más de 11 mil integrantes de la fuerza pública para blindar la transición del próximo 7 de agosto.

Conforme a sus declaraciones, la cúpula militar viajó desde el día anterior para revisar un dispositivo ya ordenado semanas atrás y que el 31 de julio de 2026 estuvieron en Cali mandos militares, la Policía y la viceministra encargada para ajustar el esquema de seguridad con autoridades nacionales y locales.

Sánchez detalló que existe información sobre un posible intento de afectar la posesión con explosivos camuflados, ataques con drones y actos de vandalismo. Confirmó el riesgo terrorista, pero no validó el volumen de explosivos mencionado por Petro.

El Ministerio de Defensa identificó tres riesgos para la posesión: “El primero es el terrorismo, con reportes sobre explosivos que podrían ser ocultados donde más sutilmente pasen, donde más sea difícil detectarlos”. Sánchez recordó atentados previos en Cali y mencionó métodos de camuflaje usados por grupos armados: “Hemos conocido información de algunos explosivos que los intentarían camuflar como lo han hecho cuando hacen un atentado terrorista”.

El segundo riesgo son los drones. Según Sánchez, el Estado colombiano desplegó sus mejores capacidades antidrones y un refuerzo en la zona del evento.

El tercer riesgo son los actos de vandalismo asociados a protestas. El ministro señaló que en Colombia hay en promedio 33 protestas sociales por día y remarcó que la movilización es legal, pero no los hechos violentos.