El asesinato del líder indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales en Florida, Valle del Cauca, motivó el anuncio de una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables.
El hecho, que cobró la vida de otras dos personas, encendió las alertas sobre la seguridad de los líderes sociales en la región, en medio de persistentes amenazas y disputas entre grupos armados.
Ataque armado dejó tres víctimas en Florida
El sábado 1 de agosto, hombres armados ingresaron en un establecimiento comercial del municipio de Florida (Valle del Cauca) y abrieron fuego contra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador del Resguardo Indígena Kwe’sx Yu Kiwey, su esquema de seguridad y miembros de la comunidad.
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Según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el lugar fallecieron Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Hamilton Daniel Dagua, integrante de la comunidad indígena. Gutiérrez fue trasladado a un centro asistencial, pero murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.
Este ataque representa la masacre número 78 registrada en Colombia durante 2026, de acuerdo con datos de Indepaz, y convierte a Gutiérrez en el líder social número 88 asesinado en el país en lo que va del año. La organización subrayó que la situación en Florida se ha tornado especialmente compleja por la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha incrementado los homicidios, las amenazas y las extorsiones contra autoridades indígenas y la Guardia Nasa.
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Gobernación activa recompensa y anuncia acciones urgentes
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario tras conocer el crimen. Durante la sesión, se definió una bolsa de recompensa de hasta $50 millones a cambio de información que conduzca a la identificación y captura de los autores del ataque.
Toro afirmó: “Tras conocer el atroz atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, hoy citamos un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que definimos una bolsa de recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables”.
La mandataria informó que la víctima contaba con medidas colectivas de protección y que las amenazas contra su vida ya habían sido denunciadas ante las autoridades. Gutiérrez se encontraba a la espera de un esquema individual de seguridad por parte de la UNP, el cual no se había implementado. Toro anunció la conformación de un equipo especializado de la Policía Nacional para apoyar las investigaciones y acelerar la judicialización de los responsables.
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Reacciones y contexto de violencia en la región
La alcaldía de Florida rechazó el ataque y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad indígena Nasa. En un comunicado, el gobierno local informó que la Policía Nacional dispuso de un grupo élite para adelantar los actos urgentes de investigación en el municipio.
“Actualmente, este equipo especializado adelanta los actos urgentes y las labores investigativas en el municipio de Florida con el propósito de identificar a los responsables y avanzar en el proceso judicial correspondiente”, señaló la administración municipal.
Según el reporte de Indepaz, la Defensoría del Pueblo emitió en 2025 una alerta temprana sobre el riesgo que enfrenta la población de Florida debido a la presencia de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Los constantes enfrentamientos y la presencia de artefactos explosivos improvisados restringen la movilidad y ponen en riesgo la vida de los habitantes.
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Como parte de la respuesta institucional, la gobernadora anunció la convocatoria de una Mesa de Derechos Humanos para el lunes 3 de agosto en Florida, con la participación del Gobierno nacional y las secretarías departamentales de Paz Territorial, Asuntos Étnicos y Convivencia y Seguridad Ciudadana.
El objetivo será analizar la situación de orden público y definir nuevas acciones para proteger a las comunidades indígenas ante la amenaza de los grupos armados ilegales.
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