
Gabriela Muñoz, activista digital, negó haber tenido injerencia en la Aeronaútica Civil (Aerocivil), rechazó haber influido en nombramientos, contrataciones o decisiones directivas y pidió que los señalamientos sobre su paso por la entidad se examinen con documentos y responsabilidades individuales.
La exfuncionaria sostuvo que ocupó un cargo asistencial, sin personal a cargo ni facultades para ordenar gastos, seleccionar contratistas o retirar funcionarios. En su respuesta pública, Muñoz también desmintió la versión según la cual tendría un patrimonio cercano a $12.000.000.000 como consecuencia de su paso por la Aerocivil. Afirmó que esa información es falsa y señaló que su remuneración correspondía a uno de los niveles salariales más bajos.
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La exservidora indicó que está organizando los soportes relacionados con su nombramiento, sus funciones y su actuación para entregarlos a las autoridades que los requieran. Sumó que mantiene su disposición a colaborar con cualquier investigación que se abra sobre estos hechos, con respeto por la ley y el debido proceso.
La tensión central de su defensa admite que la vinculación de varios integrantes de una misma familia puede generar sospechas de favoritismo, pero niega haber intervenido en las decisiones que permitieron esos ingresos.
Muñoz admitió el origen familiar de las hojas de vida, pero negó intervención en la decisión

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la estudiante de derecho, de 20 años, afirmó que su madre presentó las hojas de vida de la familia ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Según explicó, después de esa entrega fueron las áreas competentes de la Aerocivil las que revisaron los perfiles y adoptaron las decisiones correspondientes.
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Sobre ese punto, la exfuncionaria marcó un límite: “Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos”. En la misma línea, agregó que tampoco solicitó, recomendó, presionó o gestionó la vinculación de familiares, amigos o terceros.
La exfuncionaria describió un cargo asistencial y sin mando

Gabriela Muñoz precisó que durante su permanencia en la Aerocivil ocupó el cargo de Auxiliar I, de nivel asistencial. A partir de esa definición, sostuvo que sus funciones fueron de apoyo y secretariales, y que no desempeñó un cargo técnico ni directivo.
“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, afirmó. Añadió que no tuvo personal bajo su mando ni ejerció autoridad sobre funcionarios o contratistas.
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La también influenciadora se refirió a su presencia en determinadas reuniones institucionales. Explicó que asistió por invitación del director de la Aerocivil y que en esos espacios cumplió funciones acordes con su cargo, sin capacidad de mando, facultad para impartir instrucciones ni poder de decisión.
Rechazó la cifra sobre su patrimonio y anunció entrega de documentos
Uno de los puntos más concretos de los descargos de Gabriela Muñoz fue la referencia a su situación patrimonial. En ese sentido, rechazó “categóricamente” la afirmación según la cual tendría un patrimonio cercano a $12.000.000.000 como resultado de su paso por la Aerocivil.
Para controvertir ese señalamiento, indicó que sus ingresos, declaraciones y situación patrimonial pueden ser revisados por las autoridades competentes. Añadió que su salario estaba ubicado entre los más bajos de la autoridad que se encarga de administrar la aviación civil y el espacio aéreo, un dato que, según dijo, puede verificarse directamente en la Aerocivil.
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En paralelo, informó que está reuniendo los documentos sobre su nombramiento, sus funciones y su actuación. El objetivo, señaló, es poner ese material a disposición de las autoridades que lo soliciten.
Denunció amenazas y dijo que no responderá por actos de terceros

Gabriela Muñoz evitó pronunciarse sobre las conductas atribuidas a otras personas mencionadas en el caso. “Cada quien debe responder por sus propios actos, con su propia evidencia”, afirmó al delimitar el alcance de su defensa.
La exfuncionaria también sostuvo que en los últimos días ha recibido amenazas y mensajes hostiles que afectan su seguridad y la de su familia. Indicó que esos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.
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En el cierre de su declaración, diferenció entre el control ciudadano y el hostigamiento. Dijo que las preguntas de los medios y la discusión pública son legítimas, pero que las amenazas no lo son. También reclamó que cada señalamiento se revise a partir de hechos concretos, documentos y de una pregunta específica sobre su conducta: “qué decisión habría tomado, qué instrucción habría impartido y qué evidencia demostraría una intervención de mi parte”.
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