Laura Sarabia dio la orden de practicar el polígrafo a Marelbys Meza: este sería el testimonio del capitán retirado de la Sijin Óscar Mojica

El capitán de la Policía Óscar Mojica declarará bajo juramento que la hoy embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, fue quien ordenó practicar un polígrafo a Marelbys Meza, la entonces niñera de su hijo, luego de denunciar el presunto robo de dinero y documentos en su apartamento.

Ese será el eje de la colaboración que entregará a la Fiscalía tras obtener un principio de oportunidad que suspendió durante un año la acción penal en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

El acuerdo fue suscrito el pasado 2 de julio ante la Fiscalía 79 Delegada contra la Criminalidad Organizada y ya recibió el aval de un juez.

A cambio de su colaboración, Mojica deberá aportar información y testimonio sobre la participación de otros oficiales y sobre las decisiones que dieron origen al procedimiento adelantado contra Meza, un caso que posteriormente derivó en interceptaciones telefónicas ilegales y en una de las investigaciones judiciales más delicadas para el Gobierno de Gustavo Petro.

Según el acta conocida por los medios Cambio y Semana, Mojica sostendrá que todo comenzó el 29 de enero de 2023. De acuerdo con su versión, Laura Sarabia llamó por teléfono al entonces coronel Carlos Feria, responsable de su esquema de seguridad, para solicitar cambios en la protección asignada y posteriormente ordenar la práctica del polígrafo a Marelbys Meza.

El documento citado por la Fiscalía resume ese episodio señalando que, durante esa llamada, Sarabia impartió la instrucción de modificar el esquema de seguridad y luego realizar el examen a su empleada doméstica.

Ese testimonio busca respaldar la hipótesis del ente acusador de que el polígrafo no fue una diligencia privada, sino un procedimiento ejecutado utilizando recursos y personal de la estructura oficial de seguridad presidencial para atender un asunto de carácter particular.

La propia Sarabia había reconocido anteriormente que contactó a Meza para pedirle que se trasladara al Palacio de Nariño y que facilitó su transporte en un vehículo de la seguridad presidencial. También señaló que la prueba fue practicada en instalaciones ubicadas en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

Además de su declaración contra Sarabia, Mojica también se comprometió a declarar contra el coronel Carlos Feria y el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, quienes aparecen mencionados en la cadena de decisiones reconstruida por la Fiscalía.

Según la investigación, Feria habría recibido la llamada de Sarabia y ejecutado las instrucciones relacionadas con el cambio del esquema de seguridad y la coordinación del polígrafo. Ese testimonio será utilizado dentro del proceso que enfrenta el oficial por presuntos delitos de abuso de función pública y peculado por uso.

En el caso del mayor Muñoz, Mojica afirmará que fue quien lo convocó para integrar el grupo encargado de investigar el supuesto robo ocurrido en la residencia de Sarabia. De acuerdo con esa versión, lo que inicialmente debía ser una ampliación de denuncia terminó convirtiéndose en una reunión de un grupo de inteligencia que no había sido convocado formalmente para ese caso.

La Fiscalía sostiene que, durante ese procedimiento, comenzaron a cruzarse los números telefónicos de Marelbys Meza, de otras empleadas domésticas y de personas cercanas a ellas, bajo la hipótesis de que alguna habría participado en el hurto denunciado.

Según el acta del principio de oportunidad, Muñoz también habría coordinado el acceso a cámaras de seguridad, incluidas las ubicadas en Soacha, y dirigido la recolección de videos desde el 30 de enero de 2023.

El acuerdo con la Fiscalía no extingue completamente la responsabilidad penal de Mojica. Aunque la acción penal por violación ilícita de comunicaciones quedó suspendida durante doce meses, el oficial continuará respondiendo por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

La investigación sostiene que varios documentos fueron alterados para obtener órdenes judiciales de interceptación contra Marelbys Meza y Fabiola Perea. Según la acusación, en esos informes ambas mujeres fueron presentadas falsamente como integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá, con el propósito de justificar escuchas dentro de una investigación relacionada con estructuras criminales.