Capitán de la Policía aceptó su responsabilidad en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías

El juez avaló un principio de oportunidad parcial a favor del capitán Óscar Mojica Cordón, oficial de la Policía Nacional investigado por las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro.

La decisión, adoptada a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, suspende durante 12 meses la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones, mientras el uniformado se compromete a colaborar con la justicia y a declarar como testigo de cargo contra otros presuntos responsables del caso.

De acuerdo con la Fiscalía, Mojica aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, lo que permitió que un juez de control de garantías avalara el principio de oportunidad parcial. Sin embargo, el beneficio no extingue el resto del proceso penal en su contra, ya que continuará respondiendo por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

La decisión representa un nuevo avance en la investigación por las llamadas “chuzadas” contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes trabajaban en la residencia de Laura Sarabia cuando esta se desempeñaba como una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro. El caso se originó tras la denuncia por la desaparición de una suma de dinero de la vivienda de Sarabia, ocurrida en enero de 2023.

Según explicó la Fiscalía, para la época de los hechos Mojica era jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá y habría participado en la elaboración de documentos falsos que sirvieron de sustento para obtener órdenes judiciales de interceptación de manera irregular.

La investigación sostiene que en esos informes se afirmó falsamente que Marelbys Meza y Fabiola Perea hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá, información que fue utilizada para justificar las interceptaciones telefónicas dentro de una investigación relacionada con estructuras criminales.

Con el principio de oportunidad parcial, el capitán deberá aportar información y rendir testimonio en los procesos que adelanta la Fiscalía contra otros policías presuntamente involucrados en la manipulación de documentos y en las interceptaciones ilegales.

Mojica es el oficial de mayor rango de la Policía Nacional que ha aceptado responsabilidad dentro de este proceso. Además el uniformado suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, el cual será presentado ante un juez de conocimiento en Bogotá para su respectiva aprobación.

Las investigaciones también apuntan a que el capitán habría impartido instrucciones al intendente Alfonso Quinchanegua y a la patrullera Dana Canizales para modificar informes de inteligencia y relacionar de manera falsa los números telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea con integrantes del Clan del Golfo.

Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, ambos uniformados elaboraron documentos que atribuían alias y supuestos vínculos criminales a las dos mujeres con el propósito de lograr la autorización judicial para interceptar sus comunicaciones.

Canizales, quien también obtuvo un principio de oportunidad, declaró que recibió la orden directa de Mojica para firmar formatos de fuentes no formales que posteriormente fueron utilizados para respaldar las solicitudes de interceptación. La patrullera aseguró que la información utilizada provenía de personas que afirmaban representar a la Presidencia de la República.

Por su parte, el intendente Quinchanegua manifestó que en una reunión realizada en una oficina ubicada en el edificio de la Dian, cerca de la Casa de Nariño, se impartieron instrucciones para adelantar las interceptaciones contra Meza, algunos de sus familiares y personas cercanas.

El expediente también ha estado marcado por varias controversias jurídicas. Durante más de un año el proceso permaneció suspendido debido a un conflicto de competencias relacionado con la posibilidad de que el caso fuera asumido por la Justicia Penal Militar, bajo el argumento de que los hechos ocurrieron durante actos del servicio.

No obstante, la Fiscalía ha insistido en que la presunta falsificación de documentos oficiales y el fraude procesal no pueden considerarse actuaciones propias del servicio policial, por lo que el proceso debe continuar en la jurisdicción ordinaria.

En recientes audiencias, la fiscal del caso calificó como “maniobras dilatorias” los intentos de trasladar la investigación a la Justicia Penal Militar y sostuvo que el fuero penal militar constituye una excepción y no la regla general para este tipo de conductas.