Gustavo Petro dejará contra las cuerdas a Abelardo de la Espriella por una “factura” de más de $200 billones que tendrá que pagar

El salto de las vigencias futuras en Colombia dejó al Gobierno de Abelardo de la Espriella una bolsa de compromisos ya adquiridos que presionará su presupuesto desde el arranque. A pocas semanas del relevo en la Casa de Nariño, ese saldo marcó un máximo histórico y se convirtió en uno de los principales focos de atención sobre el margen fiscal que heredará la siguiente administración.

Que estas hayan llegado a $255 billones implica que el próximo Gobierno tendrá que destinar en promedio cerca de $25 billones al año, o $25,2 billones entre 2027 y 2030, al pago de compromisos aprobados con anterioridad. Esos pagos equivaldrían a 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y añadirían una presión de 0,4 puntos del PIB por año frente a la senda prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025.

Precisamente, último MFMP registró ese aumento después de que en el último año se autorizaran más de $80 billones para financiar más de 50 nuevos proyectos. En otro tramo del análisis, el salto se explica por aprobaciones por $82 billones en nuevos proyectos de inversión, de los que cerca del 40% deberá pagarse en los próximos cuatro años.

Al respecto, el analista de Sectores y Sostenibilidad de Corficolombiana, Andrés Gallego, explicó el efecto de ese aumento con una frase que apunta al arranque del siguiente mandato: “Una factura, una factura que el próximo gobierno tendrá que pagar”. También sostuvo que “aunque no fue la administración que aprobó más recursos dentro de su propio presupuesto, sí fue la que más compromiso le dejó al siguiente gobierno”.

Durante los cuatro años del actual Gobierno:

• Se aprobaron vigencias por $197 billones.
• De ese total, $85 billones quedaron con cargo al presupuesto del periodo 2023-2026, una cifra inferior a la observada en dos gobiernos anteriores, cuando superó los $100 billones.
• Se aprobaron $51 billones que deberá asumir la próxima administración.
• Entre 2027 y 2030, los desembolsos por este concepto promediarían $25,2 billones anuales, y cerca de $8 billones al año corresponderían solo a las autorizaciones aprobadas en el último año.
• Las vigencias autorizadas pasaron de $186 billones en 2025 a $255 billones en 2026. El cambio representó un incremento real de 37,1%, la variación más alta desde 2015, y llevó el indicador a máximos históricos tanto en pesos como en proporción del PIB.

Giro hacia vigencias excepcionales

El aumento del saldo no obedeció solo al volumen de las autorizaciones. El estudio también detectó un cambio en la composición del instrumento, porque históricamente las mayores vigencias futuras se concentraban en infraestructura vial y sistemas de transporte masivo, con predominio de las APP hasta 2022.

Durante esos años, buena parte de las grandes obras del país se desarrollaba mediante concesiones con participación privada, como las carreteras 4G. Por esa razón, las vigencias de alianzas público-privadas (APP) llegaron a concentrar más del 60% del total. El panorama cambió de forma marcada en el último año. En 2026, las vigencias excepcionales aumentaron 89%, frente a un crecimiento de 9,7% en las APP y una caída de 55,1% en las vigencias ordinarias.

Como resultado, las vigencias futuras excepcionales representan hoy el 63% de las autorizaciones totales. El informe de Corficolombiana resalta que la modalidad permite comprometer el pago de una obra sin cargar recursos desde el primer año, por lo que el costo se desplaza hacia adelante.

Dicho viraje alteró además el perfil sectorial de las aprobaciones recientes. Frente a la concentración histórica en infraestructura de transporte, en el último año se autorizaron $38 billones para iniciativas de otros sectores.

Cifras del impacto fiscal y dudas sobre los proyectos aprobados

Dentro de esos proyectos aparecen Colombia Solar, con $7,2 billones en vigencias futuras para soluciones de autogeneración dirigidas a cerca de 1,3 millones de usuarios, y el programa de mejoramiento de infraestructura de educación superior, con $5,9 billones. El conjunto de nuevas autorizaciones cubrió más de 50 proyectos.

La investigación plantea que ese giro amerita revisar el rigor técnico con el que se aprobaron compromisos de largo plazo al final del mandato. El argumento es que la obra pública suele carecer del mismo rigor contractual, disciplina financiera y asignación explícita de riesgos que las APP.

Según el análisis, la diferencia hace a la financiación pública más vulnerable a sobrecostos, retrasos y riesgos de corrupción. También sostiene que las evaluaciones de valor por dinero suelen favorecer a las APP, incluso con un mayor costo de capital, porque incorporan riesgos que en la financiación pública pueden quedar ocultos.

El estudio añade que “queda abierta la discusión sobre si esta última ola de autorizaciones contó con evaluaciones suficientemente rigurosas de costo-beneficio, madurez y rentabilidad económica y social”. A la vez, recuerda que el Confis puede modificar o revocar autorizaciones por razones de coherencia macroeconómica o cambios en prioridades sectoriales, siempre que no se hayan perfeccionado.

De acuerdo con Corficolombiana, cuando esos compromisos ya quedan perfeccionados, adquieren protección jurídica. Así, el debate no se limita al tamaño del saldo acumulado, sino al tipo de proyectos aprobados, al momento en que se autorizaron y al espacio real que tendrá la próxima administración para decidir entre nuevas inversiones y obligaciones heredadas.

Cómo funcionan las vigencias futuras y por qué comprometen gasto de varios años

Las vigencias futuras son autorizaciones presupuestales que permiten al Estado comprometer recursos de años posteriores para financiar proyectos grandes que tardan más de un año en terminarse. Su objetivo es evitar que obras de largo plazo se detengan cada año por falta de apropiación presupuestal.

Existen dos modalidades principales:

• Ordinarias: previstas en la Ley 179 de 1994, permiten comprometer recursos de presupuestos futuros para proyectos que ya tienen apropiación en la vigencia en curso y exigen tener reservado al menos el 15% del valor total en el presupuesto actual.
• Excepcionales: reguladas por la Ley 225 de 1995, permiten comprometer recursos para proyectos que aún no cuentan con apropiación presupuestal en el año en curso. Se usan para obras importantes como vías, energía, comunicaciones o seguridad y requieren aprobación de altas instancias del Gobierno o del Confis.

A ese esquema se suman las vigencias futuras para proyectos de asociación público-privada (APP) creadas por la Ley 1508 de 2012. La modalidad respalda obligaciones de pago de esos contratos durante su vida útil y está sujeta a un cupo máximo autorizado por el Confis.

Aunque las vigencias futuras no constituyen una restricción absoluta para las administraciones posteriores, sí condicionan de forma significativa la programación de la inversión pública. El riesgo aparece cuando su uso deja al Gobierno siguiente con muchos pagos obligatorios y con menos espacio para fijar nuevas prioridades.