Laura Sarabia cambiaría de abogado y ahora pasaría a defenderla el exfiscal General Mario Iguarán

Tras más de tres años de gestión legal, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, ha realizado un giro en su defensa judicial. El abogado Mario Iguarán, que fue fiscal General de la Nación, asume a partir de ahora su representación legal, en reemplazo del anterior equipo encabezado por MPaDerechoPenal.

La decisión fue confirmada por Infobae Colombia con fuentes cercanas a la funcionaria del gobierno, que detalló el relevo en la defensa de la diplomática. De acuerdo con la información difundida, el cambio se produce luego de un extenso periodo en el que la funcionaria mantuvo la misma asesoría legal.

Capitán de la Policía aceptó su responsabilidad en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia

El juez otorgó un principio de oportunidad parcial al capitán Óscar Mojica Cordón, oficial de la Policía Nacional, en el contexto de la investigación por interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, que fuera jefa de gabinete durante el gobierno de Gustavo Petro.

Esta decisión, adoptada a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, “suspende durante 12 meses la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones, mientras el uniformado se compromete a colaborar con la justicia y a declarar como testigo de cargo contra otros presuntos responsables del caso”.

Mojica admitió su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, lo que permitió el aval judicial al principio de oportunidad parcial. Sin embargo, el beneficio “no extingue el resto del proceso penal en su contra, ya que continuará respondiendo por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público”.

La investigación señala que Mojica, entonces jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá, habría participado en la elaboración de “documentos falsos que sirvieron de sustento para obtener órdenes judiciales de interceptación de manera irregular”, vinculando falsamente a Meza y Fabiola Perea con una organización criminal.

El expediente detalla que Mojica habría impartido instrucciones a otros uniformados para modificar informes de inteligencia y “relacionar de manera falsa los números telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea con integrantes del Clan del Golfo”.

Dana Canizales, patrullera implicada que también obtuvo un principio de oportunidad, declaró que “recibió la orden directa de Mojica para firmar formatos de fuentes no formales que posteriormente fueron utilizados para respaldar las solicitudes de interceptación” y que la información utilizada “provenía de personas que afirmaban representar a la Presidencia de la República”.

El caso, iniciado tras la denuncia por la desaparición de dinero en la casa de Sarabia en enero de 2023, estuvo suspendido durante más de un año “debido a un conflicto de competencias relacionado con la posibilidad de que el caso fuera asumido por la Justicia Penal Militar, bajo el argumento de que los hechos ocurrieron durante actos del servicio”.

La Fiscalía sostiene que la presunta falsificación de documentos y el fraude procesal “no pueden considerarse actuaciones propias del servicio policial, por lo que el proceso debe continuar en la jurisdicción ordinaria”. La fiscal del caso calificó como “maniobras dilatorias” los intentos de trasladar la investigación a la Justicia Penal Militar y sostuvo que “el fuero penal militar constituye una excepción y no la regla general para este tipo de conductas”.