Ministerio del Trabajo e Icbf deberán responder por ejecución de recursos para la niñez, hogares comunitarios y casos de violencia sexual infantil

La representante a la Cámara Nelly Patricia Mosquera radicará una proposición para citar a un debate de control político a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, y al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, con el propósito de que expliquen la gestión adelantada frente a distintos asuntos relacionados con la atención de la niñez en Colombia.

La iniciativa, según informó la congresista, surge por la preocupación frente a la ejecución presupuestal de los recursos de inversión destinados a la primera infancia, la disminución y cierre de unidades de servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar en Bogotá y la falta de información pública consolidada sobre estos procesos.

El debate también abordará la formalización laboral de madres y padres comunitarios, la atención a los casos de violencia sexual contra menores, las acciones frente al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la ejecución de recursos públicos y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la infancia.

La representante explicó que, en ejercicio de la función constitucional de vigilancia y control político del Congreso, el objetivo del debate es obtener información detallada sobre la ejecución de los programas dirigidos a la infancia y las decisiones adoptadas por las entidades responsables.

“La niñez colombiana y quienes están a cargo de su cuidado merecen un gobierno comprometido con la garantía de sus derechos y el Congreso tiene el deber de verificar que cada peso destinado a nuestros niños se esté ejecutando correctamente y que las políticas públicas realmente estén cumpliendo con el objetivo de salvaguardarlos. Este debate busca que el Icbf y Ministerio del Trabajo le rindan cuentas al país sobre temas tan sensibles hoy más que siempre que tantos niños y niñas están siendo tan vulnerados”, manifestó la representante Nelly Patricia Mosquera.

La congresista también expresó preocupación por el proceso de formalización laboral de madres comunitarias impulsado por el Gobierno nacional. Según indicó, la creación mediante decretos de una planta temporal para este grupo de trabajadoras no ha estado acompañada de información suficiente sobre la disponibilidad de recursos, la naturaleza jurídica de la vinculación, el número de cargos ni el cronograma previsto para su implementación.

De acuerdo con la representante, esta situación ha generado expectativas entre las madres comunitarias, mientras que, según sus declaraciones, persisten dificultades relacionadas con la estabilidad contractual, los pagos y los procesos administrativos.

Entre los asuntos incluidos dentro del cuestionario del debate se encuentran la ejecución del presupuesto de inversión del Icbf entre 2022 y 2026, la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia, el cierre de Hogares Comunitarios de Bienestar y sus efectos sobre la atención de niños y niñas, la contratación y formalización laboral de madres y padres comunitarios, la atención a los casos de violencia sexual contra menores, las acciones para prevenir el reclutamiento forzado y la situación del subsidio de solidaridad pensional para exmadres y expadres comunitarios, así como las demoras reportadas en su asignación.

Más de 3.700 procesos por violencia sexual contra menores

Como parte de los argumentos que sustentan la citación, la representante hizo referencia a las cifras divulgadas por el Icbf sobre los procesos de restablecimiento de derechos relacionados con distintos tipos de violencia contra menores de edad. Según los boletines informativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, actualmente se encuentran abiertos 3.773 procesos de restablecimiento de derechos correspondientes a violencia sexual, además de 405 procesos por violencia física y 242 por violencia psicológica.

Las mismas cifras indican que el 86% de las víctimas corresponde a niñas, principalmente entre los 12 y los 17 años, datos que, según la congresista, evidencian la necesidad de conocer las acciones implementadas por las entidades responsables para garantizar la protección integral de la infancia.

El cuestionario que será presentado contiene 36 preguntas dirigidas tanto al Icbf como al Ministerio del Trabajo. En ellas se solicita información relacionada con la ejecución presupuestal, indicadores de cobertura de los programas, contratación, cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, atención de los casos de violencia sexual, acciones frente al reclutamiento infantil y otros aspectos asociados con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Informe de empalme advierte brecha financiera para 2027

Como contexto de la discusión, el informe de empalme del Icbf expone la situación financiera proyectada para la entidad durante los próximos años. Según el documento conocido por El Tiempo, aunque el Instituto reporta avances en indicadores sociales y niveles históricos de ejecución presupuestal, el próximo Gobierno deberá enfrentar una brecha cercana a $7,6 billones para garantizar la continuidad de los programas y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

El informe señala que, para 2027, la entidad calcula que necesitará alrededor de $21,5 billones, mientras que la proyección realizada por el Ministerio de Hacienda asciende a $13,8 billones, diferencia que afectaría la financiación de programas relacionados con la atención integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

El documento también indica que los principales proyectos de inversión presentan un déficit cercano a $6 billones, concentrado en iniciativas de fortalecimiento institucional y atención integral a la población beneficiaria.

El documento también hace referencia al proceso de formalización laboral de madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadores de hogares infantiles. Allí se indica que esta estrategia se desarrolla en cumplimiento de la reforma laboral y representa uno de los principales desafíos financieros para la entidad.

Según el informe, “Logrando un primer hito con 2.353 madres comunitarias vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajadoras oficiales en 31 regionales”. La segunda etapa del proceso, según la entidad, contempla la vinculación de 15.321 madres comunitarias, para lo cual el Icbf estima que será necesario destinar $759.133 millones adicionales en gastos de funcionamiento.