Un equipo de la Contraloría General de la República ingresó este martes 28 de julio de 2026 al Ministerio de Hacienda, en Bogotá, para recopilar información relacionada con riesgos fiscales que podrían afectar la sostenibilidad financiera del Estado.
La inspección ocurre justo después de que el organismo detectara un aumento presuntamente irregular en la contratación estatal y advirtiera sobre posibles desequilibrios en las cuentas públicas.
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La entidad desplegó su Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), vinculada a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), con el objetivo de verificar datos y analizar posibles irregularidades.
Este procedimiento se enmarca en las funciones constitucionales de control fiscal y sigue a una advertencia oficial emitida el día anterior al Gobierno nacional y al propio Ministerio de Hacienda.
La Contraloría indicó que el país enfrenta presiones de caja, atrasos en las reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación. Según el organismo, cualquier nuevo gasto debe estar debidamente respaldado y planificado para evitar que la situación financiera se deteriore aún más.
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En un comunicado emitido el 27 de julio, el ente de control instó a las autoridades a tomar decisiones presupuestales bajo estrictos criterios de prudencia y sostenibilidad, resaltando el riesgo que supondría asumir nuevos compromisos sin fuentes claras de financiación.
En los últimos días, la Contraloría advirtió que el desequilibrio fiscal podría incrementarse si se continúan aprobando transferencias, asignaciones o contratos sin un respaldo presupuestal suficiente. De persistir estos riesgos, se elevarían las necesidades de endeudamiento y se comprometería el patrimonio público.
Uno de los datos más llamativos es el crecimiento del 22,5% en la contratación estatal luego del levantamiento de la restricción impuesta por la Ley de Garantías. Entre las cifras que analizó la Contraloría se destacan 14.414 contratos firmados en apenas cuatro semanas, por un monto total cercano a $4,55 billones.
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El organismo detalló que en ese periodo se firmaron más de 11.000 contratos de manera directa, un mecanismo que suele activar alertas por su potencial para eludir procesos de selección competitiva.
La tendencia fue especialmente notoria en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, que ahora se encuentran bajo observación por posibles riesgos contractuales y presupuestales.
“La Contraloría identificó que, luego de levantada la restricción de Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que refleja un incremento del 22,5% de la contratación en comparación con el mismo periodo de tiempo hace cuatro años. Llama la atención la contratación directa que supera los 11 mil contratos en estas últimas cuatro semanas”, señaló el ente de control.
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¿Qué busca la Contraloría en el Ministerio de Hacienda?
El despliegue de la Policía Judicial en el Ministerio de Hacienda responde a la necesidad de examinar a fondo los riesgos identificados en torno al Presupuesto General de la Nación. El objetivo principal es verificar la información fiscal y contractual y dar seguimiento a las advertencias emitidas por el organismo de control.
En síntesis, la Contraloría busca determinar si las recientes decisiones de gasto y contratación cumplen con los criterios de planeación y sostenibilidad exigidos por la ley, y si el Estado cuenta con los recursos necesarios para afrontar sus compromisos sin afectar el equilibrio de las finanzas públicas.
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“La Función de Advertencia identifica 7 factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, requieren seguimiento permanente debido a su potencial incidencia en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. Entre los principales se destacan el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y concentración contractual y el riesgo sobre la efectividad del control contractual”, señaló la Contraloría.
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