Ministerio de Hacienda respondió a visita de la Contraloría por aumento de la contratación estatal: toda la información está “expuesta” en el SIIF

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que el martes 28 de julio recibió la visita de una delegación de la Contraloría General de la República en las instalaciones de la institución, en el centro de Bogotá, “tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y la adecuada gestión de los recursos públicos”.

Desde la cartera ministerial afirmaron que los funcionarios de la entidad de control fueron atendidos en distintas áreas de la institución.

Sin embargo, pese a que la Contraloría asignó un equipo de Policía Judicial para el caso “con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información”, en el Ministerio de Hacienda informaron que la información ya estaba publicada.

"Es preciso señalar que las revisiones e indagaciones sobre contratación y actividad presupuestal están previamente difundidas y expuestas de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF".

Indicaron que esta plataforma es una herramienta tecnológica propia que “integra, centraliza y estandariza la gestión financiera de los recursos públicos”.

Por qué la alarma en la Contraloría: 11.000 contratos en cuatro semanas

Pese a que la primera visita se realizó en el Ministerio de Hacienda —en la mañana del 28 de julio confirmaron el ejercicio de monitoreo con una Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari)— la alarma es generalizada en varias instituciones del Gobierno Petro, solo que Hacienda es el gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación (PGN).

El 27 de julio, la Contraloría notificó que activó una Función de Advertencia dirigida al Gobierno nacional, luego de la publicación de un informe que analizó los compromisos adquiridos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 en la administración saliente y concluyó “una dinámica de contratación pública” que, según la entidad, requiere una vigilancia reforzada.

Según la Contraloría, después del levantamiento de la restricción de la Ley de Garantías, se han firmado 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos, que representa un aumento del 22,5% respecto al mismo periodo de hace cuatro años.

En ese lapso, la modalidad de contratación directa superó los 11.000 contratos en apenas cuatro semanas. Dicho ritmo de firma de acuerdos, de acuerdo con el alerta del organismo de control, “genera riesgos contractuales y presupuestales”, especialmente en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.

El informe indicó que cualquier aceleración en la suscripción de compromisos debe sustentarse en la capacidad financiera del Estado y en la posibilidad real de ejecución, de manera que no se afecten estas capacidades en los 5 meses restantes de la vigencia fiscal.

“El Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, por lo que toda decisión contractual debe estar plenamente respaldada por disponibilidad presupuestal y sostenibilidad fiscal”, indicó el informe de la Controlaría.

De hecho, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, identificó al menos siete factores de riesgo en la masiva firma de contratos. Entre ellos, la insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual, así como dudas sobre la efectividad del control contractual.

“Para la Contraloría, la gestión fiscal no se limita a la ejecución de recursos, implica garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible financiera y jurídicamente. En ejercicio de sus competencias, la entidad tiene el deber de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y, de materializarse estos, adelantar las actuaciones de responsabilidad fiscal que correspondan”, incluyó el reporte de la institución.