Condenado el exjefe paramilitar Hernán Giraldo por abuso y explotación sexual de tres niñas: pasaría más de 20 años en prisión

El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido con los alias de El Patrón, El Viejo, El Señor de la Sierra y Taladro, fue condenado a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por el abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, ocurridos entre 2004 y 2006 mientras ejercía el liderazgo del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión fue adoptada por un Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad durante las audiencias preparatorias realizadas el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, acogiéndose a la figura de sentencia anticipada dentro del proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación concluyó que Giraldo Serna aprovechó el poder que ejercía como máximo cabecilla paramilitar para someter a las menores a diferentes formas de violencia y explotación sexual.

Según el ente acusador, las víctimas fueron obligadas a sostener relaciones sexuales con el entonces comandante, a permanecer en las fincas donde residía y a visitarlo periódicamente en los establecimientos penitenciarios de Medellín, Itagüí y Barranquilla, donde permaneció recluido antes de ser extraditado a Estados Unidos.

En un comunicado, la Fiscalía detalló la forma en la que operaba el hoy condenado: “Este hombre aprovechó su condición de cabecilla para obligarlas a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a los Estados Unidos”, indicó la entidad.

La investigación también estableció que las menores ingresaban a los centros penitenciarios con autorización de la persona que ejercía su custodia. Una vez allí, eran víctimas de abusos sexuales y de otros actos ilícitos cometidos por el exjefe paramilitar.

El expediente judicial documentó además graves hechos de violencia contra las víctimas, incluso, se conoció que una de ellas quedó embarazada cuando tenía 14 años y, según la Fiscalía, fue obligada a interrumpir la gestación por orden de Giraldo Serna, pero otra de las menores dio a luz un hijo como consecuencia de las agresiones sexuales reiteradas.

La investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos también determinó que una de las víctimas, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue sometida a condiciones de servidumbre mientras permanecía bajo el control del entonces comandante paramilitar.

Debido a la gravedad de los hechos, la Fiscalía emitió el 6 de septiembre de 2022 una resolución de acusación y declaró los delitos como crímenes de lesa humanidad, decisión que implica que estas conductas son imprescriptibles y pueden ser investigadas sin importar el tiempo transcurrido.

Durante las audiencias preparatorias de juicio, realizadas en 2025, el exjefe paramilitar reconoció su responsabilidad en los hechos, razón por la cual el proceso concluyó mediante sentencia anticipada.

Como resultado, el juzgado lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra persona protegida.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso a Giraldo Serna una multa equivalente a 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006.

Hernán Giraldo fue uno de los principales comandantes de las extintas AUC en la Sierra Nevada de Santa Marta y en 2006 fue postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, posteriormente fue excluido de ese mecanismo por incumplir los compromisos adquiridos con el sistema transicional.

Con esta decisión, la justicia ordinaria cerró uno de los procesos más graves adelantados contra el exjefe paramilitar por hechos relacionados con violencia sexual contra menores de edad, delitos que la Fiscalía calificó como violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por la posición de poder y control que ejercía sobre las víctimas.