Judicializado exviceministro de Defensa por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional Luis Edmundo Suárez Soto, tras detectar presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Según información divulgada el lunes 27 de julio de 2026, el proceso contractual, valorado en 32 millones de dólares, habría sido direccionado en favor de una empresa que no cumplía los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros exigidos.

Los hechos bajo investigación

De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, Suárez Soto habría intervenido directamente en el trámite de selección y adjudicación del contrato, firmado el 31 de diciembre de 2024, para el mantenimiento y suministro de repuestos de la flota MI-17.

El ente acusador sostiene que el entonces viceministro ordenó ejecutar la contratación mediante la modalidad de selección directa, una opción reservada para circunstancias excepcionales, con el objetivo de favorecer a una compañía representada por un ciudadano estadounidense.

Las pruebas recabadas indican que la empresa beneficiada no acreditó experiencia técnica suficiente ni demostró capacidad legal o financiera. Además, según la Fiscalía, Suárez Soto participó en reuniones clave para estructurar el contrato y habría promovido la flexibilización de los requisitos, manteniendo contacto directo con los contratistas y gestionando trámites ante la Aeronáutica Civil para agilizar procesos esenciales.

Anticipo millonario y falta de ejecución

Uno de los puntos más críticos del caso se refiere a la modificación de las condiciones de pago, que permitió el desembolso anticipado del 50% del valor total del contrato. El 15 de abril de 2025, el Ministerio de Defensa transfirió 16.231.700 dólares a la empresa seleccionada, aunque solo se habían ejecutado trabajos equivalentes a 2,6 millones de dólares. Posteriormente, al declararse el incumplimiento contractual, más de 13 millones de dólares quedaron pendientes de reembolso.

La Fiscalía sostiene que Suárez Soto estaba al tanto de informes técnicos y jurídicos que advertían sobre el incumplimiento de requisitos por parte del contratista e instruyó que un funcionario específico realizara la evaluación financiera. El caso sigue bajo análisis, pues la devolución del anticipo no se concretó y las pólizas de seguro solo permitieron recuperar parte de los recursos.

Imputación de delitos

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luis Edmundo Suárez Soto los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados por el exfuncionario.

Durante la diligencia de imputación, el fiscal del caso expuso que Suárez Soto habría presionado a los miembros del comité estructurador del contrato para que “no fueran tan legalistas”, los invitó a trabajar con “creatividad” y pidió mantener “una mente abierta” en la adjudicación del contrato.

La Fiscalía también mencionó la supuesta coordinación con otros funcionarios del Ministerio de Defensa, como el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago, director de Logística; y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio.

Contexto y antecedentes del caso

Según la investigación, el contrato fue adjudicado a la empresa Vertol Systems Company, con sede en Florida (Estados Unidos), aunque una visita técnica reveló que la firma carecía de la infraestructura necesaria para realizar el mantenimiento mayor de las aeronaves MI-17. Durante el avance del proyecto, para julio de 2025, solo se había ejecutado el 8% de las actividades previstas.

La Fiscalía también informó que, antes de la firma con Vertol, el Gobierno colombiano descartó una propuesta de cooperación bilateral con el gobierno de Estados Unidos que ofrecía mejores condiciones técnicas y económicas para el mantenimiento de la flota de helicópteros. Las autoridades aceptaron documentos de soporte elaborados por la propia empresa contratista y omitieron exigir estados financieros completos.

El expediente judicial incluye además cargos contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, por delitos relacionados con falsedad documental, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.