Estos fueron los cargos, contratos y millonarios ingresos que tuvo Juliana Guerrero durante el Gobierno de Gustavo Petro

La nueva polémica sobre la presunta red de corrupción volvió a poner bajo la lupa los cargos, contratos e ingresos que Juliana Guerrero, la mujer considerada como la más fuerte en el Gobierno de Gustavo Petro, registró durante su paso por entidades del Gobierno nacional, en medio de diferencias entre sus declaraciones de bienes y rentas y otras cifras mencionadas en denuncias recientes.

Guerrero reportó en registros oficiales pasos por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente, con ingresos declarados de $6.000.000 en 2021, $2.000.000 en 2022, $3.000.000 en 2023 y 2024, y $5.000.000 en una declaración posterior. En contraste, las denuncias recientes mencionan cobros de $1.000.000, anticipos de $200.000.000 y comisiones del 10%, montos que no aparecen reflejados en esas declaraciones.

El nuevo escrutinio surgió ante una investigación de Semana, que expuso una presunta estructura que Juliana habría integrado junto con su hermana, Verónica Guerrero. El reporte sostiene que la red habría operado con testimonios, audios, chats de WhatsApp y comprobantes de consignaciones bancarias. El contenido también señala que la operación habría comenzado en el segundo semestre de 2024 y se habría extendido a distintos departamentos del país. Asimismo, indica que las hermanas habrían ejercido influencia sobre entidades estatales entre 2024 y 2026, pese a no tener, según esa versión, una vinculación laboral formal en ese período.

Guerrero negó públicamente haber recibido “dinero, comisiones o beneficios económicos por gestiones ante entidades públicas”. También aseguró que no mantiene “contratos ni nombramientos con el Gobierno nacional desde hace más de un año”.

Primeros registros de Juliana Guerrero en el Gobierno

Los primeros registros de Juliana Guerrero en la plataforma de Función Pública aparecen desde octubre de 2022. Su primer documento se presentó el 10 de octubre de ese año por una relación de contratista ante la Secretaría de Transparencia del Dapre.

De acuerdo con la hoja de vida, la vinculación correspondió al cargo de asistente secretaria ejecutiva. Lo desempeñó entre el 10 de noviembre de 2022 y el 1 de enero de 2023.

En esa declaración, Guerrero informó que en 2021 recibió $6.000.000 por salarios e ingresos laborales. No reportó cuentas bancarias en Colombia o en el exterior ni bienes patrimoniales.

Cifras reportadas ante el Ministerio del Interior

El siguiente registro también fue como contratista, esta vez ante el Ministerio del Interior, en enero de 2023. Para esa vinculación quedaron cinco documentos en total, entre la declaración inicial y cuatro correcciones. En el primer formulario, Guerrero informó que en 2022 recibió $2.000.000 solo por salarios e ingresos laborales. Tampoco declaró cuentas de ahorro en Colombia o fuera del país en esa primera versión.

Las últimas correcciones sí incorporaron una cuenta en el país. Allí reportó un saldo de $2.542.098 a diciembre de 2022.

Después, en marzo de 2023, apareció un nuevo documento por otra vinculación como contratista con el mismo ministerio. El formulario mantuvo las mismas cuentas del anterior, pero cambió el domicilio del municipio de Agustín Codazzi, en el Cesar, a Valledupar.

Según la hoja de vida, el vínculo correspondió al cargo de enlace territorial de la Dirección de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Lo ejerció entre el 10 de marzo y el 9 de agosto de 2023.

Cambios de 2024 y 2025 en sus declaraciones

La siguiente declaración se presentó en septiembre de 2024 ante el Ministerio del Interior por concepto de retiro. Allí registró $3.000.000 de ingresos por salarios en 2023 y $1.000.000 en su cuenta de ahorros a diciembre de ese año anterior. Ese mismo día también quedó un documento de ingreso como contratista al mismo ministerio. Repitió las mismas cifras y fijó su residencia en Bogotá.

En enero de 2025, Guerrero presentó otra declaración por una vinculación como contratista con el Dapre. En ese documento informó $3.000.000 de ingresos en 2024, solo por salarios e ingresos laborales, y un saldo de $50.000 en su cuenta de ahorros al cierre del año anterior.

Volvió a presentar una nueva declaración en marzo de 2025 para una vinculación como asesora en el Ministerio del Interior. Allí mantuvo las mismas cifras del documento anterior. Esa vinculación coincide con el cargo que figura en su hoja de vida como jefa de despacho del ministro del Interior. Según el registro, lo ocupó desde el 6 de marzo de 2025.

Contraste entre las declaraciones y el contrato hallado

Las últimas cuatro declaraciones aparecen bajo el tipo “designada presidente”, de acuerdo con los registros de Función Pública. En esos documentos, el campo de cargo o función figura vacío. El primero de esos registros fue con el Dapre el 19 de marzo de 2025. Después aparecieron otros dos con la misma entidad el 25 y el 26 de marzo.

En la declaración de 2025, Guerrero mantuvo el reporte de $3.000.000 de ingresos del año anterior. Pero informó $3.000.000 en su cuenta de ahorros a diciembre de 2024, pese a que en otros formularios había consignado solo 50 mil pesos. En la del 26, registró $5.000.000 de ingresos, en lugar de los $3.000.000 anteriores. De esa suma, $2.000.000 correspondían a salarios y $3.000.000 a otros ingresos y rentas, además de $3.000.000 en cuenta bancaria al cierre de 2024.

La última declaración en la plataforma corresponde a una vinculación del 14 de abril con el Ministerio de Ambiente. El documento no la clasifica como ingreso, sino como “Otro”, y repite las mismas cifras de la declaración inmediatamente anterior.

Entre julio y septiembre de ese mismo año crecieron los cuestionamientos por su aspiración a la Vicepresidencia de la Juventud del Ministerio de la Igualdad y por el título académico presentado. Actualmente enfrenta una investigación formal por la presunta presentación de títulos falsos para acceder a cargos públicos.

La revisión de Secop Integrado solo arrojó un contrato relacionado con la cédula de Guerrero. Ese contrato tuvo un valor de $11.786.424 y corresponde a la labor de enlace territorial mencionada antes. El contrato se celebró por modalidad directa y tuvo una duración de cuatro meses. El esquema de pago fijó una base de $2.946.606 por mes vencido, con un primer desembolso proporcional por los días efectivamente trabajados y luego pagos mensuales por el mismo valor.

Mientras que la revisión de la Superintendencia de Notariado y Registro también concluyó que no posee propiedades en el país. El dato coincide con lo consignado por Guerrero en sus declaraciones ante Función Pública.