Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian

En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se concretó durante al menos 10 años en la empresa, el ente acusador reveló conversaciones de algunos de los imputados.

Una de las charlas que más llamó la atención fue en la que Max Abadi, cofundador de la empresa, le pidió a la gerente de recursos humanos que hiciera una limpieza para despedir a los empleados que le dieran información a la Dian de lo que pasaba en las sedes comerciales.

En el audio de dos minutos que expuso la Fiscalía, la trabajadora le indicó a Abadi que habían sido despedidas ocho personas: dos por un robo y el restante por sospechas sobre su comportamiento. Ante esto, el empresario se lamentó por no haber identificado a cercanos de los retirados de sus cargos.

“Tenían que descubrir quiénes eran las personas que están cerca de ellos, con quién se hablan, todo. Los que están robando, sí, pero los otros, por ejemplo, Sandra, a mí me parecía buena”.

Debido a que la gerente de recursos humanos le explicó que una mujer que había sido despedida estaba teniendo comportamientos indebidos para los intereses de la compañía, el cofundador de Lili Pink ordenó que se hiciera una nueva inspección para retirar a otros sospechosos.

“Yo no sabía eso, me hablaron bien de ella, pero yo no sé. Importante en este asunto es buscar, hacer una limpieza completa; cualquier sospecha de cualquier cosita, para afuera. Necesitamos saber, entre tú y yo, todos los que tengan algún vínculo”.

De acuerdo con la Fiscalía, la conversación revelada se registró luego de inspecciones por parte de la Dian en septiembre de 2023.

Otros hechos que reveló la Fiscalía

En la diligencia, la Fiscalía presentó pruebas con las que argumentó la acusación contra los ocho imputados sobre la existencia de un entramado criminal que habría operado durante más de diez años y se consolidó mediante un esquema que utilizaba más de 300 puntos de venta como fachada para ocultar actividades ilícitas, recurriendo a la creación y liquidación de “empresas de papel” en Panamá con el fin de justificar movimientos de mercancía y balances financieros.

Durante la audiencia más reciente, la Fiscalía expuso cómo los imputados habrían creado sociedades en Panamá, tales como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A. Los administradores que figuraban en la documentación desempeñaban otros cargos operativos en la estructura empresarial. Además, se identificaron situaciones en las que conductores, operarios y abogados aparecían como representantes legales de estas empresas, mientras realizaban funciones distintas en Colombia.

Las autoridades detectaron que prendas importadas desde Asia eran modificadas, retirando la marquilla original para colocar etiquetas con la leyenda “Hecho en Colombia”. En los operativos se hallaron cajas y productos que, a pesar de estar identificados como fabricados en el país, provenían del extranjero. También se encontraron artículos con referencias y marcas diferentes, así como productos registrados a nombre de dos importadores distintos.

La Fiscalía señaló que el flujo de utilidades generado por estas operaciones se transfería a otros países, consolidando un incremento patrimonial que supera los 442.000 millones de pesos. Este monto se habría conseguido a través de un sistema de comercio exterior que daba apariencia de legalidad a la importación y exportación de mercancías, usando sociedades extranjeras y movimientos financieros en Panamá.

En paralelo, la jueza encargada del caso declaró ilegales parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía, al identificar errores en los procedimientos realizados durante los allanamientos en establecimientos comerciales. Según la magistrada, las irregularidades incluyeron falencias en las solicitudes de audiencia y en la legalidad de las órdenes de extracción y análisis de información. Como resultado, la jueza decidió excluir de la actuación procesal el material probatorio obtenido en estos procedimientos, argumentando que se vulneró el debido proceso.