La gasolina corriente y el Acpm subirían cerca de $2.000 con medida que tomó el Gobierno Petro con la nueva reforma tributaria

El Ministerio de Hacienda presentó, el 21 de julio, un nuevo proyecto de reforma tributaria para recaudar $22 billones en 2027. La iniciativa eleva varios impuestos y uno de ellos tiene que ver con los combustibles y elevaría el precio de la gasolina corriente y del Acpm (diésel), según advirtió la Unión Gremial Somos Uno a partir de un análisis basado en la estructura oficial de precios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de junio de 2026 y del articulado radicado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Según el gremio, si se aprueba el componente de combustibles de la reforma tributaria en los términos advertidos por Somos Uno, la gasolina corriente subiría $1.942 por galón y el Acpm lo haría en $1.331 al cierre de 2028. Además, sostuvo que el primer ajuste llegaría el 1 de enero de 2027 con alzas de $860 en gasolina y $841 en diésel. Ante la situación, el vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, indicó que el primer aumento se produciría el 1 de enero de 2027. En esa fecha, la gasolina pasaría de $16.291 a $17.151 por galón y el Acpm subiría hasta $12.417.

Así las cosas, el alza no terminaría en el ajuste previsto para enero de 2027. El aumento total se completaría con el gravamen al alcohol carburante previsto para julio de 2027 y con el incremento del IVA al ingreso del productor hasta el 19%, contemplado para enero de 2028.

Reparos técnicos a la reforma tributaria

Jiménez Mejía afirmó que el proyecto tiene varios problemas de fondo. “El primero es que el componente ambiental no corresponde al verdadero origen del recaudo, pues mientras el Gobierno proyecta ingresos por $7,58 billones provenientes del IVA a los combustibles para 2028, el componente ambiental representa apenas $218.000 millones”.

De paso, el vocero cuestionó que la iniciativa grave con IVA al alcohol carburante y a los biocombustibles. Según expuso, el propio proyecto reconoce que esos productos no hacen parte de los combustibles fósiles.

Un segundo reparo es que el proyecto rompe el principio del IVA plurifásico al excluir la venta minorista de Acpm. Según el gremio, esa modificación convertiría el impuesto en un costo para transportadores, el sector agropecuario y la industria.

Sobre ese punto, Jiménez Mejía advirtió que “no sería un IVA descontable, sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional”.

Y el tercer hallazgo, según la unión gremial, se refiere al efecto ambiental de la medida. El análisis sostiene que los aumentos en los combustibles no redujeron de forma significativa el consumo, por lo que el potencial de recaudo sería alto y el impacto sobre las emisiones sería limitado.

Impacto sobre estaciones de servicio y abastecimiento

La organización también expresó preocupación por el IVA que recaería sobre el margen regulado de las estaciones de servicio. Según sus cálculos, gravar ese margen sumaría cerca de $219 por galón, equivalentes a cerca de $928.000 millones al año. Jiménez Mejía sostuvo que muchas estaciones no podrían trasladar ese mayor costo al consumidor por la regulación vigente de precios. En ese escenario, tendrían que absorber el impuesto y verían reducido su margen de operación.

Antes de que el Congreso apruebe la reforma, Somos Uno pidió cuatro ajustes al Gobierno y al Congreso:

• Corregir el tratamiento tributario del Acpm para preservar el IVA plurifásico y evitar un impuesto en cascada.
• Mantener la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles.
• Incorporar el IVA del margen minorista como un componente independiente dentro de la estructura oficial de precios.
• Aplazar la expedición del Proyecto de Resolución CREG 704-015 mientras el Congreso define el texto definitivo de la reforma.

El gremio planteó esas modificaciones para evitar efectos sobre la operación de la red de distribución.

Cuánto debe aportar el sector.

El vocero gremial, David Jiménez Mejía, insistió en que “no nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto, el problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector. Lo que pedimos es que el impuesto se cobre donde el legislador decida cobrarlo y no donde una omisión de diseño lo termine depositando”.

La advertencia final del gremio apunta a la continuidad del suministro, sobre todo en zonas con poca cobertura. En 226 municipios de Colombia hay una sola estación de servicio, y una reducción adicional del margen operativo pondría bajo presión esa red de abastecimiento.