
Los millonarios recursos destinados a modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía estarán bajo vigilancia de la Procuraduría. El organismo anunció que hará seguimiento a los procesos de contratación relacionados con el plan de inversiones que contempla la ejecución de 13 billones de pesos aprobados por el Conpes 4187 de 2026 para fortalecer el sector Defensa.
La decisión fue comunicada después de una visita preventiva realizada a las directivas del Ministerio de Defensa, donde la Procuraduría solicitó información detallada sobre el estado de los procesos contractuales asociados a los proyectos estratégicos contemplados en ese documento de política pública. El objetivo es verificar cómo avanzan las contrataciones y prevenir posibles irregularidades durante su ejecución.
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Entre las iniciativas que estarán bajo observación se encuentran la compra de helicópteros, aviones y el sistema antidrones, uno de los proyectos que despertó mayor atención luego de que veedurías ciudadanas advirtieran un supuesto direccionamiento en ese proceso. El ente de control incluyó estos contratos dentro de las actuaciones que revisará de manera permanente. Durante la reunión participaron la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel López, además de altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En ese espacio, la cartera presentó la manera en que distribuirá los recursos entre la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía.
La estrategia de inversión fue diseñada para desarrollarse durante un periodo estimado de entre cuatro y ocho años. Además de las adquisiciones de aeronaves, contempla la compra de equipos de inteligencia y herramientas tecnológicas dirigidas a reforzar las capacidades operacionales y de seguridad de las instituciones.
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De acuerdo con la planeación oficial, entre 2027 y 2031 se invertirán cerca de 5,84 billones de pesos en el fortalecimiento operacional. Ese componente prioriza la adquisición de sistemas tecnológicos, vehículos tácticos, municiones, equipos de comunicaciones y plataformas de información que permitan mejorar la respuesta de la fuerza pública. El alcance del Conpes no se limita a la compra de equipos. Según explicó el ministro de Defensa, la estrategia busca incorporar procesos de transferencia tecnológica y fortalecer la capacidad de producción nacional relacionada con el sector de defensa.

“El objetivo principal es fortalecer la producción nacional de armamento mediante transferencia de tecnología, diversificar nuestras capacidades y consolidar una solución integral que responda de manera efectiva a las problemáticas de seguridad nacional. En el centro de esta propuesta están nuestros soldados y policías: darles siempre lo mejor para que puedan cumplir la misión constitucional”.
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La Procuraduría informó que el seguimiento no terminará con esta visita. El organismo de control anunció que hará parte de las mesas técnicas previstas para acompañar el desarrollo de los diferentes proyectos y conocer de primera mano cómo avanzan los procedimientos administrativos y contractuales asociados a los recursos aprobados.
Ese acompañamiento abarcará los procesos de licitación pública, las contrataciones directas y los convenios interadministrativos que se celebren para ejecutar el presupuesto destinado al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía. La intención es verificar que cada una de esas actuaciones cumpla las normas vigentes.

Al finalizar el encuentro, la Procuraduría reiteró que ejercerá una supervisión permanente sobre esta inversión pública, considerada una de las más importantes para el sector Defensa en los próximos años. El organismo aseguró que integrará las mesas técnicas con el propósito de realizar un seguimiento “riguroso y exhaustivo” a cada uno de los procesos contractuales, vigilar la correcta ejecución de los recursos y prevenir posibles irregularidades durante el desarrollo del plan contemplado por el Conpes 4187 de 2026 para fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
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