El 23 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación expuso en la audiencia por el caso Lili Pink un esquema que, según el ente acusador, combinó polígrafos a empleados para detectar filtraciones, fraude aduanero con “doble marquilla” y una red de sociedades fachada para lavar dinero, en un expediente que llevó a la imputación de cargos contra ocho personas vinculadas a la compañía de ropa femenina.
Las cifras presentadas ante la justicia muestran la dimensión económica de la red: la investigación calcula un lavado de activos superior a $730.000.000.000, un enriquecimiento ilícito de más de $430.000.000.000 y un contrabando estimado en $75.000.000.000. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), además, ha decomisado mercancía avaluada en más de $54.000.000.000.
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De acuerdo con el órgano investigativo, los ocho empresarios y representantes de sociedades procesados por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, el lavado de activos y el concierto para delinquir no aceptaron los cargos formulados.
A la par, la entidad sostiene que la estructura utilizó empresas fachada y sociedades comerciales para ingresar mercancías al país y dar apariencia de legalidad a recursos por miles de millones de pesos.
La Fiscalía describió pruebas internas para detectar posibles informantes
Entre los elementos presentados en la audiencia aparecieron conversaciones atribuidas a Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y a Roxana Mendoza, gerente de recursos humanos de la compañía, sobre la práctica de pruebas de polígrafo a varios trabajadores. Según la investigación, el objetivo era identificar a quienes estarían entregando información a las autoridades sobre operaciones irregulares dentro de la empresa.
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En uno de los diálogos revelados por el ente investigador, Abadi dijo: “Bueno, yo quiero discutir contigo, y no sé con quién más, con Claudia o con quién, a ver qué gente mala tenemos en la empresa”. Mendoza respondió: “Uy, don Max, de hecho, yo creo que con William, incluso, ya tuvimos esa conversación esta semana y él quedó en hacer una revisión para que yo mande a un grupo a hacer poligrafías”.
La conversación siguió con una instrucción directa del cofundador: “No pierdan la plata ni el tiempo. Tenemos que saber quiénes son y sabemos si sí o no”. Mendoza añadió: “Don William estaba haciendo un trabajo para identificar quiénes eran, don Max”.
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Según la hipótesis de la Fiscalía, los altos mandos buscaban proteger la operación y cerrar el acceso a posibles filtraciones. La acusación sostiene que esas acciones formaban parte de una estrategia de control sobre la información sensible de la red.
El expediente incluye el uso de doble marquilla y contenedores con acceso restringido
Otro de los mecanismos expuestos en la audiencia fue el de la “doble marquilla” y el sobreetiquetado. Según la Fiscalía, esa modalidad consistía en alterar o reemplazar las etiquetas originales de las prendas y mercancías importadas para ocultar su verdadero origen, destino y valor comercial.
El ente acusador agregó que esa estrategia se reforzaba con inconsistencias que habrían sido introducidas deliberadamente en registros de la Dian, entre ellas anotaciones manuscritas y espacios en blanco. Con ese procedimiento, la organización habría logrado ingresar contenedores al país de manera fraudulenta y evadir el pago de tributos aduaneros.
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En otro intercambio presentado en la audiencia, Abadi advirtió: “Sí, y más cuidado con los contenedores”. Mendoza contestó: “Sí, de hecho, lo que hablábamos con Yesid esta mañana y también con don William”.
La instrucción sobre el manejo de la información fue aún más precisa en las frases siguientes. “El mínimo de gente tiene que saber. Tiene que saber el mínimo, mínimo”, dijo Abadi. Mendoza respondió: “Sí. Incluyendo la misma gente de seguridad, don Max. Que no todos sepan que está llegando. Eso hablamos esta mañana”.
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