Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, denunció un patrón de amenazas, hostigamientos y torturas contra personas beneficiarias de la reforma agraria en varios departamentos del país.
Según Harman y voceros de la ANT, estas acciones buscan intimidar y desplazar a quienes han recibido adjudicaciones de tierras durante la reforma agraria, con el objetivo de frenar la implementación de los procesos de redistribución y titulación de predios rurales.
La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada tras documentar hechos registrados en regiones como Sucre, Cesar, Magdalena, Santander, Atlántico, Bolívar, Meta, Córdoba, Caquetá y Putumayo, donde líderes campesinos y familias beneficiadas han sido víctimas de amenazas de muerte, agresiones físicas y psicológicas, secuestros y otras formas de violencia.
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La entidad ha pedido que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos monitoreen la situación y pidan por la integridad de quienes participan en la reforma agraria.
Harman habló de una reforma para devolver predios a criminales
En diálogo con Noticias Uno, el director de la Agencia Nacional de Tierras afirmó que las denuncias y los procesos judiciales que han sido radicados contra acciones de su gestión en la entidad son una muestra de que los criminales buscan recuperar las tierras que fueron entregadas al campesinado.
El pronunciamiento de Harman se registró luego de que el abogado del presidente electo radicó una denuncia para deslegitimar el acuerdo entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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“Para nadie es un secreto que este convenio compromete a más de 200 fincas de la mafia. Ojalá lo que realmente no esconda esta denuncia sea la intención de sectores asociados, cercanos al círculo del nuevo gobierno, de devolver la tierra de la mafia que nosotros recuperamos”, declaró Harman.
El demandante afirmó que la entrega, sin escrituras, de los predios que en su momento pertenecieron al narcotráfico, deja sin respaldo a los campesinos ante un posible fallo judicial contra la ANT y la SAE.
En su defensa, Harman aseguró que el contrato con la SAE se pagó en su totalidad para proteger los predios entregados y que cualquier fallo judicial se pueda resolver sin afectar a las familias que están trabajando la tierra en este momento.
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“Seguían explotando la tierra sin pagarle un arriendo al Estado colombiano. A esa gente nosotros la desalojamos. La decisión de pagar el convenio es proteger el convenio de cualquier intención de resorte judicial. Si hubiera una decisión judicial de que se devuelva una finca a algún alias, no se le devuelve la finca, sino la plata del valor del predio”, aclaró el director de la ANT.
En la entrevista, el funcionario afirmó que uno de los predios que más le preocupa fue el intervenido en Becerril, Cesar, a alias Barbie, puesto que aseguró que los hijos del exjefe paramilitar son socios del presidente electo en la producción y distribución del ron Defensor".
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La denuncia de la ANT ante la Fiscalía
La ANT anunció que ha identificado que los patrones de intimidación suelen venir acompañados de exigencias para abandonar los predios o desistir de los procesos de restitución o titulación, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos y un obstáculo directo a la reforma agraria.
La entidad informó que los casos se han incrementado en los últimos meses, especialmente en territorios donde avanzan procesos de adjudicación de tierras a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas. Ante esta situación, la ANT solicitó a la Fiscalía y a las autoridades competentes investigar a fondo los hechos y brindar protección urgente a los beneficiarios y líderes amenazados.
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