Después de la Ley de Garantías se firmaron más de 43.000 contratos en Colombia en tres semanas: el valor supera los $7 billones

La organización Transparencia por Colombia llevó a cabo un análisis de las contrataciones que se llevaron a cabo en el país después de que dejó de regir la Ley Estatutaria 996 de 2005 (Ley de Garantías), que establece reglas especiales que aplican durante los procesos electorales presidenciales, con el objetivo de “evitar que los recursos del Estado sean utilizados para favorecer a algún candidato o partido político”.

La normativa prohíbe, entre otras cosas, que las entidades estatales celebren contratos directos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales. Por ese mismo período, se limita la vinculación de personal en las entidades estatales. En la etapa electoral de 2026, la Ley de Garantías rigió entre el 31 de enero y el 21 de junio (fecha en la que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones). Eso quiere decir que, a partir del 22 de junio, las entidades públicas de Colombia reanudaron los procesos de contratación que tenían detenidos.

Transparencia por Colombia revisó los contratos públicos registrados en Secop I y Secop II que se firmaron entre el 22 de junio y el 10 de julio y otras fuentes como el Sistema de Información Estratégica (SIE) del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y el Registro Único Empresarial y Social (Rues), con el fin de analizar cómo fue la contratación durante el periodo en el que dejó de aplicarse la Ley de Garantías.

De acuerdo con el estudio que realizó, en tres semanas, 2.829 entidades nacionales y territoriales firmaron 43.092 contratos. El valor total de los contratos suscritos en ese rango de tiempo es de $7 billones, aproximadamente. De la totalidad de las entidades que adelantaron esas contrataciones, 2.256 acumularon la mayor cantidad de contratos, entre ellas hay alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, entidades municipales y departamentales, resguardos y cabildos, contralorías regionales y empresas de servicios públicos.

Por otro lado, según el análisis de la organización, la contratación del nivel nacional fue realizada por 570 entidades, entre las que están aquellas que hacen parte del Gobierno nacional, corporaciones autónomas, entidades vinculadas al sector de seguridad y defensa, empresas industriales y comerciales del Estado y entidades sin ánimo de lucro estatales.

La mayor parte de las contrataciones fueron celebradas por 488 entidades del Gobierno, que representan el 86% de la contratación. Ahora bien, el valor de los contratos celebrados por las entidades nacionales es de $3,7 billones, aproximadamente, mientras que el valor de los contratos firmados por las entidades territoriales asciende a $4 billones.

“Si se cuenta únicamente a las entidades del Gobierno nacional (únicamente rama ejecutiva), estas concentran el 93% del valor de la contratación de las entidades nacionales ascendiendo a 3,4 billones de pesos”, precisó Transparencia por Colombia en el informe que publicó con los resultados del análisis.

La mayoría de los contratos (2.475) fueron firmados por entidades del Gobierno nacional de carácter descentralizado, entre ellas están el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Le sigue la unidad administrativa, con 1.628 contratos celebrados; y las entidades relacionadas con el sector de la defensa, con 1.440 contratos firmados.

Ahora bien, la modalidad de contratación más utilizada por las entidades del Gobierno nacional durante las tres semanas posteriores a la Ley de Garantías fue la contratación directa: se firmaron 4.409 contratos, que ascienden a $344.302.323.035. De acuerdo con Transparencia por Colombia, la contratación directa se identificó en el 66% de la totalidad de los contratos suscritos, lo que equivale a dos de cada tres contratos.

Este tipo de contratos fueron usados, sobre todo, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Psag), es decir, para la vinculación de talento humano. “Es importante mencionar que esta situación no solo es ocasionada por las facilidades de la contratación directa, sino por restricciones estructurales a los presupuestos de funcionamiento de las entidades públicas”, aclaró la organización.

La segunda modalidad de contratación más utilizada fue la de mínima cuantía, con 1.292 contratos que equivalen a $59.436.439.165.

“Aunque la mayoría de los contratos corresponden a entidades de nivel territorial, las entidades del Gobierno nacional concentran cerca del 45% del valor total de la contratación celebrada en las tres semanas posteriores a la Ley de Garantías, siendo el Invías (Instituto Nacional de Vías) la entidad que concentra los mayores montos de la contratación de estas entidades”, detalló la organización en el informe.

Análisis completo de Transparencia por Colombia