Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a ocho empresarios y directivos de la compañía de ropa interior Lili Pink que, tras una investigación que emprendieron las autoridades colombianas, concluyó que fue el escenario de presuntas operaciones de contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir por cifras superiores a 730.000 millones de pesos.

Durante la audiencia realizada en la mañana del martes 21 de julio de 2026 en el Juzgado 40 Penal de Control de Garantías de Bogotá, el ente acusador presentó cargos contra el cofundador de la compañía, Max Marvin Abadi Harari, señalado como uno de los principales articuladores del esquema investigado, así como contra David Max Abadi Homsani (hijo del cofundador), también de nacionalidad panameña; Malaquilla Bismar Hernández, ciudadano nicaragüense; Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S.; Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna; Jonnatan Villamil Soler; Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, que estaría en Venezuela.

Durante la diligencia judicial, se relató con detalle que la investigación, una de las mayores en materia de criminalidad económica en Colombia, se originó tras hallazgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2022, cuando se detectaron inconsistencias en operaciones de comercio exterior de empresas vinculadas a la importación de confecciones, cosméticos, accesorios y juguetes.

Tras estas incongruencias, las autoridades nacionales identificaron movimientos financieros que no coincidían con la capacidad económica declarada por las sociedades involucradas.

De hecho, la información que se conoce es que la Fiscalía demostró que la red de empresarios, liderados por el socio fundador, habría recurrido a la creación de empresas fachada, simulación de operaciones comerciales y fragmentación de transacciones financieras, junto con movimientos de dinero entre sociedades vinculadas, para encubrir el origen de los recursos y evadir los controles aduaneros y tributarios.

“(...) Así es como se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, mercancía que posteriormente era vendida, materializándose de esta manera el delito de lavado de activos y obteniendo entonces, de esta manera también, un incremento patrimonial para sí o para otros, dependiendo también de la imputación que se realizara con antelación”, dijo la fiscal del caso durante la diligencia.

La funcionaria agregó que “se identificaron también unas empresas panameñas que cumplían entonces el rol de ostentar la titularidad del 100% de las operaciones de las empresas comercializadoras en Colombia, así como también se logró determinar la constitución de proveedores nacionales, esto intentando dar apariencia de que se tercerizaba”.

Por tanto, el ente acusador presentó cifras que explicarían presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito cercano a 430.000 millones de pesos y actividades de contrabando estimadas en 75.000 millones de pesos.

Según el reporte de la audiencia, la Fiscalía adelantó medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

No aceptaron los cargos

Pese a las acusaciones y a la presentación de material probatorio, la defensa insistió en la audiencia que no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades penales y que las operaciones de las empresas cuentan con soportes de importación y pago.

No obstante, la audiencia de imputación fue solo una de las primeras etapas del proceso penal y en próximas diligencias se van a exponer los elementos probatorios por parte de la Fiscalía, mientras los abogados de los señalados controvertirán los argumentos del ente acusador.

En el proceso también fue capturado Walter Francisco Martínez Martínez, abogado y representante de importadoras, a quien se le imputaron delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.

A su vez, desde la defensa judicial de Fast Moda S.A.S. se precisó que Martínez no formó parte de sus órganos directivos, sino que fue proveedor en años anteriores. Este procesado no aceptó los cargos, al igual que los otros ocho empresarios señalados por la Fiscalía, que no reconocieron su presunta participación en los delitos imputados.