Alias Barbas, el presunto criminal que acumuló 61 homicidios tras militar en el ELN y las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Maycoll Isnardo Enciso Bejarano, alias Barbas, al que las autoridades atribuyen 61 homicidios cometidos entre 2020 y 2025 en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría integrado primero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, posteriormente, el frente 10 de las disidencias de las Farc, donde fungió como presunto sicario. La cadena de delitos por la que ahora es procesado incluye asesinatos de líderes sociales, miembros de la fuerza pública y firmantes del Acuerdo de Paz, así como ataques armados y otros crímenes de alto impacto.

Según comunicados oficiales de la Fiscalía, la trayectoria delictiva de Enciso Bejarano refleja las transformaciones recientes del conflicto armado en Arauca, una de las regiones más afectadas por la disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales. El expediente judicial presentado por la Unidad Especial de Investigación documenta hechos violentos distribuidos en diferentes municipios del departamento, zona fronteriza con Venezuela.

El historial criminal: de guerrillero a presunto jefe de sicarios

Las autoridades ubican los orígenes de alias Barbas en las filas del ELN, grupo en el que habría iniciado sus actividades armadas. Las indagaciones sostienen que, posteriormente, desertó para vincularse al frente 10 de las disidencias de las Farc, organización ilegal que desde hace años disputa corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Este cambio de militancia coincidió con una escalada de violencia en Arauca, marcada por enfrentamientos entre ambos grupos y un incremento en los índices de homicidios, desplazamientos y amenazas, según informes de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU.

La Fiscalía imputó a “Barbas” delitos como homicidio agravado en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego. El ente investigador señaló que los hechos atribuidos al procesado formaron parte de una estrategia para asegurar el control y dominio territorial en Arauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia.

Casos emblemáticos y modus operandi

Entre los hechos más graves que integran el expediente resalta el ataque armado contra una patrulla del Ejército Nacional registrado el 11 de septiembre de 2021 en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita.

De acuerdo con la Fiscalía, alias Barbas habría participado en la acción que dejó siete militares muertos —un sargento y seis soldados—, siete uniformados heridos y el robo de 14 fusiles de dotación oficial. Este caso figura como uno de los eventos más letales perpetrados contra la fuerza pública en la región durante los últimos años.

Otro crimen documentado es el asesinato de Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera en Fortul, ocurrido en octubre de 2022. Las investigaciones indican que “Barbas”, acompañado por otros dos hombres, arribó a la finca de la víctima con la intención de secuestrarla.

Ante la negativa del líder comunitario, le disparó y ocultó el cuerpo en la vereda Agua Viva, municipio de Fortul. Este hecho, según la Fiscalía, se inscribe en la política de amedrentamiento y control social ejercida por los grupos armados ilegales sobre las comunidades rurales.

La Fiscalía también vincula a Enciso Bejarano con ataques a firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y otros actores civiles, en el contexto de la disputa territorial por Arauca. El expediente revela que los delitos habrían sido cometidos entre marzo de 2020 y agosto de 2023, periodo en el que el procesado habría operado como sicario de ambas organizaciones, según consta en los materiales probatorios recopilados.

Durante las audiencias preliminares, alias Barbas no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El ente acusador dispuso su permanencia en prisión, en cumplimiento de medidas de aseguramiento ya vigentes por otros procesos judiciales. Mientras avanza el proceso judicial, el procesado permanecerá privado de la libertad.