Demandas ponen bajo revisión diez actos administrativos del Gobierno Petro a 16 días del cierre del mandato: pensiones, fletes y exportaciones, los más afectados

A falta de 16 días para que termine el mandato de Gustavo Petro, diez de los actos administrativos que expidió durante su presidencia siguen demandados ante la jurisdicción por presuntas irregularidades en la creación de obligaciones sin respaldo legal, posibles excesos en la potestad reglamentaria, vulneración del principio de reserva y eventuales afectaciones a la seguridad jurídica.

La firma SPL Salgado Abogados y Consultores y las consultorías de derecho tributario, laboral y administrativo que presentaron las acciones judiciales sostienen que las disposiciones cuestionadas deben ser revisadas por los jueces administrativos para determinar si fueron expedidas dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Estos son los decretos denunciados durante los últimos seis meses

Uno de los procesos corresponde al Acuerdo 10 de 2023 del Sena, el cual, según la demanda, incorporó a la cuota de aprendizaje oficios que no requieren formación académica integral. Los demandantes afirman que esta decisión terminó convirtiendo la obligación principal del contrato de aprendizaje en subsidiaria sobre la monetización, generando una carga económica adicional para las empresas sin el debido respaldo legal.

Otro de los actos demandados es el Decreto 1225 de 2024, en el que se afirma que fueron impuestas obligaciones relacionadas con la reforma pensional antes de que esta entrara oficialmente en vigencia. La firma que demandó considera que ningún decreto reglamentario puede anticipar los efectos de una ley que aún no produce consecuencias jurídicas para los ciudadanos y empleadores.

Otro acto administrativo que fue demandado fue el Decreto 0234 de 2026, que reglamentó la negociación colectiva por niveles superiores al de la empresa. De acuerdo con la demanda, dicha figura no fue creada por el Congreso de la República y, por tanto, el Gobierno no podía incorporarla mediante un decreto reglamentario al tratarse de una materia reservada al legislador.

Asimismo, fue demandado el Decreto 0415 de 2026, por ordenar el traslado anticipado a Colpensiones de los recursos de afiliados al régimen de ahorro individual que aún no habían consolidado su derecho pensional. Los demandantes afirman que esta disposición contradice lo establecido por la propia reforma pensional, que prohíbe expresamente efectuar dichos traslados antes del momento definido por la ley.

Dentro de las acciones judiciales también se encuentran las Resoluciones 1145 de 2021 y 1323 de 2022 de la UGPP, relacionadas con la devolución de los recursos entregados durante la pandemia a través de los programas PAEF y PAP. La firma denunció que estas resoluciones ordenaron liquidar intereses moratorios conforme al Estatuto Tributario, pese a que dichos recursos corresponden a subsidios estatales (subvenciones) y no a obligaciones tributarias, razón por la cual consideran improcedente aplicar la liquidación de intereses como si fueran tributos.

Otro de los procesos fue presentado contra el Decreto 1601 de 2022, al considerar que omitió desarrollar el sistema de presunción de ingresos que la ley ordenó crear. Según la firma SPL, el decreto simplemente reprodujo disposiciones contenidas en normas anteriores sin cumplir el mandato legal de establecer un mecanismo completamente nuevo para determinar dichos ingresos.

La firma mencionada también demandó el Decreto 572 de 2025, con el que el Gobierno incrementó las tarifas de retención y autorretención en la fuente. La demanda sostiene que estas modificaciones carecieron del estudio técnico suficiente para justificar su impacto económico y que, en algunos casos, podrían producir efectos confiscatorios para empresas y contribuyentes.

Otra acción judicial fue presentada contra el Decreto 1017 de 2025, con la que se creó una tarifa del 0.1% sobre los fletes, lo que, según el gremio afectado, constituye la creación de una obligación tributaria mediante un decreto, desconociendo el principio constitucional de reserva de ley, según el cual únicamente el Congreso puede establecer tributos.

La Resolución 687 de 2026 también fue objeto de demanda por establecer un cobro fijo equivalente al 15 % del 25 % por concepto de supuestos gastos operativos dentro de los procesos de cobro coactivo. Para SPL, esta medida desnaturaliza el Estatuto Tributario y termina creando un cobro obligatorio sin autorización legal expresa.

Otro proceso legal que se registró fue contra el Decreto 1047 de 2024, con el que el Gobierno prohibió las exportaciones de carbón hacia Israel. Según la acción judicial, la medida desconocería compromisos adquiridos por Colombia en tratados internacionales de libre comercio, las reglas de la Organización Mundial del Comercio y principios constitucionales relacionados con la libertad de empresa y la libertad económica.