Salario mínimo: Gobierno Petro tomó nueva medida para que el Congreso de la República autorice aumentos tan altos como el de 2026

El Gobierno de Gustavo Petro radicó el proyecto del Estatuto del Trabajo en el Congreso de la República, movida que beneficiaría a millones de trabajadores. La iniciativa llegó de la mano de la bancada del Pacto Histórico y el acompañamiento del Ministerio del Trabajo como parte de un paquete de nueve proyectos de ley. Este reúne en una sola propuesta medidas sobre salario vital, libertad sindical, negociación colectiva, inteligencia artificial, tercerización ilegal, trabajo de cuidado y garantías para grupos con protección reforzada.

Además, busca impedir que normas posteriores reduzcan derechos laborales reconocidos en esa ley y mantener el poder adquisitivo del salario mínimo (hoy de $2.000.000 ante el aumento del 23,7% decretado por Petro) frente a la inflación (6,14% en junio de 2026). Como se recordará, cuando el país aprobó la Constitución de 1991, el artículo 53 ordenó crear un estatuto que reuniera los principales derechos de quienes viven de su trabajo. Esa tarea, de acuerdo con la cartera, seguía pendiente tres décadas después.

Durante el acto de radicación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ubicó la iniciativa dentro de una agenda legislativa más amplia. “Durante más de 30 años los trabajadores esperaron que este mandato de la Constitución se hiciera realidad. Hoy el Gobierno le cumple al país con una propuesta que pone la dignidad del trabajo en el centro del desarrollo, fortalece derechos y deja un legado para las próximas generaciones de colombianos”, afirmó.

Alcance del proyecto y su vínculo con el artículo 53

El proyecto plantea una actualización de las reglas laborales frente a cambios económicos, sociales y tecnológicos. También se presenta como un desarrollo directo del artículo 53 de la Constitución y como una reforma de alcance estructural sobre el trabajo en Colombia.

Sanguino dijo que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió, en cabeza del presidente, junto con la bancada del Pacto Histórico, radicar un paquete de nueve proyectos de ley que deben ser estudiados y tramitados por el Congreso de la República que se acaba de instalar este 20 de junio”. Añadió que “esos nueve proyectos condensan las reformas pendientes y las apuestas progresistas del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de inteligencia artificial y su regulación, en materia de jurisdicción agraria, en materia de reforma a la salud, en materia de reforma a la educación pública superior y en materia laboral”.

Después precisó el lugar que ocupa esta iniciativa en ese conjunto. “Uno de esos proyectos, precisamente de origen en el Ministerio del Trabajo, es el Estatuto del Trabajo y el Salario Vital, que busca cumplir el artículo 53 de la Constitución nacional”.

Sanguino definió además el alcance jurídico y político del texto. “Un nuevo estatuto del trabajo que es una promesa incumplida desde la expedición de la Constitución del 91 y que busca completar y profundizar la revolución laboral iniciada en este gobierno con la Reforma Laboral o la Ley 2466, reformando de fondo, estructuralmente, el Código Sustantivo del Trabajo en una perspectiva de derechos laborales e incorporando el salario vital como un derecho que no debe tener marcha atrás en adelante en la definición del salario de los trabajadores de Colombia”.

Salario vital y nuevas garantías laborales

Uno de los ejes del proyecto es incorporar el salario vital a la ley estatutaria. La propuesta busca que el ingreso laboral cubra las necesidades básicas de una familia en condiciones de dignidad. Para fijarlo, señaló tres criterios: costo de vida, productividad de la economía y necesidades reales de los hogares colombianos. También establece que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

La iniciativa suma reglas para fortalecer la libertad sindical y la negociación colectiva. Protege a los que se organizan para defender sus derechos y amplía las garantías para que el diálogo entre trabajadores y empleadores sea la vía principal para resolver conflictos laborales.

El proyecto añade una garantía de largo plazo sobre los derechos que reconozca esta norma. La intención es que ninguna disposición posterior reduzca esos avances.

Inteligencia artificial, tercerización y cuidados

El articulado incorpora reglas sobre la inteligencia artificial en decisiones laborales. Si un algoritmo toma una decisión sobre una persona trabajadora, esta podrá conocer cómo se produjo y pedir revisión humana. La iniciativa también impide que un empleador despida a alguien solo por una decisión automatizada. Ese punto aparece entre las respuestas del proyecto a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo.

Otro frente apunta a la tercerización ilegal. El texto fortalece herramientas para enfrentar ese mecanismo cuando se usa para ocultar relaciones laborales reales o para evadir prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y otras obligaciones.

De igual forma, el proyecto amplía garantías para:

• Trabajadoras domésticas.
• Personas con discapacidad.
• Adultos mayores.
• Población migrante.
• Adolescentes que pueden trabajar bajo condiciones especiales.
• Prohibición del trabajo infantil.

La propuesta crea el Sistema Nacional del Cuidado para reforzar el apoyo a niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad. Ese esquema prevé un esfuerzo compartido entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, con reconocimiento expreso del valor de las labores de cuidado.

El texto también incluye protección para trabajadores afectados por la transición energética. A eso suma un refuerzo de las funciones de inspección del Ministerio del Trabajo y la reafirmación del derecho a desempeñarse en entornos libres de violencia y acoso.