Salario mínimo de 2027: hay primera propuesta, pero economistas recomiendan varios cambios, entre ellos, que las empresas paguen por horas

La discusión sobre el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia arrancaría con un piso cercano al 7%, según el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón. Ese punto de partida abre una tensión entre compensar la pérdida de poder adquisitivo y evitar que un alza elevada vuelva a empujar otros precios de la economía.

El experto dijo a Portafolio que el aumento del sueldo básico para 2027 podría ubicarse cerca de 8% si la inflación de 2026 cierra alrededor de 7% y se suma un punto de productividad. La proyección también abre un debate sobre si el ajuste debe seguir concentrado en la coyuntura de cada diciembre o pasar a una política salarial ligada a productividad, empleo formal e informalidad. Pabón planteó que el costo de vida podría cerrar 2026 alrededor de 7%. Según él, esa cifra serviría como referencia para definir el ajuste de 2027 por la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año.

Así las cosas, la fórmula de inflación más productividad llevaría la discusión hacia un incremento cercano a 8% ($160.000, lo que lo llevaría a $2.160.000). Pabón remarcó que ese método suele estar entre las referencias centrales de la negociación, aunque la decisión final depende de trabajadores, empresarios y Gobierno.

Sostuvo que el ajuste debe reconocer primero el efecto de la inflación sobre los ingresos laborales. También matizó la postura con una advertencia sobre el tamaño del alza. Según dijo, esperaría que el incremento no se aleje demasiado de ese nivel por los efectos que los aumentos altos pueden causar sobre los precios.

Precedente inflacionario que pesa sobre la discusión

Para sustentar esa cautela, Pabón comparó el ajuste reciente del salario mínimo con el comportamiento de la inflación. Indicó que Colombia cerró 2025 con una inflación cercana a 5,1%, mientras el salario mínimo subió alrededor de 23%. La diferencia, añadió, terminó trasladándose a varios precios de la economía. El efecto se notó, de acuerdo con su explicación, en servicios, regulados y algunos bienes.

La referencia también está dentro de la discusión que se repite cada diciembre. El pulso no se limita al monto del aumento, sino a cuánto puede absorber la economía sin convertir el ajuste salarial en una presión adicional sobre el costo de vida de los hogares.

La propuesta de ligar el salario mínimo a la productividad

El 18 de julio se conoció una propuesta del economista Luis Guillermo Vélez, concejal de Medellín, y la economista Angélica Ordoñez Aristizabal plantearon una revisión de fondo del debate salarial. Ambos advierten que la discusión se limitó durante décadas a incrementos anuales definidos por consideraciones políticas, sin atender los efectos de largo plazo sobre el mercado laboral.

De acuerdo con el análisis, el esquema en vigor de fijación del salario mínimo priorizó la disputa entre sindicatos, empresarios y Gobierno, donde el aumento anual suele verse como una victoria para los trabajadores y una amenaza para el empleo formal. “La verdadera pregunta ya no consiste en cuánto debe aumentar el salario mínimo cada diciembre. La pregunta fundamental es cuál política salarial permite incorporar al mayor número posible de colombianos al empleo formal y elevar sostenidamente su productividad e ingresos”, señalaron.

Diagnóstico sobre informalidad y productividad

Según el estudio, Colombia mantiene una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, con más de 13 millones de personas fuera del empleo formal. Resaltaron que “los principales perjudicados no son quienes conservan un empleo formal. Son quienes nunca logran obtenerlo”, por lo que advirtieron que los aumentos del salario mínimo por encima de la productividad terminan por excluir a los trabajadores menos calificados del mercado formal.

Analizaron cómo el salario mínimo colombiano, que se ubica cerca del 90% del salario mediano según el índice de Kaitz, se convirtió en una barrera para la contratación formal, en especial, en regiones y sectores de baja productividad. Las empresas, frente a costos crecientes, tienden a reducir la contratación, sustituir trabajadores por capital o trasladar parte de su actividad a la informalidad.

Efectos adversos de la política actual

Citaron estudios recientes que muestran que cada aumento de 1% en el salario mínimo real genera decenas de miles de empleos formales destruidos cada año y que la mayor afectación recae sobre jóvenes, mujeres, personas con bajo nivel educativo y trabajadores en pequeñas empresas.

“La evidencia indica que el nivel actual del salario mínimo genera costos importantes sobre el funcionamiento del mercado laboral colombiano y afecta especialmente a los trabajadores de menor productividad”, insistieron.

Además, el informe revela que un salario mínimo muy alto aumenta la desigualdad y la pobreza entre los hogares más vulnerables, ya que los que pierden el empleo formal o quedan excluidos del mercado ven caer su ingreso muy por debajo del umbral de la pobreza monetaria.

El impacto no se limita al ámbito laboral. Incrementos superiores a la productividad también generan presiones inflacionarias, reducen la inversión y deterioran las finanzas públicas. El Estado, según los economistas, asume mayores gastos en pensiones y seguridad social mientras pierde recaudo tributario por la menor formalización.

Propuestas de reforma: regionalización y salario por hora

Ante este panorama, Vélez y Ordoñez proponen una transformación del modelo salarial. Su política se apoya en seis ejes:

• Restablecer la productividad como criterio central.
• Fortalecer el carácter técnico de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
• Adoptar un salario mínimo por hora,
• Reducir la indexación legal al salario mínimo.
• Avanzar hacia una diferenciación territorial,
• Establecer una evaluación permanente de resultados.

“La política salarial necesita evolucionar. No para debilitar la protección de los trabajadores, sino para hacerla compatible con una economía más diversa, más productiva y con mayores oportunidades de empleo formal”, afirmaron. Una de las recomendaciones que hicieron es adoptar un salario mínimo regionalizado y expresado por hora, en línea con países como Estados Unidos, Canadá y Japón. La medida, según sostienen, permitiría formalizar empleos de tiempo parcial y adaptarse a las necesidades de estudiantes, padres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores.

El documento advierte que la indexación del salario mínimo a tarifas, multas y otras obligaciones legales multiplica los efectos negativos sobre la economía. Por ello, sugieren eliminar de manera gradual las referencias y sustituirlas por otras unidades de cuenta.

En cuanto a la diferenciación territorial, proponen definir regiones laborales agrupadas por indicadores objetivos de productividad, ingreso y costo de vida. “Para millones de colombianos, especialmente en las regiones de menor productividad, el verdadero problema no es percibir un salario mínimo ligeramente inferior al de las grandes ciudades, sino no tener acceso a un empleo formal y verse obligados a trabajar en la informalidad”, explicaron.

Evaluación y evidencia como base de la política salarial

El informe insiste en que “toda política pública debe someterse a evaluación. El salario mínimo no debería ser la excepción”. Los expertos proponen que cada incremento anual esté respaldado por un informe técnico que cuantifique sus efectos en variables como empleo, informalidad, desigualdad e inflación.

Hicieron un llamado a que la discusión abandone las posiciones ideológicas y se apoye en la evidencia empírica. “La política pública debe evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones. Una medida inspirada en nobles propósitos pierde legitimidad cuando la evidencia demuestra que produce efectos contrarios a los buscados”, aseguraron.

Dilema de fondo

Según Luis Guillermo Vélez y Angélica Ordoñez Aristizabal, el país enfrenta un dilema que trasciende la magnitud del incremento anual.

“Durante décadas Colombia ha discutido el salario mínimo como si el dilema consistiera en escoger entre salarios altos o salarios bajos. Ese nunca ha sido el verdadero problema. El verdadero desafío consiste en construir una política salarial que permita que el mayor número posible de colombianos tenga un empleo formal, productivo y bien remunerado”, anotaron.

Concluyeron al decir que la protección de los trabajadores depende, sobre todo, de que existan empresas dispuestas a contratar, trabajadores capaces de incrementar su productividad y una economía que genere oportunidades de empleo formal. “Una política salarial basada en la productividad, acompañada de un salario mínimo expresado por hora, menor indexación y una evaluación permanente de resultados, permitiría proteger mejor a los trabajadores sin sacrificar la generación de empleo formal”, finalizaron.