Un operativo desplegado en la costa Pacífica de Nariño dejó uno de los golpes más importantes contra la infraestructura utilizada por las disidencias de las Farc para sostener sus actividades relacionadas con el narcotráfico. La acción conjunta de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación permitió ubicar y destruir 381 laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de derivados de cocaína y precursores químicos.
El resultado afectó directamente las finanzas de la estructura criminal conocida como ‘Alfonso Cano’, señalada por las autoridades como responsable de mantener redes de producción y distribución de drogas en esta zona del país. Según el reporte oficial, las pérdidas económicas ocasionadas a la organización ilegal superarían los 15.600 millones de pesos colombianos. La intervención se concentró durante el último mes en diferentes puntos de la región costera de Nariño, donde los grupos armados aprovechaban las condiciones geográficas para instalar complejos artesanales destinados a la elaboración de sustancias ilícitas. Estos espacios fueron identificados mediante labores de inteligencia desarrolladas por las autoridades.
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Además de la destrucción de los laboratorios, los equipos operativos encontraron e incautaron 2,7 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización. Este material representaba una parte de la producción que la estructura ilegal pretendía movilizar hacia otros territorios y mercados internacionales. Durante las acciones contra los complejos clandestinos también fueron hallados y destruidos 67.352 galones de insumos químicos líquidos. Estas sustancias eran utilizadas dentro del proceso de elaboración del alcaloide y constituían elementos fundamentales para el funcionamiento de los centros ilegales ubicados en la zona.
De acuerdo con las autoridades, el impacto de la operación no se limitó a la eliminación de los laboratorios. La ofensiva afectó distintos eslabones de la cadenas de narcotráfico, desde la producción hasta el almacenamiento y posterior distribución de los cargamentos que salían desde el suroeste del país. La Costa Pacífica nariñense es utilizada por organizaciones criminales debido a su ubicación estratégica para movilizar cargamentos hacia diferentes rutas. Según las investigaciones, la estructura empleaba esta región como punto de salida para abastecer corredores internacionales y mercados de consumo en el exterior, mediante rutas utilizadas para el tráfico ilegal de estupefacientes hacia distintos destinos
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La destrucción de estas instalaciones representa una reducción en la capacidad económica de las disidencias para adquirir elementos destinados a sus actividades armadas y fortalecer su presencia en el territorio. Las autoridades indicaron que el golpe afecta una de las principales fuentes de financiación de estos grupos ilegales. Voceros institucionales señalaron que el operativo demuestra la capacidad de las fuerzas del Estado para intervenir contra redes vinculadas al narcotráfico y afectar las estructuras que buscan expandir sus actividades en zonas rurales del departamento de Nariño.
Las entidades participantes destacaron la coordinación entre unidades policiales, militares y judiciales para ubicar los puntos donde funcionaban los laboratorios. El trabajo de inteligencia permitió establecer la ubicación de estas instalaciones y avanzar en la intervención de los espacios utilizados para la producción de drogas.
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El resultado también busca reducir las condiciones de inseguridad asociadas a la presencia de grupos armados ilegales en la región. Para las autoridades, afectar la economía de estas organizaciones contribuye a limitar su capacidad operativa y disminuir los recursos con los que mantienen sus estructuras, además de dificultar la expansión de sus actividades ilícitas en nuevas zonas del departamento.
Con la destrucción de los 381 laboratorios y la incautación de sustancias e insumos químicos, las autoridades reportaron un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico que operan en Nariño. La operación se suma a las acciones adelantadas para debilitar las fuentes de financiación de las disidencias y recuperar condiciones de seguridad en las zonas afectadas por estas actividades ilegales.
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