Salario mínimo de 2026: empresas critican aumento que respaldó el Consejo de Estado y se quejan de los costos laborales que asumieron

La vigencia del salario mínimo para 2026 en Colombia quedó restablecida después de que la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó el auto que había suspendido el decreto expedido en diciembre de 2025, que estableció un aumento del 23,7% y lo ubicó en $2.000.000, bajo el concepto de “salario vital”. Con la decisión, el aumento seguirá aplicándose mientras se resuelve de fondo su legalidad.

El alto tribunal decidió que el decreto del alza del salario mínimo para 2026 permanezca vigente dentro de un proceso de nulidad simple. La Sala también dejó sin efecto las órdenes derivadas de la suspensión provisional y precisó que “esta decisión no modifica el salario mínimo que actualmente reciben los trabajadores colombianos”.

El despacho ponente había ordenado la suspensión provisional del acto administrativo el 12 de febrero de 2026. Contra la determinación, el Gobierno de Gustavo Petro interpuso un recurso de súplica y la Sección Segunda lo acogió. El efecto inmediato es jurídico y práctico. El decreto se mantiene en vigor hasta que haya una decisión definitiva sobre su legalidad dentro de ese proceso.

Qué dijo el Consejo de Estado sobre la suspensión

La Sala sostuvo que la cautelar inicial se apoyó en un análisis insuficiente sobre el alcance del decreto. En la decisión, indicó que “la Sala encontró que la medida cautelar inicial se sustentó en una aparente falta de motivación, relacionada con las exigencias técnicas del incremento salarial, y no en el análisis sobre un perjuicio concreto, derivado de su aplicación”.

A partir de ese criterio, el alto tribunal concluyó que no había base suficiente para frenar de manera provisional el aumento. También señaló que, al no evidenciarse efectos nocivos concretos por la aplicación del acto, el examen sobre su legalidad debe quedar para el fallo final.

La decisión separó así dos discusiones. Una corresponde a la suspensión inmediata del decreto y otra al juicio de fondo sobre la validez del incremento.

Qué dijeron los trabajadores sobre el fallo

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, celebró la decisión con una crítica al magistrado que intervino primero en el caso. Arias afirmó, por medio de X, que “fue una estupidez jurídica para justificar una maniobra política la que realizó el magistrado del Consejo de Estado Juan Camilo Morales, tal como se puede concluir del fallo final del Consejo de Estado con el cual se deja en firme el Decreto 1469 del 2025, con el cual se incrementó el salario mínimo vital en un 23%”.

De igual manera, el dirigente sindical atribuyó a una intención electoral a la suspensión provisional que quedó sin efecto. “La suspensión se hizo para influir en las elecciones de Congreso y presidenciales en contra de los candidatos al Congreso y a la Presidencia del presidente Gustavo Petro”, sostuvo.

Impacto para el sector empresarial

La CEO de Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, se refirió al fallo. Sostuvo que la continuidad del aumento era previsible desde el ángulo laboral, porque el ajuste rige desde el 1 de enero y se convirtió en “un derecho adquirido y parte del mínimo vital de los trabajadores”. Dijo que “todo lo que vimos ahorita con el Consejo de Estado que tumbó la suspensión del decreto era predecible y necesario. No se realizaron cambios en el salario porque en el artículo 53 de la Constitución se consagra el principio de no desmejora y la condición más beneficiosa para el trabajador”.

De igual manera, cuestionó, sin embargo, la magnitud del incremento frente al momento económico. Lamentó que el aumento del 23,7% se adoptó en una economía cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas 2,2%, algo que afectó sectores claves como la construcción y el agro y, según ella “eso fue catastrófico”.

También sostuvo que el aumento “está totalmente desconectado de la realidad”, porque “la ley exige que, para fijar el salario, se debe mirar la inflación y la productividad”.

Rodríguez advirtió que ese desfase puede trasladarse a los precios y presionar nuevos ajustes salariales. “Las empresas no están produciendo más, así que para no quebrar terminan trasladando ese costo al precio final de los productos. Y este resultado es una inflación que ya amenaza con dejar, acorde a lo que estamos viendo, un piso del 7% para el salario del 2027”, afirmó.

A esa carga sumó otros cambios laborales que, según dijo, endurecen aún más el panorama para las compañías. Desde el 1 de junio se suma un recargo del 90% y desde el 15 de julio entra la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. Rodríguez sostuvo que esa combinación golpea con más fuerza a las micro y medianas empresas.

“Una de las formas donde ellos van a tomar decisiones es irse directamente hacia la informalidad”, advirtió.

La empresaria también cuestionó el sentido económico de las medidas adoptadas por el Gobierno. “No sabemos si el Gobierno anterior o el que está en curso y ya se prepara para entregar el poder al nuevo mandato tenía esto fríamente calculado para dejar un país vuelto nada económicamente, porque estamos vueltos nada. O si efectivamente pensaba que se podía decretar la riqueza por decreto”, finalizó la CEO de Lexacty SAS.