
En medio de las fuertes críticas del gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, el exjefe de Estado Juan Manuel Santos, uno de los principales propulsores del Acuerdo de Paz de la Habana, dejó claro su respaldo a la firma y su disposición a dialogar con el presidente electo Abelardo de la Espriella.
Y es que las recientes declaraciones del nuevo mandatario han dejado sobre la mesa la posibilidad de revertir lo pactado en La Habana en el 2016, por lo que el expresidente Santos sostuvo que cualquier intento de modificar el acuerdo es inviable.
“Cambiar o echar para atrás el acuerdo implica una reforma constitucional que en este momento es prácticamente imposible. Además, Colombia está comprometida con el mundo a cumplir con este acuerdo que la comunidad internacional ha venido siguiendo y apoyando. No hacerlo sería totalmente contraproducente desde el punto de vista de la política internacional.Como si fuera poco, se cometería el delito de perfidia que se configura cuando los estados no cumplen con sus promesas y tratados”, señaló Santos en una entrevista concedida a la revista Cambio.
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Además, el exmandatario señaló que deshacer el acuerdo requeriría una reforma constitucional de alta complejidad, prácticamente imposible de lograr en el actual escenario político.

Santos consideró que la estrategia más prudente para el gobierno entrante no es embarcarse en una confrontación sobre el acuerdo, sino concentrarse en su implementación.
“Le saldría muy caro embarcarse en una pelea perdida en el Congreso para acabar el acuerdo, cuando el país necesita que su presidente y su gobierno se concentren en resolver unos problemas muy serios que encontrarán”, afirmó.
Para el expresidente, el acuerdo representa una oportunidad de encuentro nacional y su correcta aplicación podría resolver muchos de los problemas actuales de Colombia, pese a la fuerte crisis de orden público que se vive en buena parte del territorio.
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Santos también respondió a las críticas sobre la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la supuesta traición a la voluntad popular tras el plebiscito. Santos detalló el proceso de renegociación que siguió a la derrota del “Sí” en el referendo, asegurando que la mayoría de las exigencias del sector contrario fueron incluidas en el nuevo texto.
“Ese nuevo acuerdo tenía el apoyo de todo el mundo, porque los del No participaron en la renegociación”, explicó a Cambio, rechazando la idea de que se hubiese desconocido el resultado del plebiscito.
Según Santos, una eventual reforma constitucional para eliminar la JEP y otros componentes del acuerdo no tiene viabilidad en el Congreso, donde no existen las mayorías requeridas. Incluso, el exmandatario aseguró que si se intentara asfixiar presupuestalmente a la JEP, el gobierno enfrentaría obstáculos legales y políticos.
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“No vale la pena comprar esa pelea por un capricho político. Ojala que el presidente electo escuche y reciba al presidente de la JEP para que le explique por qué la jurisdicción sí está funcionando. Aquí no hay impunidad para las Farc. Todo lo contrario”, señaló Santos a Cambio.
Perspectivas sobre la seguridad y el legado de la paz
En su análisis sobre los problemas de seguridad, Juan Manuel Santos criticó la falta de políticas efectivas en los gobiernos que lo sucedieron y resaltó la importancia de combinar la implementación del acuerdo con una política de seguridad sólida.
El expresidente recordó que los años posteriores a la firma de la paz fueron los más tranquilos en décadas y que una recuperación de la inteligencia estatal, junto a la presencia activa del Estado en los territorios, es clave para enfrentar a los grupos armados ilegales.
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Al referirse a la situación actual, Santos identificó la expansión de bandas criminales y el control territorial de organizaciones como el ELN, y abogó por recuperar la confianza de las comunidades y fortalecer los mecanismos de inteligencia.
Relató que durante su gobierno se logró desarmar a las Farc y que la doctrina militar priorizó la desmovilización y captura sobre el conteo de bajas, lo que trajo resultados positivos en derechos humanos y operativos.
Entretanto, Juan Manuel Santos reiteró su disposición a conversar con De la Espriella, como ya lo hizo en el pasado con otros líderes políticos, Entre otras, por la obligación que, dice, tienen los expresidentes de contribuir con experiencia y búsqueda de consensos.
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De hecho, el exmandatario aseguró que ha intentado mantener diálogos con el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, pero solo ha recibido negativas de su antecesor.
“Como he estado dispuesto a sentarme con Uribe durante estos últimos 15 años. Se lo he propuesto muchísimas veces pero él no ha querido. Yo creo en el diálogo y estoy convencido de que los expresidentes tenemos la obligación de sentarnos a tratar de ayudar al país, a usar nuestra experiencia y contactos para resolver los problemas. Antes de ser petrista, uribista o abelardista, soy expresidente de Colombia. Si me convoca a la Comisión de Relaciones Exteriores para que opine, con mucho gusto asistiré”, seañaló el exmandatario en diálogo con Cambio.
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El expresidente también abordó temas como la legitimidad de la JEP, la política antidrogas y los riesgos de priorizar la confrontación política sobre la construcción de consensos. Insistió en que la experiencia demuestra que una política de mano dura contra las drogas no ha dado resultados y que se requiere una estrategia integral y coordinada con la comunidad internacional.
En la entrevista con Cambio, Santos defendió el papel de las Fuerzas Armadas, resaltó la importancia de mantenerlas fuera del debate político y advirtió sobre los riesgos de repetir políticas que prioricen resultados numéricos en operaciones militares.
En su visión, el futuro del país depende de la capacidad de sus líderes para dialogar, implementar lo acordado y evitar que el pasado siga siendo un obstáculo para la reconciliación nacional.
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