Impactante video muestra cómo niños juegan al lado de una volqueta con explosivos en Arauca: habían sido instalados por el ELN

Tropas del Ejército Nacional lograron desactivar una carga de explosivos instaladas en un vehículo de carga tipo volqueta que había sido abandonado en zona rural del municipio de Tame, departamento de Arauca.

Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló en la tarde del sábado 18 de julio en cercanías a un colegio de una comunidad indígena en el sector conocido como Betoyes del municipio araucano, un punto de tránsito permanente para alumnos, maestros y habitantes del sector.

Incluso, se ha conocido un video donde se muestra que, antes del operativo militar, un grupo de niños se encontraban jugando alrededor del camión, sin percatarse de que en la parte trasera del automotor había cilindros bomba.

En el filme, revelado por Caracol Radio, al menos nueve menores pasan corriendo por los costados del automotor, por lo que estuvieron en riesgo de que fueran víctimas de la carga explosiva.

Posterior al hecho, las tropas del Grupo Marte de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional llegaron al lugar, inspeccionaron el vehículo, acordonaron el área y activaron los protocolos de seguridad.

El Ejército confirmó que los artefactos fueron desactivados de manera controlada y que no hubo personas heridas. La operación se extendió por varias horas hasta neutralizar por completo la amenaza.

Además de los cilindros bomba, también fueron halladas 28 rampas de lanzamiento. Las primeras hipótesis indican que la volqueta habría sido usada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por el momento, las autoridades aún no han establecido por qué la volqueta fue abandonada después frente al colegio ni si los explosivos estaban destinados a un nuevo objetivo.

La investigación busca reconstruir el recorrido del vehículo, determinar la procedencia del material y establecer quiénes participaron en su transporte y abandono.

Entre tanto, la comunidad educativa de Betoyes expresó preocupación por la seguridad en la zona, mientras el Ejército mantiene operativos en el área.

Atentado contra estación de Policía de Tame

El hallazgo ocurrió en el mismo sector donde poco antes se había cometido un ataque contra la estación de Policía del municipio.

El hecho, ocurrido el 14 de julio de 2026, dejó la muerte de tres personas, entre ellos, dos uniformados y un civil, mientras que otras cinco resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas hasta un centro médico cercano.

De acuerdo con el reporte preliminar del Ejército Nacional, los artefactos fueron lanzados contra la infraestructura policial del corregimiento, una zona rural del municipio de Tame donde el Ejército de Liberación Nacional mantiene presencia activa.

Llamado de la Defensoría del Pueblo

Además de los dos hechos de violencia registrados en el departamento de Arauca (oriente de Colombia), la Defensoría del Pueblo también alertó otros ataques armados registrados en otros cuatro regiones del país sudamericano.

Uno de los datos más graves del reporte es que 45 personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato, en Chocó, una situación que obligó a evacuarlas. En ese mismo hecho murieron dos soldados y otros seis uniformados resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos.

Según la entidad, los episodios se registraron en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander, y fueron atribuidos a distintos grupos armados ilegales. El balance incluye víctimas civiles, integrantes de la Fuerza Pública lesionados, viviendas afectadas y comunidades expuestas a nuevos riesgos por la continuidad de las hostilidades.

La advertencia plantea que la respuesta estatal debe centrarse en la prevención y la protección de la población afectada. La Defensoría insistió en que las autoridades nacionales y territoriales mantengan acciones coordinadas para salvaguardar los derechos de las comunidades.

Además, la entidad nacional hizo un llamado a los grupos armados para que cesen sus hostilidades contra la fuerza pública y la población civil.

“Tienen la obligación inderogable de atender las normas del derecho internacional humanitario, respetar a la población civil, especialmente a los menores de edad, así como los bienes de carácter civil. Estos hechos constituyen infracciones al derecho humanitario, condenables en el derecho penal interno y en el internacional”, expresó la Defensoría en un comunicado.