Tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán en un operativo de ICE, experto advirtió por qué los migrantes en Estados Unidos pueden ser detenidos pese a tener documentos legales

Tras el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del ICE en Maine, el abogado colombiano John Sánchez —especialista en procesos judiciales migratorios— advirtió sobre los vacíos legales que enfrentan los solicitantes de asilo en Estados Unidos.}

En diálogo con Infobae Colombia, Sánchez comentó que la situación de quienes esperan resolución de su caso es de “legalidad parcial”, lo que los deja expuestos a detenciones y abusos, incluso si portan documentos oficiales.

“La gente cree que el asilo es un estatus, pero no es así”, explicó Sánchez.

Según el especialista, quienes solicitan asilo reciben un “status pending”, es decir, pendiente por resolver.

“El Gobierno les otorga un número de seguro social y un permiso de trabajo para que puedan identificarse y laborar legalmente, pero su situación migratoria aún no está definida”, detalló el jurista colombiano.

Esta condición, insistió Sánchez, “los admite en el país y les otorga una legalidad parcial”.

Vacío jurídico y riesgo frente al ICE: posibles riesgos para colombianos en EE. UU.

El abogado advirtió que este estatus pendiente, lejos de brindar certeza, deja a los solicitantes de asilo en un limbo jurídico.

“La administración Trump ignoró que estas personas están legales mientras esperan su resolución. Aunque no tienen un estatus definitivo, sí cuentan con documentos expedidos por el propio Gobierno”, aseguró Sánchez.

La situación se agravó tras la emisión de un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (o Uscis, por su siglas en inglés) —no una regulación formal— que permite a ICE requerir a cualquier persona que haya excedido el tiempo de su visa o cruzado la frontera, aunque tenga documentos vigentes.

“Ahí es donde aparece el vacío jurídico. ICE puede requerirlos en cualquier momento y, aunque muestren sus documentos, para la autoridad no es suficiente porque siguen sin un estatus formal”, expuso el jurista.

Consecuencias de la falta de actualización y representación legal

Sánchez explicó que muchos solicitantes de asilo agravan su situación al no actualizar su caso. “Si por ejemplo alguien (un ciudadano colombiano, por ejemplo) lleva siete años en el país y nunca ha refrescado la evidencia ni cuenta con representante legal, para las autoridades es un caso abandonado”, advirtió.

Por este motivo señaló que los connacionales deben estar al tanto de sus procesos dado que la falta de mantenimiento del expediente o de asesoría jurídica puede llevar a que el caso sea considerado inactivo, incrementando el riesgo de detención.

“Lo mejor es tener representación legal lo antes posible”, recomendó el abogado.

Producto de la asesoría legal, y adicional de un dinero que se debe abonar para obtener un documento, el jurista explicó que “el solicitante puede llevarse el (formato) G-28 —el poder del abogado— y una carta que certifica su legalidad en el país. Si lo detienen, pueden contactarnos de inmediato para actuar”.

Estrategias de defensa y recursos legales ante detenciones: qué hacer si lo detienen

Cuando un solicitante de asilo es detenido, los abogados recurren a diferentes herramientas de defensa.

“Pese a que la autoridad puede detenerlos, existen argumentos y recursos como cartas de recomendación, referencias de empleadores o de iglesias, que ayudan en el proceso”, explicó Sánchez.

En muchos casos, la defensa se apoya en el “habeas corpus y la solicitud de fianza” para lograr la liberación del detenido, añadió el experto en su explicación.

El abogado insistió en que la legalidad parcial no garantiza inmunidad ante el ICE, pero sí otorga herramientas para defenderse.

“La carta del abogado y el G-28 son fundamentales para demostrar que el caso está activo y que hay representación. Aun así, la vulnerabilidad persiste por la falta de resolución definitiva”, menciona el jurista.

Crítica al sistema y al manejo administrativo del asilo

Sánchez calificó la situación de Durán Guerrero como “un atropello directo al derecho de asilo”.

Asimismo, él considera que la demora en la resolución de los casos refleja fallas administrativas más que responsabilidad del solicitante.

“El hecho de no resolverse un asilo durante siete años es problema de desorden de la administración, no de la persona”, sentenció el jurista colombiano.

Para el especialista, negar la protección total a quienes ya han recibido autorización para residir y trabajar, mientras esperan, “es terriblemente injusto”.

A su juicio, el crimen de Durán Guerrero expone el costo humano de estos vacíos jurídicos y la urgencia de una reforma que otorgue certeza y protección real a los solicitantes de asilo en Estados Unidos.