Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió frenar más de 40 contratos para ahorrarle más de $6.000 millones a Colombia: a quiénes afecta

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, pidió aplazar el comité de contratación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), entidad encargada de representar y defender los intereses jurídicos del Estado colombiano en procesos judiciales, arbitrales y de conciliación, en el país y en el exterior. La reunión estaba citada para el miércoles 15 de julio y en ella se revisarían o adjudicarían 48 procesos por más de $6.402 millones.

La solicitud del próximo funcionario del Gobierno de Abelardo de la Espriella incluye frenar la adjudicación o aprobación de esos contratos hasta que el equipo de empalme revise la documentación. También pide que, dentro de los tres días siguientes, la Andje entregue el detalle de cada proceso, con su objeto, cuantía, modalidad de selección, respaldo presupuestal, vigencias futuras y estudios previos.

Cancino dirigió la carta al director general de la Agencia, César Palomino Cortés. En el documento señaló que la sesión estaba prevista “para el día de hoy”. Sostuvo que el equipo de empalme reconoce que el Gobierno Petro mantiene facultades hasta el 7 de agosto. Aun así, cuestionó que se adopten decisiones de ese alcance en plena transición administrativa.

En la carta, el ministro designado precisó que “no es la validez jurídica de dichos procesos lo que motiva esta comunicación, sino la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”. También advirtió sobre “un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración”.

Cómo se reparten los 48 contratos y las vigencias futuras

Según la información incluida en la comunicación, el paquete suma $6.402 millones. De ese total, corresponden a:

• Recursos de la vigencia actual: $4.379 millones corresponden a recursos de la vigencia actual.
• Vigencias futuras: $2.022 millones.

La mayor carga presupuestal está en:

• Dirección de Defensa Jurídica Internacional: con 26 de los 48 procesos y cerca de $3.049 millones.
• Secretaría General Administrativa y Financiera: con tres procesos por $1.719 millones, de los que más de $1.504 millones corresponden a vigencias futuras.
• Dirección de Gestión de la Información: concentra cinco procesos por $903,9 millones. De esa suma, $385,4 millones pertenecen a la vigencia actual y $518,5 millones se ejecutarían con vigencias futuras.
• Oficina Asesora de Planeación: tiene dos procesos por $122,1 millones.
• Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información: tres contratos por $150 millones.
• Dirección de Políticas y Estrategias: un proceso por $62,2 millones.
• Oficina de Control Interno: un proceso por $45 millones.
• Dirección General-Comunicaciones: un contrato por $10,5 millones.
• Secretaría General: varios procesos por montos entre $60 millones y $160 millones.

Qué información pidió el equipo de empalme

La primera petición de Cancino fue “aplazar la decisión de adjudicación o aprobación de los procesos contractuales relacionados”. Añadió que esa pausa debe mantenerse hasta que el equipo de empalme revise la información requerida. El ministro designado solicitó que, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación, la Agencia remita la relación completa de los procesos. Pidió que cada expediente incluya:

• Objeto.
• Cuantía.
• Modalidad de selección.
• Disponibilidad de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).
• Registro presupuestal (RP).
• Existencia y alcance de vigencias futuras.

También reclamó los estudios previos que sustenten la necesidad de cada contrato y expliquen por qué no pueden diferirse a la próxima administración. En otro tramo de la carta, expuso que el levantamiento de la Ley de Garantías Electorales “no obliga, por sí solo, a adelantar procesos de contratación, siendo válido también abstenerse de hacerlo”.

La comunicación añadió una revisión adicional sobre posibles vínculos entre estos procesos y otros contratos recientes de la Agencia. El objetivo de esa consulta es establecer si existe relación de objeto, necesidad o proveedor que pueda abrir dudas sobre un eventual fraccionamiento contractual.

Advertencia a los organismos de control y el papel de la Andje

La carta también quedó en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El documento las menciona ante la posibilidad de acciones preventivas de vigilancia y control. En el material también aparece la Superintendencia de Notariado y Registro, aunque por un derecho de petición distinto y no por estos 48 contratos de la Andje.

Dicha referencia no forma parte del paquete contractual objeto de la solicitud enviada a Palomino.

El reclamo de Cancino no niega la facultad legal de contratar en el tramo final del mandato. Su objeción se concentra en el volumen, el monto y el efecto presupuestal de decisiones que, si se concretan ahora, quedarían bajo ejecución de la administración entrante.