El Concejo Distrital impulsa protocolo “Bogotá no se alquila” para frenar la gestación subrogada y el turismo reproductivo

El Concejo de Bogotá avanza en la adopción del Protocolo “Bogotá No Se Alquila”, una estrategia integral que busca frenar el turismo reproductivo y la explotación de vientres en la capital, fenómeno que ha crecido al amparo de vacíos normativos y falta de controles sobre la gestación subrogada.

La iniciativa, presentada por el concejal Andrés Barrios, responde a la preocupación por la consolidación de una industria que convirtió a Bogotá en uno de los principales escenarios de esta práctica en Colombia, donde mujeres en situación de vulnerabilidad son instrumentalizadas por redes nacionales e internacionales de intermediarios.

“El debate no puede reducirse a la reproducción asistida. Es más grave: se está permitiendo que la vida humana tenga precio. Detrás del alquiler de vientres hay una cadena económica integrada por clínicas, agencias, reclutadores, abogados y procedimientos judiciales que comercializan niños para nacionales y extranjeros, aprovechándose de la necesidad económica de las mujeres y la ausencia de un marco jurídico suficiente”, advirtió Barrios durante la presentación de su propuesta en el Cabildo Distrital.

De acuerdo con el cabildante, la Corte Constitucional de Colombia ha llamado reiteradamente al Congreso y al Gobierno nacional a regular de forma integral las técnicas de reproducción humana asistida, para evitar la comercialización de la vida y la explotación de mujeres y niños.

En la misma línea, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas advirtió que la gestación subrogada puede constituir una forma de explotación reproductiva, recomendando su erradicación y la responsabilización de intermediarios y compradores.

Barrios reveló que el aparente carácter altruista de la gestación subrogada en Colombia terminó convertido en un negocio multimillonario: un extranjero puede pagar alrededor de 60.000 euros (más de $260 millones) por un proceso de gestación subrogada, mientras la mujer gestante recibe apenas entre el 10% y el 27% del valor total.

Documentos presentados por el concejal evidencian pagos mensuales, compensaciones condicionadas a la entrega del bebé y bonificaciones conocidas como “bono de éxito” o “bono de buen comportamiento”, dejando claro que no se trata de altruismo sino de una estructura comercial sobre el cuerpo de las mujeres.

El problema se agrava por la falta de información institucional. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) reconoció que sus sistemas ni siquiera contemplan la categoría de maternidad subrogada, por lo que el Estado desconoce cuántos niños han estado involucrados en estos procesos.

De acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en 2024 se registraron 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad, mientras la Registraduría, Migración Colombia y autoridades judiciales intervienen de manera fragmentada, sin una respuesta integral que garantice el interés superior del menor ni la protección de las mujeres gestantes.

Para Barrios, la ausencia de controles ha permitido la consolidación de redes de captación que buscan mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y población migrante a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, presentando la gestación subrogada como una oportunidad laboral.

“Estas dinámicas generan escenarios compatibles con explotación reproductiva e incluso riesgos asociados a la trata de personas”, advirtió el concejal, quien insistió en que el distrito no puede seguir evadiendo su responsabilidad bajo el argumento de que es un tema exclusivo del Congreso.

El Protocolo Distrital “Bogotá No Se Alquila” propone cuatro ejes de acción:

• Fortalecer la inspección y vigilancia sanitaria sobre clínicas y procedimientos
• Prevenir y desarticular redes de captación de mujeres
• Activar mecanismos de protección social para mujeres vulnerables y migrantes; y crear un sistema distrital de información
• Alertas y seguimiento para identificar riesgos y posibles afectaciones a mujeres y niños.

“Bogotá no puede expedir por sí sola una ley nacional para prohibir la gestación subrogada, pero sí puede ejercer plenamente sus competencias para proteger la dignidad humana, la salud de las mujeres y los derechos prevalentes de los niños. Con el Protocolo ‘Bogotá No Se Alquila’ buscamos cerrar espacios de impunidad y prevenir la explotación reproductiva”, concluyó Barrios.

Paralelamente, la concejala Tata Hernández sumó su voz de alerta sobre el vacío normativo que rodea la subrogación en Colombia y el riesgo de que las mujeres sean instrumentalizadas y expuestas a la trata de personas. Hernández denunció que en 2026 en Bogotá ocurrió un caso de muerte materna asociada a gestación subrogada, sin que el distrito lo identificara a través de rutas de prevención o vigilancia, sino únicamente por el desenlace fatal.

Hernández enfatizó que, según fallos del Tribunal Superior de Bogotá, la madre legal es la que da a luz y ninguna mujer puede renunciar a sus obligaciones con los hijos por contrato privado. “No podemos permitir que el mercado de la subrogación pase por encima de la ley civil y de la protección de la niñez”, advirtió.