Mafe Carrascal acusó a De la Espriella de querer “borrar la paz” con la eliminación de varias consejerías: “No es austeridad”

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, arremetió con dureza frente a los anuncios del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre una profunda reestructuración de la Presidencia de la República a partir del 7 de agosto, el día de su posesión.

La congresista oficialista y defensora del Gobierno saliente de Gustavo Petro advirtió que la supresión de dependencias clave no responde a un plan de ahorro fiscal, sino a una estrategia ideológica para desmantelar la arquitectura institucional que sostiene el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La controversia se desató luego de que De la Espriella confirmara la eliminación de 229 cargos y la supresión de consejerías presidenciales encargadas de la reconciliación y los derechos humanos, cuyas funciones serán trasladadas a los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores para ahorrar unos $10.000 millones anuales.

Para Carrascal, esta medida es una preocupante maniobra que busca debilitar las garantías democráticas y borrar el recorrido histórico que hizo el país para poner fin al conflicto armado con las extintas Farc y de otras organizaciones armadas ilegales.

Carrascal calificó la medida como un ataque al Estado de derecho

La congresista petrista argumentó que la paz en Colombia no es una política opcional que pueda cambiar con el gobernante de turno, sino un mandato constitucional y una obligación internacional que compromete al Estado colombiano de manera permanente.

“Eliminar las Consejerías para la Reconciliación, DD. HH. y DIH, la Unidad para la Implementación y la figura del Alto Comisionado para la Paz no es austeridad: es desmantelar la institucionalidad de paz”, denunció Mafe Carrascal a través de su cuenta de la red social X.

La legisladora recordó que el cumplimiento de los textos firmados en 2016 está blindado jurídicamente por la Constitución de 1991 y por el Acto Legislativo 02 de 2017, el cual exige que las instituciones del Estado actúen bajo el principio de buena fe para garantizar la reincorporación de los excombatientes y la protección de los derechos de las víctimas.

La congresista del Pacto Histórico alertó que la eliminación de estas agencias y consejerías envía un mensaje de desprotección para las comunidades de las regiones más apartadas, donde estas entidades servían de puente con el Gobierno central para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos y coordinar la inversión social.

“Se debilita la implementación del Acuerdo, se desconoce el principio de buena fe y el artículo 22 de la Constitución, que reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Mientras desmontan la institucionalidad de paz, aumentan los discursos de estigmatización contra quienes le apostaron al Acuerdo. La implementación no depende del gobierno de turno: es una obligación del Estado”, precisó Carrascal.

La representante del Pacto Histórico añadió a su pronunciamiento señalando que los sectores alternativos y las víctimas se mantendrán vigilantes frente a lo que llamó un intento de la ultraderecha por imponer la confrontación armada sobre el diálogo y la memoria histórica de la nación.

“Estamos frente a una apuesta ideológica de la ultraderecha por deshacer los avances de la paz, debilitar las garantías democráticas y sustituir el cumplimiento de la palabra por la lógica de la confrontación. No somos un paréntesis en la historia. La memoria no se borra”, puntualizó la congresista en X.

Una apuesta de austeridad que divide opiniones: esta es la idea de De la Espriella

Durante una transmisión en vivo realizada el lunes 13 de julio de 2026, el mandatario electo justificó la reestructuración interna bajo la premisa de que el Estado colombiano debe ser más eficiente, menos burocrático y concentrado en la entrega de resultados tangibles a los ciudadanos.

Según el nuevo jefe de Estado, la acumulación de dependencias en el palacio presidencial generaba una duplicidad de funciones que afectaba la agilidad de la administración pública: “Será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados. Ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, fortaleciendo la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”.

Entre las oficinas que desaparecerán de la Presidencia se encuentran la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, De la Espriella reiteró que bajo su administración se aplicará una política de mano dura en materia de orden público, lanzando fuertes críticas al actual funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes y buscaremos desmontar este sistema de impunidad”, sentenció durante su transmisión en vivo.