Abogada laboralista se refirió a mujer condenada por alterar una incapacidad médica: “No es un simple papel”

La reciente condena contra una empleada en Manizales por presentar una excusa médica falsa ante la EPS Salud Total provocó un debate nacional sobre las consecuencias legales y laborales de este tipo de fraudes.

Por este motivo, la abogada laboralista Cindy Isaza se pronunció en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que explicó los alcances y riesgos de alterar documentos médicos para justificar ausencias laborales.

El caso que motivó la intervención de Isaza se remonta a marzo de 2018, cuando una trabajadora, identificada como Claudia, laboraba en una empresa de seguridad y salud en el trabajo.

Entre el 12 y el 14 de ese mes, la mujer presentó una incapacidad médica supuestamente expedida por la EPS Salud Total para justificar tres días de ausencia. Sin embargo, la entidad detectó irregularidades en el documento y, tras una revisión, concluyó que había sido alterado.

El proceso judicial se extendió durante ocho años y culminó con una sentencia de dos años de prisión condicional para la acusada, quien aceptó su responsabilidad ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales.

Esto explicó la abogada laboralista sobre el caso de la mujer condenada por alterar una excusa médica

En su análisis, Isaza fue clara al señalar: “Ojo, que presentar un documento falso o alterado a tu empleador puede costarte mucho más que el trabajo, puede terminar en una condena penal. Y esto acaba de pasar en Colombia”.

La abogada explicó que el caso se originó cuando la empresa detectó inconsistencias en la incapacidad presentada, lo que motivó una investigación formal.

“El caso llegó a la fiscalía y comenzó una investigación. Allí se comprobó que la incapacidad original era por un día y que el documento presentado había sido alterado para registrarse por tres días. Con esas pruebas, un juez la condenó por el delito de falsedad en documento privado del artículo 289 del Código Penal", expuso la jurista antioqueña.

La condena a dos años de prisión fue impuesta bajo la modalidad de libertad condicional, lo que implica que la trabajadora no irá a la cárcel si cumple con buena conducta durante ese periodo.

No obstante, Isaza recalcó que el impacto de estos actos va mucho más allá de lo laboral.

“Como abogada laboralista, quiero que entiendas que esto no es solo querer engañar al empleador, es una conducta que puede tener repercusiones penales”, aseveró la abogada.

La especialista hizo hincapié en la importancia del principio de buena fe en las relaciones laborales.

“La relación entre un trabajador y un empleador se construye sobre un principio que seguramente ya has escuchado muchas veces y es la buena fe. Por eso, presentar un documento alterado puede romper esa confianza y, dependiendo de las circunstancias de cada caso, también generar consecuencias dentro de la relación laboral”, argumentó la jurista.

Isaza también abordó el valor jurídico de las incapacidades médicas

“Una incapacidad médica no es simplemente un papel para justificar una ausencia, es un documento con efectos jurídicos muy importantes”, mencionó más adelante en su intervención Isaza, al precisar que “para el trabajador, demuestra que existe una condición de salud que le impide trabajar durante un tiempo y, según el caso, le permite acceder al reconocimiento económico de esa incapacidad”.

En este escenario, la abogada laboralista puntualizó que “para el empleador, también produce efectos” una incapacidad médica.

“Primero, justifica la ausencia del trabajador para no incurrir en faltas previstas en el reglamento interno de trabajo; segundo, puede implicar reorganizar el trabajo y contratar otro personal mientras esa persona se recupera; y tercero, pone en marcha diferentes trámites relacionados con esa incapacidad”, señaló la experta.

En el caso de Manizales, la EPS Salud Total realizó un análisis documentológico y comprobó que las características físicas del documento presentado no coincidían con los originales utilizados por la entidad, lo que permitió confirmar la falsificación, señaló un informe del diario La Patria.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, y en septiembre de 2025 se formalizó la acusación.

La aceptación de cargos y la colaboración de la acusada influyeron en la decisión judicial de no imponer una pena privativa de libertad efectiva.

Isaza concluyó su mensaje al resaltar el aprendizaje que deja este caso: “Una incapacidad médica no es un simple trámite ni un papel cualquiera, es un documento con efectos jurídicos para trabajadores y empleadores, y precisamente por ser así, no debe falsificarse ni debe utilizarse para cometer cualquier fraude.”

Adicional a todo lo anterior, el Código Penal colombiano establece que falsificar un documento privado que pueda servir de prueba y hacer uso de él puede acarrear penas de prisión de hasta nueve años, dependiendo de la gravedad y las circunstancias.