Deuda pública de Colombia podría subir hasta 66,1% del PIB, según análisis del Observatorio Fiscal

Las finanzas públicas de Colombia podrían enfrentar una presión mucho mayor de la prevista si coinciden varios factores económicos adversos. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que la deuda neta del país podría escalar hasta 66,1% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que acercaría a Colombia al límite establecido por la Regla Fiscal.

La proyección contrasta con el 58,9% del PIB que estima el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026. Aunque el Observatorio considera que la estrategia presentada por el Ministerio de Hacienda es técnicamente consistente, señala que depende de supuestos que históricamente son difíciles de cumplir. Por ello, pequeñas desviaciones podrían alterar significativamente la trayectoria de la deuda, especialmente durante el cambio de Gobierno.

El estudio evaluó distintos escenarios para medir qué ocurriría si se deterioran algunas de las principales variables fiscales. Los resultados muestran que el endeudamiento aumentaría incluso si los choques ocurren por separado, mientras que una combinación de todos tendría un efecto mucho más fuerte. Si el costo promedio de la deuda aumentara un punto porcentual en 2027, la deuda neta llegaría al 60,7% del PIB. En caso de que el crecimiento económico fuera un punto porcentual inferior al previsto, el indicador alcanzaría el 60,8%.

El mayor impacto individual provendría de un deterioro de un punto porcentual en el balance primario, escenario en el que la deuda superaría el 61,6% del PIB. Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses y es clave para evaluar la capacidad del Estado de contener el endeudamiento.

El escenario más exigente aparece cuando los tres riesgos ocurren al mismo tiempo. Bajo esas condiciones, la deuda subiría hasta 66,1% del PIB, acercándose al límite legal de 71% fijado por la Regla Fiscal. El Observatorio recuerda que este tipo de desviaciones no son ajenas a la realidad reciente, pues en 2025 el balance primario se deterioró 1,2 puntos porcentuales por encima de lo autorizado mediante la cláusula de escape.

Otro de los puntos que preocupa al informe es la capacidad del Gobierno para aumentar sus ingresos. Más del 90% de los recursos del Gobierno Nacional Central provienen de impuestos y, pese a las diez reformas tributarias aprobadas entre 2006 y 2022, el recaudo permaneció alrededor del 14% del PIB. Aunque en 2023 se registró un incremento temporal, para 2025 el recaudo volvió a ubicarse en 14,6% del PIB. A esto se suma la caída de la elasticidad tributaria, indicador que mide cuánto aumenta el recaudo por cada punto adicional de crecimiento económico y que para 2026 se acerca a su nivel más bajo de los últimos años.

Ese comportamiento genera dudas sobre uno de los principales supuestos del MFMP, que proyecta una reforma tributaria en 2027 con ingresos cercanos a 1,4% del PIB, equivalentes a más de $30 billones. Según el Observatorio, la menor respuesta del recaudo frente al crecimiento económico pone en entredicho que esa meta pueda alcanzarse. El informe también advierte que la recuperación esperada de la inversión enfrenta varios desafíos. El Gobierno prevé que la formación bruta de capital fijo pase de 16,8% del PIB en 2024 a 23,4% en 2037, pero el Observatorio recuerda que este indicador permanece estancado desde 2016 y continúa por debajo de otros países de la región.

La ejecución de la inversión pública también refleja dificultades. Después de caer a 57% en 2024, se recuperó parcialmente hasta 64,2% en 2025. Sin embargo, en el sector transporte, que cuenta con $15,6 billones para inversión en 2026, Invías y la ANI registraban a mayo una ejecución financiera de apenas 11,8%, con 51 proyectos sin avances y ninguno por encima del 30 %.

Por el lado del gasto, el margen de maniobra también es reducido debido al peso de las transferencias territoriales, las pensiones, la salud y el pago de intereses. A mayo de 2026, la ejecución presupuestal alcanzaba 31,3%, lo que limitaría la capacidad del próximo Gobierno para reorientar recursos sin comprometer las metas fiscales.