JEP confirmó fechas para el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario, acusado de crear plan para exterminar la familia Turbay Cote

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el domingo 12 de julio que iniciará el primer juicio adversarial transicional contra un excongresista, al llevar a audiencia al exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas por su presunta participación en un plan sistemático, articulado con las extintas Farc, para eliminar a la familia Turbay Cote y asegurarse el control político de Caquetá, durante el 2000.

De acuerdo con la JEP, la fase pública del proceso se desarrollará en Bogotá los días 22 y 23 de julio y en ella, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP responsabilizará a Almario del crimen de lesa humanidad de persecución contra este grupo: en una intenstina lucha de poder en este departamento del sur del país, en el que se involucraron, según la evidencia, el extinto grupo armado.

Según la acusación del tribunal transicional contra el exparlamentario, existió una alianza criminal que incluyó el asesinato y secuestro de aproximadamente 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del denominado sector “turbayista”. Entre las víctimas figuran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, todos en este departamento, que era considerado un fortín de la guerrilla.

Las evidencias que tiene la JEP contra el exrepresentante Luis Fernando Almagro

En el expediente se destaca la masacre del 29 de diciembre de 2000, en la que la Columna Móvil Teófilo Forero mató a Diego Turbay Cote, en entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay, y cinco acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

Durante las próximas audiencias, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAV) de la JEP abordará el análisis de pruebas y estipulaciones pactadas por las partes. Al concluir esta etapa, Almario podrá optar por reconocer tardíamente su responsabilidad o persistir en la defensa; aunque en caso de que sea encontrado culpable en juicio enfrentaría una condena de hasta 20 años de prisión.

Es válido decir que la defensa del político ha presentado múltiples recursos para intentar suspender o anular el proceso desde 2023. En consecuencia, la JEP ya rechazó dos solicitudes de nulidad y una petición de prescripción, al calificar tales acciones como fuera de plazo y carentes de fundamento; además de reiterar que no admitirá recursos “notoriamente improcedentes” para postergar el juicio.

En síntesis, la acusación formal de la Unidad de Investigación y Acusación sostiene que la estrategia criminal se enfocó en la eliminación del liderazgo político de la familia Turbay Cote, al emplear la violencia para reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Con esto, las pruebas y testimonios sobre los crímenes en mención serán debatidos de forma en las audiencias que se llevarán a cabo del caso.

Almario se ha visto envuelto en medio de polémicas, por el rechazo, en junio de 2026, a su solicitud de sometimiento voluntario en la JEP por un caso de parapolítica. Para el tribunal, fueron insuficientes sus compromisos de verdad, reparación y no repetición; mientras que la Corte Suprema ratificó en 2025 una condena por concierto para promover grupos armados ilegales y constreñimiento al elector.

De acuerdo con la JEP, Este juicio adversarial representa un precedente para la justicia transicional en Colombia, pues implica que los comparecientes que no reconocen responsabilidad deberán enfrentar un proceso público y probatorio. Así pues, enfatizó que no permitirá impugnaciones reiteradas ni maniobras dilatorias que obstaculicen la búsqueda de verdad y la garantía de derechos para las víctimas.

A su vez, ha emitido hasta ahora 182 imputaciones contra las Farc y sus bloques por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo secuestros, asesinatos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario en distintas regiones del país. Las audiencias serán decisivas para determinar el grado de responsabilidad de Almario Rojas y encausar, de esta forma, uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la impunidad en el conflicto armado.