Exfiscal Francisco Barbosa acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de “asediar” las instituciones tras la elección de Abelardo De la Espriella

En un nuevo y duro pronunciamiento contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y su candidato en la pasada contienda electoral, el senador Iván Cepeda, el exfiscal General Francisco Barbosa encendió una vez más las alarmas: y sostuvo que un gobernante que usa las instituciones para impedir la alternancia no solo enfrenta al mandatario electo, también ataca al la Constitución Política.

En una columna del domingo 12 de julio, publicada en El Heraldo y que se denominó Depredadores, el exfuncionario del poder judicial en Colombia presentó esa tesis como una advertencia sobre Colombia y situó la amenaza en el ejercicio mismo del poder; justo cuando se aproxima el acto de posesión del nuevo jefe de Estado: el abogado Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta del 21 de junio.

En efecto, Barbosa vinculó esa lectura con el libro La hora de los depredadores (2025) del sociólogo y escritor italiano Giuliano da Empoli, al que citó para afirmar que los ataques a la institucionalidad ya no provienen de actores al margen del Estado, sino de quienes lo controlan. A partir de esa idea, escribió que “Colombia es hoy un caso evidente” de esta teoría, tras las posturas de Petro y Cepeda.

En su publicación, el exfiscal afirmó que, tras la elección de De la Espriella, el primer mandatario y el congresista oficialista habrían tomado la decisión de “asediar y horadar las instituciones colombianas”. También calificó como “inadmisible” la negativa del mandatario y de “su principal escudero político” a reconocer el triunfo del presidente electo, pese a la legitimidad de los comicios.

Así pues, Barbosa indicó que uno de sus argumentos es la certificación de los comicios por parte de las autoridades encargadas de tal fin, al recordar que la legitimidad del mandatario entrante la acredita el Consejo Nacional Electoral (CNE) como validador del escrutinio y sostuvo que desconocer esa decisión desde la presidencia constituiría un desafío sin precedentes a la institucionalidad democrática.

Barbosa: impedir la posesión podría configurar una “ruptura constitucional”

En su escrito, a 25 días del inicio del nuevo Gobierno, el exfiscal describió una serie de escenarios que, a su juicio, elevarían la crisis a un punto de quiebre institucional. Mencionó la posibilidad de que el presidente saliente use el poder del Estado para impedir la posesión del nuevo mandatario pese a que la elección esté en firme, o que ordene a las Fuerzas Militares o a la Policía desconocer al sucesor.

En ese orden de ideas, también incluyó entre esos supuestos el desconocimiento de una certificación electoral definitiva sin base legal y la paralización por vías de hecho de las autoridades encargadas de garantizar la transición del poder. De comprobarse una conducta de esa naturaleza, podría configurarse una ruptura del orden constitucional”, expresó el también exprecandidato presidencial en su concepto.

Barbosa agregó que, en la ciencia política y en el derecho constitucional comparado, un hecho de ese tipo “suele calificarse como un golpe de Estado o un autogolpe”. Y aclaró, de todos modos, que la denominación jurídica final dependería de los hechos que se acrediten y de las decisiones de las autoridades competentes, en un escenario cada vez más álgido para la transición del poder.

La columna escrita por el abogado, en su momento cercano al expresidente Iván Duque, también analizó las implicaciones penales que tendría la postura de Petro y Cepeda. Barbosa planteó que una actuación de esa naturaleza podría dar lugar al examen de conductas como la instigación a delinquir prevista en el artículo 348 del Código Penal, cuando exista una incitación pública y directa a cometer delitos.

Con esto, el exfiscal añadió que podrían considerarse otras responsabilidades de tipo jurídico si se promueven actos de violencia, ataques contra las autoridades o intentos de impedir por vías de hecho el funcionamiento de las instituciones del Estado. En esa misma línea, el exfuncionario incluyó la posibilidad de inducir a terceros a cometer conductas punibles, a través de la “desobediencia civil”.

Y reveló su tesis jurídica que resumiría este caso: si desde el poder se desconoce una elección certificada y se obstruye la transición, el hecho podría dejar de ser una disputa partidaria para convertirse en una “ruptura del orden constitucional”, que derivaría en una crisis de legitimidad del sistema democrático y, en consecuencia, la eventual revisión penal de los que impulsen esa conducta.

La “resistencia civil pacífica”, según Barbosa, puede alterar la tranquilidad pública

En otro tramo del texto publicado en el citado medio, el exfiscal cuestionó el llamado hecho por ambos líderes de izquierda a protagonizar una “resistencia civil pacífica” en un país marcado por la violencia y la polarización. Para Barbosa, es claro que ese llamado puede resultar irresponsable y alterar la tranquilidad pública en el territorio nacional, que se alista para una nueva etapa en su democracia.

Barbosa afirmó además que ningún temor personal, incluida una eventual judicialización internacional del presidente saliente, justificaría el desconocimiento de la voluntad popular. “En una democracia, las diferencias políticas se resuelven exclusivamente por los canales constitucionales y legales”, escribió el exfiscal, que hizo además algunas precisiones basadas en la Carta Magna de los colombianos.

Para el exfiscal, la Constitución no fue concebida para proteger a los gobernantes, sino para asegurar que el poder tenga límites y que la voluntad popular prevalezca sobre cualquier interés. “Ningún presidente puede arrogarse la facultad de decidir quién gobierna Colombia después de él”, afirmó Barbosa, que añadió que “los depredadores de las democracias del siglo XXI ya no llegan desde la periferia, sino desde el poder”.