Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Dirección de Protección de la Policía Nacional notificar, en un plazo máximo de 10 días, los resultados del estudio de nivel de riesgo del coronel en retiro Jorge Alexander Mora, cuya labor estuvo relacionada con investigaciones de alto impacto como los casos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Odebrecht, el presunto desvío de recursos durante la pandemia y el denominado caso de “Papá Pitufo”.
La decisión fue adoptada al resolver la impugnación presentada contra un fallo de tutela de primera instancia y obliga a la institución a definir de fondo la situación del oficial retirado. Según la providencia, Mora se desempeñó entre 2019 y 2025 como jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la Dijín, periodo durante el cual dirigió investigaciones consideradas de alto impacto por las autoridades.
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Debido a esas funciones, la Policía le había reconocido un nivel de riesgo extraordinario y, en consecuencia, contaba con un esquema de protección. No obstante, el oficial retirado manifestó que la Policía Nacional desmontó esas medidas por una causal de carácter administrativo, sin que previamente se hubiera realizado una nueva evaluación técnica que concluyera que el riesgo había disminuido o dejado de existir.

La decisión judicial también recoge que Mora regresó al país luego de desempeñar un cargo en el exterior para someterse al estudio de riesgo requerido por la institución. De acuerdo con su versión, cumplió con todos los procedimientos exigidos por la Policía, pero el resultado de la evaluación no fue comunicado oportunamente.
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El exoficial sostiene que, mientras esperaba una respuesta oficial, persistieron las amenazas en su contra y las de su familia, circunstancia que los llevó a salir nuevamente de Colombia.
Con el fallo de segunda instancia, la Dirección de Protección de la Policía Nacional deberá informar, dentro de los 10 días siguientes, el resultado del estudio de nivel de riesgo, documento que servirá de fundamento para establecer si procede restablecer o reforzar el esquema de seguridad del coronel en retiro.
Mora denunció otras actuaciones en su contra

El caso tomó aún más relevancia luego de que el coronel (r) también denunciara que fue retirado de la maestría que cursaba en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, después de que el Gobierno colombiano retirara su nominación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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De acuerdo con una comunicación oficial del centro académico, la decisión obedeció a que “la asistencia al CID requiere la continuidad de la nominación por parte de un gobierno miembro de la OEA”, condición que dejó de cumplirse tras la actuación del Estado colombiano.
En declaraciones concedidas a Infobae Colombia, Mora afirmó que esa decisión hacía parte de una serie de actuaciones dirigidas en su contra. “La persecución no solamente es en Colombia, ni siquiera con mi retiro, es a nivel internacional (...) No me quieren dejar terminar la maestría y eso ya me parece un abuso de poder”, afirmó.
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Tras su retiro de la Policía Nacional mediante el Decreto 0068 de 2026, con el que el Gobierno dio por terminada su comisión en Estados Unidos y ordenó su regreso al país, Mora acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), entidad que inició un proceso de revisión urgente frente al riesgo denunciado.

Sin embargo, el oficial retirado sostuvo que habrían existido actuaciones en su contra, incluso, ante organismos internacionales. “Las interferencias que están haciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin que no me den medidas cautelares es otro tema totalmente grave”, manifestó.
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El exoficial ha sostenido que quedó en una situación de vulnerabilidad debido a las investigaciones que encabezó sobre presuntos hechos de corrupción, entre ellas las relacionadas con la Ungrd, mientras que su defensa ha advertido que el retiro del esquema de protección incrementó el riesgo, una preocupación que también fue respaldada por la Procuraduría General de la Nación al solicitar explicaciones a la Policía Nacional sobre el desmonte de las medidas de seguridad.
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