Contraloría indaga presunto detrimento de $108.585 millones por contratista de Hidroituango

La Contraloría Distrital de Medellín abrió una indagación preliminar para establecer si la selección de un nuevo contratista para las obras finales de Hidroituango generó un presunto detrimento patrimonial de 108.585 millones de pesos a Empresas Públicas de Medellín, EPM. La revisión se concentra en la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8 del megaproyecto.

El proceso había comenzado a finales de febrero como una actuación especial de fiscalización de la Contraloría General de Antioquia, motivada por el cambio de contratistas para culminar la central hidroeléctrica. Sin embargo, un hallazgo incidental llevó a establecer que la entidad presuntamente afectada no sería la Sociedad Hidroituango, como se consideró inicialmente, sino EPM, por lo que el expediente pasó a la Contraloría de Medellín.

En diálogo con Blu Radio, la contralora distrital Paula Ortega explicó que la posible afectación no surgió porque se hubiera aumentado directamente el valor contractual, sino porque la administración seleccionó una propuesta que superaba el presupuesto oficial establecido por la empresa de servicios públicos.

“El nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial”, indicó Ortega al confirmar la apertura de la indagación dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

Revisarán quiénes tomaron la decisión

La actuación buscará determinar quiénes participaron en la selección del contratista, qué criterios fueron utilizados y cómo se desarrolló el proceso que terminó con la escogencia de la alternativa más costosa. Esos elementos permitirán establecer si existen funcionarios, exfuncionarios o particulares que deban ser vinculados formalmente a una investigación fiscal.

La Contraloría deberá revisar documentos contractuales, estudios previos, evaluaciones de las propuestas y las decisiones administrativas adoptadas durante el gobierno del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero. Por ahora, la apertura de la indagación no implica que exista una decisión definitiva sobre responsabilidades individuales.

El organismo de control también deberá precisar la cuantía del eventual daño y comprobar si la diferencia entre la propuesta elegida y el presupuesto de EPM produjo realmente una afectación a los recursos públicos. La cifra preliminar supera los 100.000 millones de pesos, pero deberá ser sustentada durante las distintas etapas del proceso.

En su momento, la gerencia de EPM y la Alcaldía de Medellín defendieron el cambio de contratistas. La administración argumentó que era necesario apartar a las empresas señaladas en procesos judiciales relacionados con la contingencia registrada en Hidroituango durante 2018 y contratar nuevos ejecutores que permitieran terminar las obras bajo otras condiciones.

Cambio de contratistas generó cuestionamientos

La explicación fue cuestionada por sectores políticos, gremiales y expertos, quienes advirtieron sobre los mecanismos utilizados para la nueva contratación. También plantearon dudas frente a la salida de compañías que conocían en detalle el desarrollo técnico de la hidroeléctrica y el posible impacto de esa decisión en el cronograma de entrada en operación.

Las unidades 5, 6, 7 y 8 corresponden a la fase final del proyecto y resultan fundamentales para completar su capacidad de generación. Por esa razón, los cuestionamientos no se concentran únicamente en el costo de la propuesta seleccionada, sino también en los tiempos de ejecución y en las condiciones técnicas bajo las cuales se finalizará la obra.

La Contraloría de Medellín tendrá ahora que reconstruir el proceso y establecer si la decisión respondió a criterios técnicos, jurídicos y financieros suficientes o si, por el contrario, produjo un daño al patrimonio de EPM.

De acuerdo con lo explicado por el organismo, los procesos de responsabilidad fiscal cuentan con varias etapas y pueden extenderse durante un periodo considerable. La entidad tendría un plazo aproximado de dos años para avanzar en la indagación, por lo que una decisión de fondo podría conocerse hacia 2028.

Mientras se recopilan y analizan las pruebas, el caso seguirá en una fase preliminar. El resultado deberá establecer si el presunto detrimento de 108.585 millones de pesos se confirma, quiénes intervinieron en la contratación y si existen responsables fiscales por la selección de la propuesta para culminar las últimas cuatro unidades de Hidroituango.