
La operación de varias de las principales hidroeléctricas del país podría enfrentar dificultades en los próximos días. Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió sobre el riesgo de posibles bloqueos en zonas del Norte y Nordeste de Antioquia, una situación que, de concretarse, tendría implicaciones para el suministro de energía a nivel nacional.
La compañía explicó que recibió reportes provenientes de diferentes fuentes sobre eventuales acciones que impedirían el acceso a algunas de sus centrales de generación. Ante ese panorama, informó que ya activó los canales de comunicación con las autoridades para prevenir afectaciones sobre una infraestructura considerada estratégica para el sistema eléctrico colombiano.
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La preocupación de la empresa se centra en garantizar la continuidad del servicio en un momento en el que el sistema energético enfrenta mayores exigencias debido a los bajos aportes hídricos asociados al fenómeno de El Niño. En ese contexto, mantener en funcionamiento las plantas de generación resulta fundamental para respaldar el abastecimiento de energía en el país.
Las instalaciones que podrían verse comprometidas son las centrales hidroeléctricas Porce II, con una capacidad instalada de 405 megavatios (MW); Porce III, con 700 MW; Guadalupe III, con 270 MW; Guadalupe IV, con 202 MW, y Troneras, con 40 MW. En conjunto, estas cinco plantas alcanzan una capacidad de generación de 1.617 MW de energía hidráulica, limpia y renovable.
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De acuerdo con EPM, esa capacidad representa cerca del 16% de la demanda energética nacional, lo que convierte a estas centrales en una infraestructura clave para la estabilidad del sistema eléctrico. La importancia de estas instalaciones fue ratificada recientemente por el Ministerio de Minas y Energía mediante una comunicación enviada el pasado 30 de junio. En ese documento, el Ministerio reiteró la necesidad de mantener una coordinación permanente entre la empresa y las entidades del Estado para proteger la infraestructura eléctrica del país, al tratarse de un servicio público esencial para millones de colombianos.

Además del riesgo por los posibles bloqueos, EPM manifestó su preocupación por las actividades de minería no autorizada que se desarrollan en algunos de sus predios y en las zonas de influencia de las centrales ubicadas en el Norte y Nordeste antioqueño. Según la empresa, estas prácticas representan un riesgo adicional para la operación segura y continua de las plantas de generación.
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La compañía señaló que dichas actividades provocaron modificaciones hidráulicas en el cauce del río Porce, generando impactos sobre distintos componentes de la infraestructura crítica. Entre los elementos afectados mencionó las vías de acceso, las presas, las casas de máquinas, los túneles destinados a la conducción del agua y las estaciones encargadas de medir los niveles del río.
Estas condiciones, agregó EPM, incrementan la posibilidad de que se presenten movimientos en masa y otros eventos que podrían poner en riesgo tanto al personal operativo de las centrales como a las comunidades cercanas e, incluso, a las personas que desarrollan actividades mineras en esas áreas. Si los bloqueos llegan a materializarse, la empresa advierte que el desplazamiento del personal encargado de operar las hidroeléctricas podría verse restringido, dificultando las labores necesarias para garantizar el funcionamiento continuo de las plantas.
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Ese escenario adquiere especial relevancia por la presión que actualmente enfrenta el sistema energético nacional. La reducción en los aportes de agua ocasionada por el fenómeno de El Niño incrementó la necesidad de mantener disponible toda la infraestructura de generación eléctrica, especialmente aquella basada en fuentes hidráulicas, que continúa siendo uno de los principales soportes de la matriz energética del país.
Frente a esta situación, EPM informó que ya puso en conocimiento de las autoridades locales, departamentales y nacionales los riesgos identificados. El objetivo es que se adopten medidas preventivas que permitan proteger las centrales hidroeléctricas, preservar la seguridad del personal y garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el funcionamiento de hogares, industrias, comercios y demás actividades económicas en Colombia.
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