Gobierno de Abelardo de La Espriella anunció golpe para los colombianos en el precio de los combustibles: “Llegó el momento del guayabo”

El gobierno electo de Abelardo de La Espriella prepara una marcha atrás en el esquema para fijar los precios de la gasolina y el Acpm, con la intención de devolver al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) su función original de amortiguar variaciones internacionales y no de sostener subsidios que, según el equipo entrante, profundizaron un desequilibrio en las finanzas públicas.

Esa discusión llega cuando el pasivo del mecanismo sigue abierto: el gobierno de Gustavo Petro pagó $1,02 billones en julio de 2026 al Grupo Ecopetrol por la deuda del fondo y, de acuerdo con cuentas de la petrolera, todavía quedan $2,5 billones pendientes.

El ministro de Hacienda designado Miguel Gómez Martínez anticipó que la nueva administración revisará programas, impuestos y otras partidas del Estado bajo una lógica de ajuste.

“Tuvimos una parranda de cuatro años y llegó el momento del guayabo”, dijo el economista en entrevista con Red+ Noticias.

Gómez sostuvo que el recorte no debe empezar por los ciudadanos, sino por el propio aparato público. “El Estado primero debe apretarse el cinturón. Y luego tendremos las otras medidas de ajuste que van a ser necesarias. El Estado tiene que dar la línea, demostrando la austeridad”.

La decisión central sobre combustibles, según explicó el futuro ministro, es “volver al modelo inicial” del Fepc. La ley define ese fondo como un mecanismo para estabilizar el precio de los combustibles frente a las variaciones del mercado internacional.

En la práctica, el instrumento usa recursos públicos para amortiguar el impacto de los incrementos del petróleo y sus derivados sobre los conductores. Cuando los precios internacionales bajan, el fondo acumula recursos para utilizarlos en una nueva fase de presión alcista.

El problema, según la explicación del propio Gómez, es que el mecanismo dejó de operar con esa lógica de compensación parcial y pasó a funcionar como un subsidio.

Así mismo, en entrevista con El Tiempo, el futuro ministro afirmó: “El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es un mecanismo inteligente para amortiguar las oscilaciones del precio del petróleo”.

En esa misma conversación, añadió que la idea original era “compensar una parte” del precio de la gasolina y el Acpm. También advirtió que “ya no se utiliza como un mecanismo de estabilización, sino para subsidiar, por lo que hoy estamos teniendo un desequilibrio”.

El ministro designado Miguel Gómez buscará rediseñar el fondo para que vuelva a ahorrar en épocas de alivio y a cubrir solo una parte de los aumentos, en lugar de sostener precios artificialmente bajos con deuda. El ministro designado no dio detalles adicionales sobre cómo se traducirá ese cambio en la fórmula de cálculo.

En el corto plazo no habrá modificaciones. El ministro de Hacienda del gobierno saliente, Germán Ávila, aseguró que los precios de la gasolina y el diésel no subirán en julio de 2026 y se mantendrán en los niveles vigentes desde mayo.

A comienzos de 2026, el Ministerio de Minas y Energía defendió la estrategia aplicada por la administración de Gustavo Petro sobre el fondo.

“Luego de años en los que el déficit del Fondo se utilizó para aparentar precios bajos a costa de una deuda creciente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión responsable de ordenar las finanzas públicas, pagar lo adeudado y cerrar la puerta a la generación de nueva deuda”, sostuvo esa cartera.

La revisión del esquema de combustibles aparece acompañada por otra línea de ajuste: la eventual reducción de contratos en el Estado. En enero, la Contraloría publicó un informe que registró 523.000 contratos de corto plazo, los llamados de prestación de servicios, por unos $33 billones.

Sin embargo, Gómez dijo que esa cifra no está desagregada y que por eso no es posible saber con precisión qué funciones cumplen esos contratistas.

Señaló que, aunque el Estado necesita de forma permanente personas que no integran la nómina, existen indicios de que antes de la ley de garantías se firmaron decenas de miles de contratos para estimular participación en elecciones.

La revisión, explicó, buscará distinguir entre necesidades reales de funcionamiento y cuotas políticas. “Al llegar revisaremos cuáles de ellas necesita el Estado y cuáles fueron cuotas políticas, por lo que ahí seguramente habría recortes. El Estado no puede vivir con un tren de funcionamiento de estas proporciones”.