Superintendencia de Sociedades multó a Chevyplan por no entregar información en una inspección

La Superintendencia de Sociedades multó a Chevyplan con $17.509.050 por no entregar información requerida durante una actuación de inspección originada en quejas de usuarios de planes de autofinanciamiento comercial, y además le ordenó remitir los datos pendientes dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución sancionatoria.

La sanción equivale a 1.445,83 UVB. La entidad concluyó que la compañía fue renuente a suministrar información en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

El proceso comenzó por diversas peticiones y reclamos presentados por suscriptores de esos planes. Como parte del trámite, la autoridad trasladó los casos a la empresa para que ejerciera su derecho de defensa y expusiera su versión sobre los hechos denunciados.

Según la Superintendencia de Sociedades, la compañía no respondió los requerimientos formulados ni atendió los controles posteriores realizados para verificar el cumplimiento de los plazos.

La actuación administrativa se abrió después de que la entidad recibiera múltiples solicitudes de usuarios vinculados a los planes administrados por Chevyplan S.A.. En ese contexto, pidió información para esclarecer los hechos reportados por los suscriptores.

La respuesta no llegó dentro de los términos fijados, y ese incumplimiento derivó en el proceso sancionatorio. La autoridad sostuvo que esa conducta encaja en el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé sanciones por negarse o mostrarse renuente a entregar información solicitada por una autoridad administrativa.

Durante el trámite, la empresa explicó que la falta de respuesta obedeció a dificultades técnicas en sus sistemas de correo electrónico. La entidad verificó que las comunicaciones oficiales fueron enviadas correctamente a los canales registrados por la sociedad.

La resolución indicó que las contingencias internas de carácter tecnológico no eximen a los sujetos vigilados del cumplimiento de sus obligaciones legales. Aun así, esas explicaciones fueron valoradas como una circunstancia atenuante al momento de fijar el monto de la multa.

Además del pago de la sanción, la Superintendencia ordenó a la firma remitir toda la información solicitada en los requerimientos pendientes. El plazo correrá desde la ejecutoria de la resolución sancionatoria.

La entidad reiteró que el suministro oportuno, completo y veraz de la información requerida es una obligación legal de todas las empresas sometidas a su supervisión.

También señaló que ese deber es una condición para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control en beneficio de los usuarios y del interés general.

Superintendencia de Sociedades registra una caída de 13% en las solicitudes de insolvencia

La Superintendencia de Sociedades tiene en marcha 1.150 procesos de reorganización empresarial en Colombia y reportó una caída cercana a 13% en las solicitudes de admisión a insolvencia frente al mismo periodo del año, un movimiento que la entidad lee junto con señales de confianza inversionista y con un tejido empresarial cuya escala quedó reflejada en el informe de las 10.000 compañías más grandes de 2025.

Según la entidad, en los últimos años el universo de sociedades vinculadas a procedimientos de insolvencia se ha ubicado entre 4.000 y 5.000 empresas. Dentro de ese conjunto, 3.109 compañías tienen acuerdos en ejecución y cerca de 1.500 avanzan hacia una liquidación.

Rodrigo Riaño, superintendente delegado de asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, explicó en una entrevista con La República que la reducción en solicitudes abarca tanto los procesos de reorganización como los procedimientos de liquidación. La lectura oficial es que este año el número de admisiones pedidas por las empresas es menor al registrado en el mismo tramo del calendario anterior.

El funcionario precisó que la reorganización opera como una ruta de salvamento empresarial. Indicó que 73% de los casos resulta efectivo para preservar el tejido productivo y que, por regla general, una empresa que entra a ese camino termina recuperándose.

Riaño sostuvo que uno de los principales retos sigue concentrado en las pequeñas y medianas empresas. Señaló que muchas de esas compañías “morían en silencio” porque no conocían la norma que les permitía acogerse a la ley de reorganización.