Las empresas colombianas revelaron la acción legal que se debe resolver para evitar un apagón durante el fenómeno de El Niño

La presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN), Natalia Gutiérrez, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita una decisión sobre una acción popular que ayudaría a evitar el apagón energético en el que podría verse involucrado el país. Según ella, la medida podría contribuir a mitigar la presión financiera sobre el mercado eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.

Sostuvo que la intervención del tribunal es relevante para atender la situación actual del sector eléctrico y reducir los riesgos asociados. Vinculó esa urgencia con las deudas del sector, la situación de Air-e y la necesidad de contar con plantas térmicas disponibles ante un nuevo episodio del fenómeno de El Niño.

La dirigente hizo el pronunciamiento en un hilo en X, en un momento en que el sector enfrenta presiones financieras y el país se prepara para un nuevo episodio del fenómeno de El Niño. “El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene hoy en sus manos una decisión que puede ayudar a evitar que Colombia se apague”, escribió. Sostuvo que “el riesgo sistémico del sector eléctrico ya no es una hipótesis sino una realidad cada vez más apremiante”. El llamado quedó planteado como una advertencia sobre la confiabilidad del sistema y la continuidad del servicio.

Qué pide la acción popular al sector energético

El proceso al que aludió corresponde a una acción popular presentada por Rafael Rincón Ordóñez y Santiago Vernaza Civetta contra la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

Los accionantes sostienen que actuaciones y omisiones de esas entidades amenazan derechos colectivos relacionados con el acceso a los servicios públicos, la prestación eficiente del servicio de energía, la moralidad administrativa, la libre competencia económica, el manejo de los recursos naturales y el derecho a un ambiente sano.

De acuerdo con el documento radicado ante el Tribunal, las entidades demandadas deben adoptar medidas dentro de sus competencias para evitar la vulneración de esos derechos. Los demandantes afirman que la planeación energética vigente se elaboró con supuestos que dejaron de cumplirse, porque la demanda de energía creció por encima de lo previsto y varios proyectos de generación y transmisión presentan retrasos.

En la reforma posterior de la demanda, los abogados reiteraron que esa combinación, junto con diversas decisiones regulatorias, configura un riesgo para el abastecimiento. “La demanda de energía ha crecido a ritmos superiores a los previstos, mientras que la oferta —tanto de activos de generación como de transmisión de energía— ha crecido a ritmos sustancialmente inferiores a los previstos”, apuntó.

La misma reforma añade que “el suministro de energía en el país está en riesgo en el corto, en el mediano y en el largo plazo”. Los accionantes sostienen que esa situación exige actualizar la planeación energética y remover obstáculos para la entrada en operación de nuevos proyectos.

Dentro de las pretensiones del proceso figura que el Tribunal declare la vulneración de los derechos colectivos invocados y ordene medidas para protegerlos. Los demandantes piden:

• Completar la integración de la Creg.
• Pagar subsidios adeudados a los agentes del mercado eléctrico.
• Presupuestar adecuadamente las obligaciones del sector.
• Actualizar la planeación energética nacional.
• Facilitar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión.
• Conformar una mesa de concertación con los actores de la cadena eléctrica.
• Un plan de acción para atender las consecuencias derivadas de las presuntas omisiones señaladas en la demanda.
• Medidas específicas relacionadas con Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, así como el cumplimiento de los mecanismos de aseguramiento del mercado eléctrico.
• Decisiones para evitar riesgos sistémicos dentro del sector.

La deuda de Air-e y el riesgo para las plantas térmicas

Para Gutiérrez, ese proceso también permitiría fortalecer financieramente el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, mecanismo que respalda empresas intervenidas por el Estado. La dirigente recordó además que la acción popular ha sido coadyuvada por varios actores del sector.

“Este proceso busca evitar que los problemas financieros del sector eléctrico terminen afectando la prestación del servicio a millones de usuarios”, afirmó. Añadió que permitiría tomar medidas para asegurar que el Fondo Empresarial cuente con los recursos necesarios para atender situaciones críticas.

La presidenta del Consejo Gremial Nacional también situó la discusión en un marco temporal definido. “Esta discusión comenzó en 2024. El tiempo para actuar se está agotando”, señaló. Gutiérrez relacionó el caso con el escenario climático previsto para los próximos meses. Recordó que el fenómeno de El Niño ya fue declarado y, de acuerdo con el Ideam, puede ser “fuerte, muy fuerte y de duración prolongada”.

Sostuvo que, en un sistema con balances estrechos y sin suficiente energía firme nueva, el país necesita que todo su parque de respaldo esté disponible. En esa lista incluyó a las plantas de generación térmica. Así las cosas, ubicó el principal riesgo operativo asociado a Air-e. “Hoy Air-e acumula deudas cercanas a $2,3 billones con el sector, buena parte de ellas con generadores térmicos”, advirtió.

Gutiérrez agregó que, si esas obligaciones no se pagan, las térmicas no tendrán caja para comprar gas, carbón y combustibles líquidos, ni para cubrir los demás costos de operación. Según su advertencia, esa falta de liquidez puede comprometer la disponibilidad de generación térmica en un periodo de mayor exigencia para el sistema.

Resumió esa relación con una advertencia directa. “Si las plantas de generación térmica no tienen caja no van a poder entregar energía y si ello ocurre se apaga Colombia”, apuntó. Añadió que no se trata de una decisión empresarial voluntaria. Según explicó, ninguna planta puede generar sin combustible, sin liquidez y sin un mercado en el que la energía que se consume se pague.

El pedido de recursos al Fondo Empresarial

Gutiérrez pidió que el Ministerio de Hacienda gire recursos al Fondo Empresarial para respaldar las obligaciones de la empresa intervenida y contener el crecimiento de la cartera. Recordó que ese fondo fue clave en intervenciones anteriores, como la de Electricaribe.

“Se necesita de manera urgente que el Fondo Empresarial, fondo que fue clave en intervenciones anteriores, como la de Electricaribe, cuente con recursos que debe girar el Ministerio de Hacienda”, sostuvo.

Según ella, si el Tribunal ordena dotarlo de recursos, ese mecanismo podrá apalancar el pago de obligaciones vencidas a favor de las generadoras térmicas y evitar su parálisis.