Marta Lucía Ramírez criticó al Gobierno Petro por la crisis en seguridad y advirtió sobre el próximo presidente: “Los criminales tienen recursos ilimitados”

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro deja una seguridad “muy deteriorada” en Colombia y planteó que la respuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, debe combinar control territorial, inteligencia estatal y cooperación internacional para frenar un crimen organizado que, según advirtió, ya opera con alcance transnacional.

En su diálogo con Semana, Ramírez ubicó el punto más alarmante en la expansión de la violencia durante el año en curso. “En lo corrido de este año, apenas cinco meses, ya más, casi 200 masacres”, afirmó, al describir un escenario en el que también “está desbordada la extorsión” y vuelven a crecer los secuestros.

La exvicepresidenta vinculó ese deterioro con una pérdida concreta de libertad cotidiana. Además, señaló que la inseguridad no solo golpea las zonas rurales, sino también las calles de las ciudades, y que el miedo termina por restringir la vida diaria de los ciudadanos y afectar la democracia.

Ramírez habló también de una reorganización del papel de la fuerza pública. Propuso que la seguridad privada asuma tareas en edificios residenciales, oficinas, estadios y centros comerciales, para que militares y policías concentren sus capacidades en combatir el multicrimen y las finanzas del crimen organizado.

Ramírez describió un crimen transnacional con más recursos y más velocidad que el Estado

La exfuncionaria afirmó que el problema más grave no es solo el aumento de los delitos visibles, sino la ventaja operativa que ganó el crimen organizado.

“Ellos tienen hoy toda la facilidad financiera para tener tecnología, para dedicarse al cibercrimen”, y agregó que los grupos ilegales “La ciberseguridad es un tema fundamental para todo el futuro de la seguridad de Colombia, y en eso, pues ellos no tienen ni que hacer ley ochenta para las licitaciones, ni para las compras, ni para nada, sino los criminales tienen recursos ilimitados y facilidad para contratar”.

Esa asimetría, según explicó, obliga a reforzar con más medios a las fuerzas militares y a la policía, y a ampliar la cooperación con otros países. También pidió apoyo internacional en los puertos desde donde salen insumos que, de acuerdo con su descripción, sirven para el procesamiento de drogas, el tráfico de armas y el contrabando.

Marta Lucía Ramírez dijo que Colombia enfrenta una seguridad deteriorada y que esa situación favorece a redes criminales con capacidad financiera y tecnológica superior a la del Estado. Su planteo central fue que el próximo gobierno deberá recuperar control institucional, inteligencia y respaldo externo para evitar que esa ventaja se consolide.

El Catatumbo y el suroccidente quedaron señalados como prioridades del gobierno entrante

Al enumerar recomendaciones para Abelardo de la Espriella, la exvicepresidenta Ramírez ubicó la primera urgencia en el territorio. “Cuanto antes, hay que lograr control institucional en el territorio y especialmente en los territorios más vulnerables, que hoy son el Catatumbo y el sur occidente colombiano”, señaló.

Ese control, aclaró, no se limita a despliegue de fuerza. Incluye presencia estatal con maestros, puestos de salud, infraestructura, empleo y oportunidades de desarrollo para las poblaciones de esas regiones.

En esa misma línea, la exvicepresidente planteó un programa de sustitución de 300 mil hectáreas apoyado por inversión nacional, extranjera y sector privado. Su propuesta es que esa estrategia derive en el desarrollo de agroindustria y permita sembrar por lo menos dos millones de hectáreas en productos como palma, cacao, coco, café, frutales, hortalizas y proteína animal.

La segunda recomendación de Ramírez fue reconstruir la capacidad de inteligencia del Estado. “Hay que recuperar la inteligencia del Estado, que está totalmente afectada con este gobierno”, afirmó al detallar el paquete de medidas que, a su juicio, debería adoptar la nueva administración.

La exvicepresidente sumó a ese diagnóstico la necesidad de atacar las finanzas de las economías ilegales y de modernizar con tecnología a la fuerza pública. También reclamó “seguridad jurídica” para la estrategia de defensa nacional y seguridad ciudadana, con una ley que proteja a militares y policías en materias como el derecho operacional y el uso legítimo de la fuerza del Estado.

En el cierre de sus recomendaciones, volvió sobre un eje que presentó como transversal. Pidió “cooperación internacional, cooperación internacional y más cooperación internacional” para mejorar la coordinación interinstitucional, recuperar los comandos conjuntos y restablecer capacidades que, según indicó, antes se apoyaban en el trabajo con Estados Unidos, Reino Unido, Israel y otros países.