Exministra de Justicia dijo que el proyecto de sometimiento para el Clan del Golfo incluía un aumento de penas y que eso incomodó al Gobierno

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago vinculó su salida del cargo con las diferencias sobre el proyecto de sometimiento a la justicia, una iniciativa que, según explicó a La FM, buscaba imponer sanciones penales a estructuras criminales y que no recibió aval presidencial para llegar al Congreso.

La exfuncionaria sostuvo que esa propuesta se apoyó en la ley 2272 y en una premisa central: usar el derecho penal como vía principal frente a los grupos con los que el Gobierno nacional desarrolló acciones de paz en distintas regiones del país.

También dijo que el texto fue elaborado con soporte técnico y con información recogida en Antioquia, Catatumbo, Cauca, Tolima y Huila.

“Ese proyecto se realizó con base en la necesidad de que se impusieran penas a las personas que habían delinquido, que cada tipo penal se revisara en toda su integridad, porque estos grupos estaban realizando no solamente reclutamiento forzado, trata de personas, delitos de lesa, delitos de guerra y sobre esos supuestos también generaban una serie de controles territoriales que incluso si ustedes recuerdan, yo lo advertí en el Consejo de Ministros, que por orden del presidente de la República se hizo público a Colombia entera”, expresó la exfuncionaria.

Buitrago explicó que el proyecto contemplaba castigos para organizaciones responsables de delitos como reclutamiento forzado y trata de personas.

Su posición, dijo, excluía beneficios amplios para esos responsables: “Esto significó dejar un, un proyecto de más de sesenta páginas en donde se recogía la necesidad de que el derecho penal era la única vía para someter a la justicia, como lo indicaba la Ley 2272, a estos grupos. No puede haber prebendas, no puede haber inmunidades, no puede haber amnistías, ni puede haber perdones cuando estábamos en este contexto”.

La exministra afirmó que defendió un esquema de sanciones con dos componentes: uno de privación de la libertad y otro de reparación. En esa línea, señaló que su propuesta incluía penas “para someter al clan del Golfo”, un punto que, según su relato, causó incomodidad en lo más alto del Gobierno nacional.

“Hubo un comunicado de un alto jefe de las FARC diciendo que yo estaba tratando de torpedear el proceso de paz y los beneficios a los que tenían derecho”, agregó Buitrago.

Añadió que se planteó una alternativa sin penas, pero que ella la rechazó por considerar que contradecía los límites del derecho internacional. En la entrevista, resumió ese criterio en una frase: “No hay posibilidad porque el derecho internacional impide que esta clase de delitos queden sin sanción”.

La exministra también recordó que ya habían existido intentos anteriores de sacar adelante proyectos parecidos y que esos textos fueron archivados en el Congreso por no prever castigos suficientes. Por eso insistió en que el nuevo documento debía conservar una respuesta penal efectiva si pretendía superar ese antecedente.

Buitrago dijo que el proyecto también regulaba la situación de condenados y la extradición. En ese contexto, aseguró que un caso de una persona reclamada por Estados Unidos y Colombia influyó en su decisión de renunciar, después de que se levantara una orden de captura.

Según la exministra, esa situación se cruzó con conversaciones que sostuvo con el presidente sobre la necesidad de definir el futuro de la iniciativa antes de dejar el Ministerio de Justicia. También afirmó que la política de paz dependía directamente del mandatario y que, por esa razón, el proyecto no avanzó sin su aprobación.

En su relato sobre las tensiones internas, mencionó a la senadora Isabel Zuleta en discusiones relacionadas con mesas de diálogo. Sobre ese punto, dijo que la congresista “estaba muy interesada en hablar para unas personas en particular de una mesa que ella manejaba”.

Buitrago agregó que recibió críticas desde distintos sectores durante la discusión de estas ideas. Entre esos episodios, mencionó un comunicado de un grupo armado que la acusó de afectar procesos de paz.

La exministra sostuvo que llevó estas posiciones al Congreso y al Consejo de Ministros. Allí, afirmó, insistió en la necesidad de replantear el enfoque de seguridad y justicia frente a estructuras criminales organizadas.