Colombia oficializó 261.000 hectáreas de coca en 2024 y acordó con la Unodc cambiar la metodología para estimar la producción de cocaína

Dos años después de disputas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cambios en la metodología de medición de cultivos de coca, Colombia hizo oficial la cifra de hectáreas sembradas en 2024.

El país, bajo la política de lucha contra las drogas del Gobierno Petro, cerró 2024 con 261.000 hectáreas de cultivos de coca y, al mismo tiempo, abrió una revisión de fondo sobre cómo mide el potencial de producción de cocaína: el Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) anunciaron una hoja de ruta para ajustar la metodología del indicador de producción de clorhidrato de cocaína, con el argumento de que las transformaciones territoriales y productivas del fenómeno exigen una lectura más precisa.

El dato central del informe presentado este 25 de junio de 2026 es el área sembrada, que registró un aumento de 3,5% frente a 2023. La tensión central no está en un salto del terreno cultivado, que el reporte define como estable, sino en la necesidad de actualizar el instrumento que traduce esa superficie en estimaciones de producción.

El informe mantiene la cifra de cultivos, pero reabre cómo se interpreta la producción

El reporte fue elaborado, según el texto oficial, con base en evidencia científica y bajo los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas. Ese encuadre busca sostener la comparabilidad de la serie y la validez técnica de los datos que se usan para la toma de decisiones.

El mismo documento admite que el fenómeno de las drogas ha cambiado en sus condiciones productivas y territoriales. Esa premisa explica por qué el anuncio principal no se limita a la superficie de coca detectada, sino que se extiende al modo en que se calcula cuánta cocaína puede producirse a partir de ella.

La posición conjunta del Gobierno y la agencia de Naciones Unidas es que la respuesta institucional debe apoyarse en información “rigurosa, transparente y oportuna”. Bajo ese criterio, la actualización permanente de las herramientas de medición pasa a ser parte de la política pública y no solo un asunto estadístico.

La hoja de ruta incorpora nuevos indicadores y un comité científico

El acuerdo anunciado incluye la actualización del indicador de Potencial de Producción de Clorhidrato de Cocaína (PPC) con nueva información. También suma dos variables que no figuraban en la formulación destacada del comunicado: “cocaína disponible” y “cocaína evitada”.

Ese cambio amplía el foco de la medición. Ya no se trata solo de estimar una producción potencial, sino de incorporar indicadores que permitan seguir con más detalle qué volumen podría entrar en circulación y cuál logra ser contenido.

El plan de acción también prevé la creación de un Comité Científico de Seguimiento. La función asignada a esa instancia es fortalecer el rigor técnico del proceso de ajuste metodológico.

Otro punto del acuerdo es la articulación de comunicaciones y canales institucionales. El texto oficial lo presenta como parte del esfuerzo para sostener una producción de información transparente, imparcial y de calidad.

La revisión metodológica busca captar diferencias territoriales y de rendimiento

La justificación técnica de los cambios aparece formulada con precisión en el comunicado: el indicador actual necesita reflejar “con mayor precisión las variaciones en las condiciones productivas y los rendimientos en distintos territorios en el futuro”. La revisión, por lo tanto, no apunta a reemplazar el monitoreo de cultivos, sino a mejorar la traducción de esa base territorial en estimaciones de producción de cocaína.

Ese punto ordena el sentido político del anuncio. El Gobierno y la Unodc sostienen que una mejor medición es clave para la formulación de políticas públicas y para el análisis nacional e internacional del fenómeno de las drogas.

El lanzamiento del informe y la adopción de la nueva hoja de ruta quedaron presentados como una reafirmación del compromiso compartido entre ambas instituciones con datos comparables y con herramientas ajustadas a las dinámicas cambiantes de los territorios.