Revelaciones sobre presuntos acuerdos con el Clan del Golfo desatan ola de críticas contra el Gobierno Petro: “Es un traidor”

La polémica por los presuntos acercamientos entre funcionarios del Gobierno y emisarios del Clan del Golfo escaló tras la divulgación de audios y videos que revelarían conversaciones sobre operaciones militares, inteligencia y eventuales beneficios para esa organización armada.

Las revelaciones generaron una ola de reacciones desde distintos sectores políticos y regionales, especialmente de dirigentes de oposición, quienes cuestionaron la estrategia de paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y denunciaron un supuesto debilitamiento de la Fuerza Pública en favor del fortalecimiento del Clan del Golfo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, quien aseguró que las revelaciones muestran cómo, a su juicio, el Gobierno terminó favoreciendo a grupos criminales. A través de su cuenta en X, el dirigente escribió: “Así le entrega este gobierno a los criminales”, al referirse al contenido de la investigación periodística de Noticias Caracol.

En el mismo sentido, el senador electo Andrés Forero calificó como “muy grave” la investigación y aseguró que desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro la Fuerza Pública fue limitada en sus operaciones contra la organización criminal. “Desde el 2022 el gobierno de Gustavo Petro ató de manos a la fuerza pública y permitió el fortalecimiento del Clan del Golfo”, afirmó el congresista.

También se pronunció el senador Germán Rodríguez, quien advirtió sobre la gravedad de las revelaciones relacionadas con presuntas filtraciones de información de inteligencia.

“Le filtraban coordenadas de nuestros militares a los bandidos y pedían información sobre miembros de la Fuerza Pública que los combatían. Si esto se confirma, estamos ante uno de los hechos más graves contra la seguridad de Colombia en los últimos años”, señaló.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila calificó como “criminal” la supuesta actuación del Gobierno frente a las fuerzas armadas. En su mensaje aseguró que el Gobierno “negoció con los bandidos la inteligencia de la Policía, los bombardeos y la cabeza de los generales más experimentados”, y agregó que se ordenó una “limpieza” dentro de las fuerzas armadas para brindar “tranquilidad” a los narcotraficantes.

Desde las regiones, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que las revelaciones confirman “el nefasto camino por el que Petro llevó al país”.

El mandatario afirmó que “todo lo que denunciamos terminó siendo verdad” y aseguró que durante cuatro años el Gobierno “les dio beneficios y privilegios a los peores delincuentes del país”. Asimismo, pidió que de este caso “salgan investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata”.

Otra de las voces que se sumó al debate fue la del presidente del Concejo de Medellín Alejandro de Bedout, quien aseguró que la investigación demuestra que “no desmontaron la guerra, desmontaron al Ejército para que el Clan del Golfo ganara”. Además, sostuvo que los colombianos castigaron esa política en las urnas.

Por su parte, el periodista Daniel Samper Ospina calificó el caso como “quizás el escándalo más grave del gobierno” y aseguró que el Ejecutivo “hizo todo tipo de concesiones a los del Clan del Golfo”, entre ellas la suspensión de bombardeos, modificaciones en la inteligencia estatal y la salida de altos mandos militares.

El representante a la Cámara Daniel Briceño elevó el tono de las críticas al afirmar que “Petro es un traidor” y “permitir que desde la inteligencia de su gobierno se negociara la cabeza de 35 generales de las Fuerzas Militares solo para beneficiar al Clan del Golfo es traición a Colombia”. Para Briceño, los hechos conocidos constituyen una “traición a la patria”.

La exsenadora María Fernanda Cabal también pidió investigaciones judiciales y sostuvo que “Petro, Danilo Rueda y demás miembros del actual gobierno le deben responder a la justicia”. La congresista afirmó además que tanto el llamado “Pacto de la Picota” como las negociaciones con criminales “se hicieron a espaldas del país y en beneficio de criminales”.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque aseguró que la investigación deja una conclusión clara: “Petro es cómplice del Clan del Golfo”. Según afirmó, el Gobierno habría ofrecido “la cabeza de generales, no bombardear, no extraditar y hasta jugar a los congelados”, lo que, en su opinión, facilitó el crecimiento de la organización criminal.

Finalmente, la exformula vicepresidencial de Rodolfo Hernández Marelen Castillo aseguró que la investigación de Noticias Caracol “revela que el Gobierno concedió muchos beneficios al Clan del Golfo” y sostuvo que la política de paz total deja “cifras difíciles de ignorar”.

Las críticas no provinieron únicamente de sectores políticos nacionales. Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que las revelaciones confirmarían una supuesta connivencia entre sectores del Gobierno y estructuras criminales.

El mandatario aseguró que la política de contemporización con grupos armados ilegales permitió un crecimiento significativo de estas organizaciones en el departamento.

Rendón señaló que el Clan del Golfo habría incrementado su presencia en Antioquia en cerca del 60%, mientras que las disidencias de las Farc registraron un crecimiento aproximado del 70%. Asimismo, advirtió sobre el impacto económico del crimen organizado y sostuvo que las rentas derivadas del narcotráfico en Colombia superarían actualmente los USD 16 mil millones anuales.

El gobernador agregó que solo la minería ilegal estaría generando ingresos cercanos a los USD 6 mil millones para organizaciones criminales en Antioquia, recursos que, según explicó, fortalecen la capacidad militar y territorial de esos grupos.