Cilindros explosivos en Cauca, drones sobre bases militares y la alerta de la Defensoría marcan los tres primeros días del nuevo gobierno

Las primeras horas del gobierno de Abelardo de la Espriella han estado marcadas por una serie de ataques armados que han impactado a comunidades y autoridades en distintas regiones de Colombia.

17 acciones violentas atribuidas a grupos ilegales han dejado claro que, pese a los anuncios de endurecimiento de la seguridad, estas estructuras no han retrocedido en sus actividades.

El inicio de la gestión de De la Espriella coincidió con una ola de violencia en al menos once departamentos, donde disidencias de las Farc y otras organizaciones ilegales ejecutaron ataques contra infraestructuras, miembros de la Fuerza Pública y civiles.

El 7 de agosto, día de la posesión presidencial, se reportaron explosivos en carreteras de Antioquia y Cauca, generando el cierre de vías y el despliegue de unidades especializadas para desactivar los artefactos. En ese mismo periodo, según un recuento de la revista Cambio, se observaron banderas y pasacalles con emblemas de grupos armados en Arauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.

Mientras el país observaba la llegada del nuevo presidente, en Planadas, Tolima, un ataque con drones atribuido al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc alteró la tranquilidad local. La base militar Casa Verde fue blanco de la agresión, lo que llevó a la gobernadora Adriana Magali Matiz a exigir mayor capacidad de respuesta y protección estatal, subrayando que la seguridad del sur del Tolima debía ser una prioridad.

En simultáneo, el departamento de Cauca vio cómo soldados y personal de seguridad de la represa de La Salvajina enfrentaban el lanzamiento de explosivos desde drones, un hecho atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias. Aunque no se registraron heridos, el uso combinado de drones y armas de fuego elevó la preocupación entre las autoridades.

En la capital de Nariño, Pasto, detonaciones cerca de instalaciones policiales llevaron al cierre de vías y la activación de protocolos de seguridad, mientras que en Bogotá, el inspector Wilson Daniel Puentes Ramírez fue herido en un ataque armado cuando llegaba a su residencia. Las agresiones se extendieron hasta Cali y Teruel, donde las instalaciones de la alcaldía y la estación de Policía también sufrieron atentados con drones.

Respuesta estatal y llamados institucionales

El entonces ministro saliente de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez detalló que nueve incidentes violentos fueron reportados solo el 7 de agosto, la mayoría dirigidos contra la fuerza pública. En su opinión, la mayor prioridad de los grupos ilegales es afectar a los militares y policías, por lo que instó a mantener la máxima alerta ante la amenaza.

En la jornada siguiente, las agresiones no cesaron. Un ataque contra la estación de Policía de Guadalupe, Antioquia, fue ejecutado con explosivos transportados en drones, acción atribuida al frente 36 de las disidencias. También se registró la colocación de artefactos explosivos frente a la Base de Antinarcóticos de la Policía Nacional en San José del Guaviare, aunque solo uno de ellos detonó sin causar víctimas.

El sábado 8 de agosto, un peaje en construcción en Mondomo, Cauca, fue destruido con explosivos colocados en una camioneta, dejando dos personas con lesiones leves. El gobernador Octavio Guzmán exhortó al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad en la vía Panamericana.

Durante el 9 de agosto, una operación militar en El Tambo, Cauca, dejó al menos cinco integrantes de las disidencias muertos, aunque los cuerpos fueron retirados del lugar por el propio grupo armado. Los combates se extendieron a Cajibío, obligando a la población a confinarse en sus hogares por temor a los enfrentamientos.

En Tolima, un ataque con dron a la Alcaldía de Rioblanco y disparos en la zona ocasionaron alarma entre los habitantes. La gobernadora Matiz pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública y consideró necesario evaluar un toque de queda para controlar la situación.

Durante los dos primeros días del nuevo gobierno, los ataques armados se dirigieron principalmente a instalaciones de la Fuerza Pública y a infraestructuras en zonas urbanas y rurales, incrementando el riesgo para quienes habitan en zonas de influencia de los grupos armados. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de la violencia y subrayó el peligro que representa el uso de armas no convencionales, como drones, en áreas pobladas, demandando la protección de la población civil y la presencia institucional.