
Una ama de llaves fue enviada a la cárcel en Medellín, tras ser señalada e investigada por cometer cuatro hurtos en viviendas del barrio El Poblado, en la capital antioqueña, con los que se habría apropiado de un monto superior a 1.600 millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la Nación, la procesada, identificada como Lenis María Julio Julio, de 57 años, habría ejecutado los robos entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de 2025, al parecer, en cuatro viviendas diferentes.
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La investigación, liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, determinó que la mujer presuntamente utilizó documentos falsos para conseguir empleo en hogares de altos ingresos. Una vez contratada y tras ganarse la confianza de sus empleadores, aprovechaba su ausencia para sustraer objetos de valor, joyas y dinero en efectivo.
La captura de Julio Julio se realizó el 19 de junio de 2026 en un inmueble del municipio de San Onofre, Sucre, por parte de servidores de la Policía Nacional.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 3.000 dólares norteamericanos, 12.502.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.
En las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a la detenida el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo; pese a esto, la trabajadora doméstica no aceptó los cargos.
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Los elementos materiales probatorios presentados permitieron que un juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento inmediato en centro carcelario en su contra.
Qué hacer si sospecha de hurto por parte de trabajadores domésticos
Ante la sospecha de robo por parte de un trabajador doméstico, expertos en gestión laboral recomiendan a los empleadores cumplir rigurosamente con el debido proceso y documentar todas las evidencias antes de tomar decisiones.
De acuerdo con un artículo de la plataforma Symplifica, que se especializa en asesorías de contratación y administración de personal doméstico, existen varios pasos clave para manejar estos casos en el hogar y evitar complicaciones legales.

El primer paso sugerido es reunir todas las pruebas posibles, desde registros de horarios y reportes de incidentes, hasta cualquier elemento físico que respalde la sospecha. Este tipo de registros, en caso de un proceso judicial, permitirá mantener un registro detallado para garantizar claridad y precisión durante la investigación.
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A continuación, se recomienda dialogar con la asistente del hogar de manera privada y respetuosa, con el fin de exponer las inquietudes y permitir que la trabajadora presente su versión de los hechos. Esta fase resulta fundamental para cumplir con el debido proceso y puede evitar situaciones injustas o decisiones precipitadas.
Si la conversación inicial no resuelve la sospecha, los asesores de la plataforma recomendaron avanzar con una investigación interna, que puede incluir entrevistas a otros empleados si los hay, revisión de grabaciones de seguridad y análisis del entorno laboral.

Si la denuncia escala, se debe realizar un proceso formal de descargos, notificando a la empleada sobre las acusaciones y otorgándole tiempo suficiente para defenderse. El empleador debe presentar todas las pruebas de manera objetiva y cumplir con los plazos establecidos por la legislación laboral.
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Las decisiones deben basarse en los artículos 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece las justas causas de despido en caso de terminación unilateral. Algunas de las razones allí citadas que pueden involucrar conductas delictivas incluyen: “Todo vicio habitual del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento”.
Pero para evitar situaciones bochornosas, los asesores recomiendan a las familias implementar medidas preventivas de seguridad en el hogar, como sistemas de alarma y cámaras de vigilancia, para proteger tanto a la familia como a las empleadas.
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